LAVADO: EL PUZZLE DEL RIESGO

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Las instituciones educativas privadas se consideran de riesgo bajo para ser utilizadas para el lavado de activos. No obstante, el régimen de donaciones especiales abre la puerta a que se pueda dar ese ilícito. ¿Cómo podría darse? ¿Qué cambios se plantean sobre estas instituciones? Estas y otras respuestas en la nota que forma parte del especial “Lavado: el puzzle del riesgo”.

La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comenzó a fines del año pasado a fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que son sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas de lavado. Esas organizaciones, entre las cuales se encuentran las deportivas, sindicales, partidos políticos, religiosas, educativas, deben tener ciertos procedimientos para detectar posibles operaciones sospechosas.

La heterogeneidad de estas instituciones también se encuentra en los riesgos de lavado que presentan. Si bien las educativas presentan menores riesgos que otras ya mencionadas, expertos señalan que aún pueden ser vulnerables de ser utilizadas para “blanquear” activos de orígenes ilegales.

Para ser un sujeto obligado a tener procedimientos de prevención antilavado y reportar operaciones sospechosas basta con que la OSFL supere los 4 millones de unidades indexadas (UI) en ingresos anuales, es decir más de $ 22 millones, o tenga 2,5 millones de UI en activos, es decir más de $ 13 millones.

Según los datos de la Senaclaft a los que accedió El País, son más de 100 sujetos obligados los que corresponden al sector de instituciones educativas, de los cuales los ingresos anuales y activos fueron declarados a fines de 2019.

En este contexto, la organización que mostró más ingresos fue la Sociedad de San Francisco de Sales (la cual integra instituciones como Talleres Don Bosco, Juan XXIII, Maturana, entre otros) con más de $ 1.240 millones al año. A esta le siguieron la Universidad Católica con más de $ 1.163 millones, la Universidad ORT con más de $ 1.093 millones, La Educadora Uruguaya (integra al Seminario y al colegio Monseñor Ricardo Isasa) con más de $ 595 millones y la Universidad de Montevideo con más de $ 530 millones.

En tanto, en relación a los activos declarados, los Salesianos fueron aquellos que declararon más superando los $ 1.288 millones, siguiéndole la ORT con más de $ 1.270 millones, La Educadora Uruguaya con más de $ 1.220 millones, la Sociedad Escolar Alemana (el Colegio y Liceo Alemán) con más de $ 1.200 millones y la Scuola Italiana Di Montevideo con más de $ 929 millones.

Los montos altos de ingresos, en sí mismos, no presentan un riesgo dijo a El País el supervisor de fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, sino que lo relevante se encuentra en los controles de prevención de lavado que se lleven a cabo.

Particularmente, dentro de las OSFL educativas, hay instituciones en las que sus canales de entrada de dinero se basan principalmente en las matrículas y cuotas que pagan los estudiantes, como explicaron desde el Anglo.

En esta institución, que había declarado ingresos anuales que superan los $ 347 millones y activos mayores a $ 322 millones, se señaló que en su caso, por ejemplo, no cuentan con donaciones o financiamientos externos, sino que lo que “generan” es “a través de sus alumnos”, a raíz de las matrículas, cursos, exámenes Cambridge y franquicias. Se agregó que no tienen “ningún tipo de alumno que venga de ninguna geografía extraña que pueda estar sujeta a temas de lavado de activos” y “absolutamente todos” sus ingresos y egresos “pasan por el mercado financiero formal bancario”.

Por otro lado, también están aquellas instituciones de gestión privada pero que se financian con fondos públicos y privados, por ejemplo Los Pinos.

El director de esta institución, Pablo Carriquiry dijo a El País la transparencia es uno de los “valores” a los que apuesta la institución, por lo que sus balances están disponibles en su página web.

Hay diferentes “blindajes” de prevención de lavado, como las auditorías externas y que las operaciones estén canalizadas a través del sistema financiero, en donde el sector educativo se muestra con menores riesgos de ser utilizado para el lavado de activos. De hecho, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak dijo a El País que se está reconsiderando si deben ser sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas.

