La historia del conflicto de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) parece llegar al comienzo del fin esta semana cuando los trabajadores acepten -así está previsto- el preacuerdo laboral firmado entre la empresa y el sindicato en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el pasado viernes, que establece que la planta de Minas reabrirá en agosto, con menos personal.

El Poder Ejecutivo elaboró una propuesta que fue aceptada por las partes y, si bien se continúa trabajando en ésta, la empresa ya anunció que los cambios “mejorarían las condiciones actuales y permitirán que la cervecería de Minas siga operando”.

La evolución del conflicto fue realmente rápida, considerando que, al menos ante la opinión pública, se hizo visible el pasado 10 de mayo cuando FNC emitió un comunicado que informaba del cierre “definitivo” de su planta en Minas (Lavalleja).

En ese momento, sus trabajadores -150 en total en esa planta- estaban en seguro de desempleo por una parada de mantenimiento y más que todo por “sobrestock de cerveza”, según informó después la empresa. Su plan era concentrar la producción en la planta de Montevideo, en busca de mayor eficiencia.

El impacto de la decisión de cierre de unas de sus plantas fue fuerte, dado que FNC forma parte de la multinacional AmBev (una de las mayores del mundo en el rubro) y detenta más del 70% del mercado de cerveza en el país, además de que ésto ocurrió justo cuando el gobierno busca fomentar a Uruguay como polo de atracción de inversiones extranjeras, y en pleno año electoral.

El presidente de la República mismo, Luis Lacalle Pou, intervino directamente en el asunto, dijo que “le toca a este gobierno resolverlo” y lo encargó al titular del MTSS, Mario Arizti.

FNC fundamentó el cierre en “cuatro factores principales: la creciente importación de latas de bajo costo que llegan a valores imposibles de igualar con las condiciones vigentes en Uruguay para la industria nacional; los altos costos de producción de Uruguay en comparación con otros países de la región; la menor escala de producción local y baja productividad; y la presión fiscal que es especialmente distorsiva en cervezas retornables”.

Foto: Ricardo Figueredo

El planteo tan detallado de esas razones captó la atención de economistas consultados por El País, quienes leyeron en entrelíneas que “el comunicado de FNC era prácticamente una lista de reclamos al gobierno no tanto para explicar el cierre de la operativa en Minas, sino para mejorar sus condiciones”, según interpretó uno de ellos y expresó en forma confidencial. FNC acusaba, además, la creciente importación de latas de bajo costo en el país, cuando esta empresa es uno de los principales compradores de cerveza desde el exterior.

Lo cierto es que, calculado o no, las reacciones no se hicieron esperar y, tras varias reuniones con las autoridades nacionales (se movilizaron altos representantes de distintas carteras para buscar soluciones) y el sindicato presionando (paro y movilizaciones mediante), la empresa anunció el pasado viernes, que la planta en Minas reabrirá a partir de agosto.

"En el día de hoy celebramos un preacuedo con el sindicato sobre temas laborales", afirmó FNC en un comunicado. "Se está avanzando en consensos entre las partes para garantizar la continuidad de la operación de Minas bajo un nuevo esquema", agregó.

Mario Arizti, ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aclaró a El País que no se reintegraría el total de la plantilla, sino el 60% de la misma. Y el “nuevo esquema” al que hace referencia la empresa, se trata básicamente de retiros incentivados, para reducir el número de personal.

Por su parte, Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), declaró a El País que, además de un ofrecimiento de un plan de jubilaciones y prejubilaciones, los retiros incentivadosconsistirán en el despido legal más seis sueldos como “gratificación extraordinaria”.

Apenas se difundió el comunicado de cierre de la planta de FNC en Minas, el gobierno salió al paso y se sucedieron una serie de reuniones en el MTSS.

La primera fue con altos representantes (en general los titulares de las carteras) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Ambiente y la presidenta de UTE. El sindicato no fue convocado a ese primer encuentro.

El MIEM tenía la misión de analizar datos sobre la competitividad de FNC, la presidenta de UTE -también presente- preveía el estudio de algún plan de tarifa eléctrica que le fuera más conveniente a la empresa. La devolución del Impuesto Específico Interno (Imesi) para botellas de vidrio retornables es otra de las medidas que está sobre la mesa (esta devolución había quedado sin efecto en 2021), un tema que bajo la órbita del Ministerio del Ambiente, MEF y MIEM. Y por supuesto que el tema laboral ha sido de primer orden en las decisiones de la empresa, entre otros frentes.

Es decir, el objetivo ha sido que cada ministerio aporte posibles soluciones a FNC, y siguen en ese camino porque la llamada “mesa sectorial o económica” continúa funcionando para atender las demandas de la empresa, según afirmó Arizti. Esto alineado, seguramente, con la declaración de Lacalle Pou de: “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que (FNC) continúe abierta”.

Foto: Ricardo Figueredo

El caso despertó otras movidas, dado que la Cámara de Industrias (CIU) aprovechó la ocasión para decir que los problemas que acusan a FNC afectan a todo el sector -incluyendo a las cervezas artesanales-, y a otros rubros cuyas empresas nacionales han tenido que cerrar sus puertas.

En las redes sociales los comentarios también se hicieron sentir con comentarios de quienes observaron molestos que la plana mayor del gobierno se había reunido prácticamente en emergencia para “ayudar” a una multinacional cuyo valor de mercado más que duplica el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país son las que verdaderamente necesitan apoyo, afirmaron.

Asimismo, en las redes se criticó que problemáticas como la de la pesca, donde hay muchos más puestos de trabajo en juego que los 150 de FNC, no hayan desencadenado tantos intentos de solución como en el caso de la cervecera.

El economista José Antonio Licandro, por su parte, puso foco en su cuenta en X en las “cosas mal hechas” y recordó que, tiempo atrás, FNC arregló con el sindicato incrementos salariales importantes y “ahora se dice que los altos salarios abonan la falta de competitividad y el cierre”. También apuntó el valor de mercado de AmBev, cuestionando sus demandas al gobierno uruguayo.

Todo indica que, con la parte laboral resuelta o encaminada, la planta de FNC en Minas reabrirá en agosto, tal como establece el preacuerdo firmado entre las partes.

Las medidas económicas, vinculadas a la competitividad empresarial, aún no han sido definidas, o no se han dado a conocer públicamente. Un avance en ese frente habría impulsado a FNC a decidir la reapertura, dado que el problema de la plantilla es importante, pero lejos de ser el único.

Un tema que pesa es que cualquier decisión que se adopte a favor de la rentabilidad o puesta en funcionamiento de la planta en Minas -a través de decreto o resolución formal- no impactará solo en esta, sino en toda la industria, por lo que debe ser cuidadosamente analizado, según dijeron autoridades a El País.