Por Rosendo Fraga/Director de Análisis e Investigación en Gorman Lee
Desde 1995, el think tank conservador estadounidense Heritage realiza todos los años su tradicional Índice de Libertad Económica. Se trata de un ranking que mide el nivel de apertura que existe en la mayoría de las economías del mundo.

De acuerdo a la nueva edición de 2024, difundida a finales de febrero, Uruguay obtuvo 69,8 puntos y alcanzó un nivel de libertad económica que lo sitúa entre Estados Unidos e Israel (70,1) y Qatar (68,8). Con este resultado Uruguay se ubicó como el segundo país más libre de América Latina después de Chile y el número 27° del mundo. No obstante, al estar su puntaje general por debajo de los 70 puntos, el país volvió a ser calificado como “moderadamente libre”, una categoría que Uruguay ocupó casi todos los años desde 1995 (las excepciones fueron 2001, 2011, 2022 y 2023).

Este ranking, que ya cumplió las tres décadas, agrupa sus variables en cuatro categorías: Estado de derecho; Tamaño del gobierno; Eficiencia regulatoria; y Apertura hacia los mercados. ¿Qué dice Heritage Foundation de Uruguay en cada una de estas categorías?

Respecto al Estado de derecho uruguayo, el índice de libertad económica señala que es, en general, muy respetado. Esto se debe a que el país se mantiene por encima del promedio mundial en los tres indicadores de la categoría: derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad gubernamental. Los 84,8 puntos por el respeto a los derechos de propiedad obtenidos este año representan el puntaje más alto de Uruguay en cualquier variable de este índice y viene mejorando sostenidamente desde 2021 (68,1). De acuerdo a Heritage Foundation, nunca existió, desde 1995, un respeto por la propiedad privada en Uruguay como el que existe hoy.

La segunda categoría (Tamaño del gobierno) se compone de tres variables. La primera es carga tributaria, donde Uruguay obtuvo 73,8 puntos. Se trata de un componente que refleja las tasas impositivas marginales tanto individuales como corporativas y el nivel general de tributación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque en este indicador se observa una tibia recuperación desde los 72,4 puntos de 2022, en líneas generales la presión tributaria en Uruguay ha venido desmejorando desde 2013 (84,2), pero especialmente desde 2020. Las otras dos variables de esta categoría son gasto de gobierno (71,6) y salud fiscal (75,9). En ambos casos, los puntajes están próximos a ser considerados totalmente libres de acuerdo a la calificación de Heritage (es decir, 80 puntos o más).

La tercera categoría del Índice de Libertad Económica es la Eficiencia regulatoria. Para Heritage Foundation, el entorno regulatorio general de Uruguay está bien institucionalizado y es relativamente eficiente. En este caso, los promedios de las tres variables que se analizan muestran comparaciones divergentes en el ámbito global: por su libertad empresarial (83,9) Uruguay está muy por encima del promedio mundial, mientras que su puntaje en libertad laboral (61,0) está algo por encima de ese promedio, y su puntuación de libertad monetaria (66,2) se halla por debajo. Cabe señalar que en este último caso (que es el resultado de “la tasa promedio de inflación de los últimos tres años con un juicio cualitativo sobre la manipulación de precios gubernamental a través de controles o subsidios”) Uruguay registró en 2024 su puntaje más bajo desde 1999 (69,1).

Por último, la categoría de Apertura hacia los mercados se compone de tres variables que miden tres tipos diferentes de libertad: las de comercio, inversión y financiera. En los tres casos se observan desmejoras respecto a años anteriores. Por su libertad de comercio Uruguay obtuvo 71,2 puntos en 2024, una mejora de 0,8 puntos desde 2022, pero muy lejos de los 80,4 puntos de 2018, mientras que su libertad financiera (regulación de servicios financieros, grado de intervención estatal en los bancos, etc.) sigue estancada en 30 puntos desde 2006. En cuanto a su libertad de inversión, en este indicador Uruguay logró 60 puntos, que es en los hechos un retorno al puntaje de 2008. Se trata de una categoría que evalúa las restricciones a la inversión y la propiedad de tierras, controles de cambio extranjero y capital, expropiación de inversiones sin compensación justa, etc. El puntaje de este año contrasta fuertemente con los 70 puntos de 2023, los 75 de 2022 y los 85 que alcanzó el país entre 2017 y 2021.

Ninguno de los datos que acabamos de ver puede ser interpretado sin tener en cuenta un factor importante. Heritage Foundation no es sólo un think tank conservador: es también uno muy —por no decir extremadamente— liberal. Esto quiere decir que su visión de lo que es un país económicamente libre es mucho más exigente de lo que el promedio de los mortales podría estar dispuesto a aceptar. Alcanza con decir que el mejor puntaje en estos 30 años lo obtuvo Hong Kong en 1996 y estuvo casi diez puntos por debajo del ideal máximo de libertad económica (90,5).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es posible hacer una lectura política de todos estos datos. La proyección de las variables de los últimos años muestran aciertos, especialmente en el respeto a la propiedad privada y su efectividad judicial, pero también algunas caídas, la más notoria de todas en la libertad que ofrece a la hora de invertir, junto con una presión impositiva que a los ojos de Heritage Foundation se ha vuelto excesiva. Para el actual oficialismo, y en clave de campaña electoral, puede ser útil comprender que las críticas en este campo no vendrán por izquierda (es difícil imaginar a Carolina Cosse o a Yamandú Orsi criticando al gobierno por no ser demasiado liberal), pero sí tal vez puedan hacerlo por derecha. En una elección donde probablemente no sobre nada, podría ser importante tenerlo en cuenta.