Sin embargo, hay “grietas” por donde se podría colar el “dinero sucio”. Según expertos en combate al lavado de activos consultados por El País, la clave en estas operaciones ilícitas se encuentra en la “trian gulación”. Por un lado está quien quiere “blanquear” el dinero que proviene de una actividad ilegal, por otro lado la organización (en este caso) a la que ingresa el dinero y por último la vuelta del dinero o de un beneficio para quien está lavando.

Algunos de los riesgos que se presentan en este sector se encuentran en la recepción y el destino del activo, ya que por un lado no se ha regulado en materia de prevención la debida diligencia sobre los proveedores y, por otro lado, se encuentran otros riesgos que la propia normativa vigente facilita, agregaron los expertos.

En este sentido, el régimen de donaciones especiales establece que “deberán depositarse en efectivo, en el Banco de la República Oriental del Uruguay, en una cuenta única y especial, creada a estos efectos, a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”.

El uso de efectivo para realizar estas donaciones, que con el nuevo tope fijado por la Ley de Urgente Consideración puede llegar al millón de UI (es decir más de US$ 100.000) genera mayores riesgos en relación con el origen de los fondos.

Ante una debida diligencia simplificada efectuada por el banco, en donde el donante demuestra tener la capacidad financiera de hacer esta operación, entre otros requerimientos, la donación podría verse “manchada” por el origen de los fondos.

El régimen de donaciones especiales conlleva un beneficio fiscal, con lo cual habría una ganancia para quien estaría “lavando”. A esto se le podría agregar el riesgo de un retorno del dinero donado, indicaron los expertos en combate al lavado.

El abogado especializado en regulación del sistema financiero y prevención de lavado de Brum Costa Abogados, Juan Diana, dijo a El País que “en este caso se requiere que quien realiza la actividad ilícita controle la organización, lo cual nos conduce a una especie de ‘donación ficticia’. Presuponiendo que la maniobra ingresa en la figura de la defraudación tributaria (evasión fiscal), el lavado se genera a partir de la apropiación de fondos que debieran haber ido al fisco por concepto de tributos, posteriormente en ‘posesión, transferencia o conversión (en otros bienes)’ por parte del ejecutante”.

En tanto, la institución beneficiaria de los fondos, que debe haber presentado previamente el destino de los mismos al MEF para que sea aprobado el proyecto y así recibir las donaciones, recibe el dinero a través de la intermediación del ministerio, por lo que el dinero a recibir es “avalado” por este, lo cual deja en un “gris” al sujeto a controlar con los procedimientos antilavado, señalaron las instituciones consultadas.

El País se contactó con el MEF para hacer preguntas sobre este régimen de donaciones especiales, pero el ministerio no respondió.

Según Carriquiry, aspirar a la transparencia “cuesta sangre, sudor y lágrimas”, pero es parte de la “responsabilidad” que tienen sobre ese dinero que no es “suyo”.

En este sentido, señaló que para la prevención de lavado, le ha “insistido mucho” a quienes se encargan de la recaudación de fondos que deben “desconfiar de todo”.

““Si alguien nos quiere donar ¿por qué nos quiere donar? ¿Cuánta plata nos quiere donar? Que las cifras sean menores, nos deja tranquilos a todos. La donación es como si fuera una persona en la que yo tengo que confiar”, sostuvo.

A su vez, ante estas preguntas a realizarse, también encuentran la posibilidad del riesgo de que un donante sea una persona políticamente expuesta, en donde se debe cuidar que en la donación “no haya fines torcidos”.

“Las organizaciones sin fines de lucro no tenemos un departamento de cuidar el lavado, capaz que si estuviese en otro país y fuese 10 veces más grande, lo tendría, pero por los escasos recursos que tenemos, a veces nos duele para llegar a fin de mes”, afirmó.

Por otro lado, al ser consultadas por El País las universidades ORT, Católica y de Montevideo, señalaron que antes de la ley Integral Contra el Lavado de Activos de 2017, que los hace sujetos obligados, ya contaban con procedimientos que colaboran con la prevención de lavado, los cuales ahora adaptan también a esta finalidad.

En este sentido, la ORT señaló que desde 2009 “no entra un peso en efectivo” a la institución, por lo que así cuentan con un primer “blindaje”.

