El precio del dólar (sensible a una amplia gama de factores que van desde el impacto de la elección de Donald Trump a la política monetaria del nuevo gobierno en Uruguay y más), qué pasará con los impuestos (Yamandú Orsi dijo en los últimos días de campaña que no los subiría) y cómo se ajustarán los incentivos fiscales a la inversión, son temas que salen a discusión con los resultados de la victoria de Orsi a la vista.

Si bien economistas han planteado que el escenario económico de base no cambiaría, si resultaba electo Orsi o Álvaro Delgado, ahora se ve ésto con otro cristal, o se enfoca más lo que se puede venir.

En términos generales, de acuerdo a los economistas consultados por El País, se espera un dólar más fortalecido —sobre todo por la dinámica de la economía estadounidense—, y probablemente un nuevo impulso inflacionario, aunque en el marco de un gobierno del que se espera de tranquilidad a los mercados.

Por lo pronto, las elecciones presidenciales de ayer no movieron especialmente a los mercados internacionales, en la medida en que ganó “una ola moderada”. O al menos así se percibe desde el exterior.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

Sin embargo, en el ámbito local no todos lo ven así. José Antonio Licandro, magister en Economía, apuntó a El País que la política monetaria del Frente Amplio (FA) aún no está clara y que hay que esperar definiciones.

“Acá la incertidumbre no es por el dólar, sino por una política monetaria que aún no se conoce. Oddone ha dicho que las metas de inflación del actual gobierno se han alcanzado, pero con un costo alto en competitividad, aunque también dijo que hay que sostener lo logrado. Entonces, no queda claro cómo lo va a hacer”, afirmó Licandro.

“¿Vamos a seguir con los platitos chinos?”, se preguntó en alusión a ese difícil equilibrio entre inflación y competitividad del que hablaba el expresidente del Banco Central en el último gobierno frenteamplista, Mario Bergara.

A entender de Licandro, detrás del reclamo del atraso cambiario que plantea reiteradamente el FA, está el “fantasma de devaluar”.

“Ignacio Berti, director del Banco Central por el FA, no apoyó nunca el alza de las tasas de interés, ni siquiera dejarlas constantes”, agregó.

De esta manera, Licandro considera que la incertidumbre sobre la política monetaria generará un “ruido” que empujaría al dólar al alza, en el corto plazo (además de incidir en ésto el fortalecimiento del dólar a nivel global).

Más a largo plazo, Licandro plantea que el precio de la divisa dependerá, en gran parte, de la inversión extranjera directa, que si cae, presionará más el dólar al alza.

“Para hacer crecer al país, la inversión tiene que estar por encima de los 20 puntos del Producto Interno Bruto y hoy estamos en 18. Orsi y Odonne deben dar señales claras de certezas a los inversionistas”, agregó Licandro.

Marcelo Sibille, gerente senior de Consultoría de KPMG, coincidió en que el marco general de la política monetaria (con el sistema de flotación del dólar) no va a cambiar, pero proyectó “matices”, ante una posible “flotación sucia”.

“Durante el período de gobierno que finaliza, el esquema fue de flotación limpia. El BCU siguió una filosofía de evitar intervenciones en el mercado mediante compra de divisas que pudieran señalizar una mayor expansión monetaria o depreciación del dólar que pusiera en jaque a la meta de inflación”, dijo para explicar por qué desde hace un año y medio la inflación convergió a la meta y no se salió del rango.

Foto: Ignacio Sánchez

“Este éxito vino aparejado de críticas del FA respecto a que la falta de intervención del BCU estaba provocando un atraso cambiario con encarecimiento en dólares y pérdida de competitividad. Bajo este argumento, no debería sorprender que las próximas autoridades del BCU vuelvan a un esquema de flotación sucia (como ocurría antes de 2020), en el cual puedan verificarse intervenciones esporádicas en el mercado de cambios comprando o vendiendo según el caso”, proyectó Sibille.

Sobre el régimen de Promoción de Inversiones, Sibille proyectó que se mantendrá, aunque aggiornado. “Ese régimen, con exoneraciones fiscales a empresas que realicen inversiones en activo fijo contra el cumplimiento de una serie de indicadores, está vigente desde 2008 y pensamos que seguirá rigiendo”, dijo. No obstante, señaló que en cada uno de los últimos cuatro gobiernos hubo un decreto reglamentario distinto que aggiornó las condiciones bajo las cuales se aplica.

“El último Decreto 268/020 permitió mayores flexibilidades que dieron lugar a un mayor volumen de proyectos presentados por las empresas. Es muy probable que, siguiendo la dinámica de actualizaciones sucesivas, el próximo gobierno modifique las condiciones para aplicar dicho régimen, y pensamos que el ajuste será más restrictivo”, arriesgó Sibille.

A su juicio, la discusión sobre el equilibrio entre las exoneraciones fiscales otorgadas y el derrame social de los proyectos es “válida”. En cualquier caso, si el ajuste es restrictivo, recomendó “tener mucho cuidado de no forzarlo demasiado al punto de que ponga en riesgo la corriente de inversiones”, que es uno de los pilares del crecimiento económico.

“Esto lo vimos por ejemplo en 2018, cuando el gobierno en aquel entonces había actualizado el régimen con el Decreto 143/018 de un modo tan restrictivo que los proyectos de inversión presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) cayeron drásticamente”, advirtió.

Entre los factores “preocupantes” que planteó por su parte Licandro está que —según afirmó— el programa del FA establece aumentos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y del Impuesto a la Renta de las Personas físicas (IRPF), para poder reducir el Impuesto de Valor Agregado (IVA). “Eso no es bueno para quienes piensan en invertir en Uruguay”, concluyó.