Redacción El País
En un contexto en el que el crimen organizado ha crecido en América Latina, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó ahora su informe de tipologías regionales, en el que se analizaron las técnicas utilizadas y casos de lavado de activos en los años 2021 y 2022. ¿En cuáles tuvo participación Uruguay?

El informe del Gafilat (organismo que emite las recomendaciones en materia antilavado y evalúa a los países) tiene por objetivo identificar nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. En esta ocasión, compiló 52 casos, que correspondieron a los ejes temáticos: uso ilícito de activos virtuales (siete casos), tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (siete), corrupción y soborno (seis), trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (seis), delitos fiscales (cinco), extorsión (cinco), estafa (cuatro), participación en grupo delictivo organizado (cuatro), contrabando (tres), delitos ambientales (dos), fraude (dos) y transporte ilícito de dinero por frontera (uno).

Según explica el informe, se entiende por tipología a la clasificación de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar actividades criminales.

Asimismo, las tipologías más utilizadas por estos casos -elegidos por la importancia de su estratagema para lavar- consistieron en la creación y utilización de personas y estructuras jurídicas, el uso de testaferros, el fraccionamiento de dinero o pitufeo -muchos movimientos de dinero de bajos montos para no despertar alarmas-, la subfacturación de bienes y mercancías y el uso del sistema cambiario informal.

Al analizar los sectores vulnerados, el informe concluye que el sector bancario fue el “más explotado” por las organizaciones criminales, seguido de los escribanos, el sector automotor y el inmobiliario. Respecto a los productos y servicios empleados por los criminales, se observó que el efectivo, las cuentas bancarias, transferencias internacionales de dinero, y comercialización de vehículos fueron los más usados.

Los principales delitos determinantes -aquellos por los que se originan los activos ilícitos- que los países identificaron en los casos fueron: la participación en grupos delictivos organizados (16% de los casos), narcotráfico (11%), delitos fiscales (10%), corrupción y soborno (8%) y trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes (7%).

Dentro de los casos compartidos, Uruguay presentó dos y fue mencionado en otros dos que surgieron de Argentina.

Fuente: Informe de Tipologías Regionales de LA 2021-2022 Gafilat

Uno de los casos uruguayos fue el de Martín Mutio. El documento detalla que el monto involucrado fue US$ 4,04 millones; las organizaciones vulneradas fueron un banco, un estudio contable y un escribano; mientras que el delito determinante fue el narcotráfico.

Las señales de alerta en este caso, correspondieron a testaferros que no presentaban uso de tarjeta corporativa o retiro de cuentas y la facturación simulada, empresas que emitían facturas para luego cancelarlas de forma sistemática.

El documento describe que se creó una sociedad anónima dedicada a la exportación de productos, que tenía a testaferros como directivos y fue utilizada tanto para la ejecución del delito precedente como para el lavado.

Destaca que la empresa “recibió de forma sistemática inyecciones de dinero ilícito durante el período que estuvo activa”, realizando una “facturación simulada” con empresas de rubros relacionados (productoras agrícolas, logísticas).

“El dinero era ingresado al sistema financiero a la cuenta de la empresa mediante la compra de cheques a estas empresas, donde se entregaba efectivo a cambio de los cheques y al mismo tiempo se realizaba la facturación simulada que permitía justificar el origen de los fondos ante el estudio contable responsable por la contabilidad de la empresa”, agrega.

Los fondos se utilizaron para la adquisición de silo agrícola (US$ 3,7 millones), un inmueble (US$ 240.000) y vehículos utilitarios relacionados (US$ 100.000).

Fuente: Informe de Tipologías Regionales de LA 2021-2022 Gafilat

El otro caso fue el denominado “Caso Odín”, en el que “mediante la adquisición de una serie de dominios para crear diversas páginas web, la banda criminal simulaba la existencia de universidades que eran inexistentes en algunos casos y en otros sitios se trataba a simple vista de universidades existentes”.

“Desde las mismas se ofrecía a los interesados, la realización de distintos cursos a distancia, otorgando los correspondientes certificados que avalaban la realización de dichas capacitaciones, debiendo los interesados pagar por los cursos la suma de aproximadamente US$ 6.000”, agrega.

El monto involucrado fue US$ 2,6 millones, mientras que los delitos determinantes fueron la estafa y la asociación para delinquir. El documento señala que los sectores vulnerados fueron el inmobiliario y el de comerciantes de obras de arte.

Las señales de alerta correspondieron a aumentos patrimoniales injustificados, operaciones de transferencias de dinero internacionales en gran cantidad de movimientos por debajo de los umbrales de prevención y créditos acompañados en el mismo día por el débito, por exactamente el mismo importe o créditos y débitos fraccionados en tres veces.

Fuente: Informe de Tipologías Regionales de LA 2021-2022 Gafilat

Por otra parte, uno de los casos argentinos que menciona a Uruguay, fue por el “ingreso de divisas a través de canales marginales”. En este caso, un grupo económico que realizaba, a través de sociedades comerciales, la exportación de productos primarios, sin liquidar las correspondientes divisas generadas.

La mención a Uruguay corresponde a la triangulación comercial “no razonable”, en donde era uno de los destinos que figuraba en la facturación -junto con Suiza, Singapur, Estados Unidos y Países Bajos-, mientras que la mercadería tenía como destinos Egipto, China y Taiwán.

Fuente: Informe de Tipologías Regionales de LA 2021-2022 Gafilat

El otro caso proveniente de la vecina orilla, trató de operaciones inmobiliarias y financieras con sobrevaluación y subvaluación de los bienes, que tuvo como delitos determinantes la “evasión simple de impuesto a las ganancias” y el “lavado de activos”.