“Esto es como el tema del beber alcohol (antes de manejar), cuando ves si tomás una gota o dos gotas, lo más fácil es no tomar nada. Nosotros decidimos esa política de no aceptar nada“, sostuvieron desde la ORT.

En tanto, el segundo está en que tienen una auditoría “permanente” y “a medida” y el tercero es su “administración sectorizada por oposición de intereses”, en donde cuentan con parámetros de autorización según el valor de las compras a realizar.

“Tenés en un lugar el sector finanzas, en otro el sector administración central, en otro lado la oficina de compras, y tenés una auditoría que revisa todo eso. Tenemos un cuadro de autorización, en donde hasta tantos pesos se puede comprar con la firma de fulano, de tantos pesos en adelante precisás dos firmas y además precisás dos presupuestos, a partir de tantos pesos precisás tres presupuestos pero no hay ningún fulano que lo resuelva, sino que hay un comité que se reúne para aprobar eso, como en una licitación” explicaron.

“Por más que somos una institución privada tenemos normas muy parecidas a las de la administración pública, porque en realidad estamos administrando dineros sobre los que tenemos que rendir cuentas”, afirmaron desde la institución.

En tanto, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo contrataron asesoría externa para la prevención de lavado, trabajaron en un “mapeo de riesgos”, en donde hicieron combinaciones de escenarios hipotéticos, dijeron fuentes de esas instituciones. En una primera instancia vieron más de 500 escenarios posibles, pero luego al filtrarlos ante la posibilidad de los mismos, estos pasaron a ser entre 15 y 20 escenarios de riesgo a los cuales debían cuidar.

La bancarización de sus operaciones y las auditorías externas, también fueron resaltadas como “blindajes”, en donde los principales riesgos a controlar se encuentran en las grandes donaciones y los grandes proveedores. De este modo, sostuvieron que es un “error creer que los riesgos más importantes de la universidad están en el matriculado de los alumnos”, debido a la bancarización de los pagos.

Ante la posibilidad de una adecuación normativa para cada sector, ya que en la actualidad para ser sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas y contar con procedimientos antilavado sólo basta con superar los umbrales de ingresos anuales y activos mencionados anteriormente, las educativas son vistas como instituciones que “se portan bien”.

En una reunión entre miembros de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y la Senaclaft, según relataron desde la ORT, la secretaría les explicó que “esto” no era con ellos, aunque tampoco “están exentos de riesgo”, por lo que les pidieron que no se “pasen para el otro lado”, pero “están en el paquete por constitución jurídica”.

“Sigan portándose bien”, les dijeron.

En tanto, al ser consultada por este eventual cambio normativo, señalaron que no les “molesta” porque saben de sus “compañeros de ruta complicados”, pero al hacer “los deberes”, duermen “muy tranquilos”.

En este sentido, desde la ORT agregaron que “hay instituciones que no les rinden cuentas a nadie. No tienen personería jurídica, no tienen registros contables, no tienen documentación de nada. Entonces, nosotros los que jugamos limpio, cuanto más leyes mejor. Cuanto más auditen, mejor”.

“Sino pasa que los que cumplen las leyes están en desventaja con quienes no las cumplen. Siempre hablando de leyes razonables”, afirmaron.

Por otra parte, desde la Universidad de Montevideo destacaron que “algo tan importante como la regulación es la actitud del fiscalizador”, ya que “las normas siempre son mejorables”.

“En una norma se trata de escribir las cosas de manera general y abstracta y la realidad siempre es más rica”, sostuvieron.

En este sentido, dijeron que no se le debe “pedir todo” a la norma, ya que depende del criterio del fiscalizador, en este caso la Senaclaft, a la hora de ejecutarla.

“Hoy está en el período de maduración con el sujeto obligado. Hoy van de la mano”, afirmaron.

En tanto, destacaron a modo de paralelismo lo sucedido con los escribanos, cuando comenzaron a ser fiscalizados como sujetos obligados. “La secretaría no entró a matar, entró a ver que estaban haciendo y casi todos los resultados se traducían en ‘mejorá esto, mejorá esto otro’”.