Los dos nuevos programas para facilitar el alquiler y la compra de propiedades que lanza el Ministerio de Vivienda

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, planteó que la política habitacional debe dejar de medirse únicamente por la cantidad de casas construidas y defendió una mirada que, en este caso, contempla el acceso, la permanencia, la integración social, la inversión y el ordenamiento de las ciudades de cara al futuro. Durante un almuerzo organizado por ADM en el Radisson Victoria Plaza, la jerarca estructuró su presentación alrededor de siete “mitos” que, según sostuvo, simplifican los verdaderos problemas que enfrenta Uruguay en materia de vivienda.

Durante el evento también se hicieron presentes el secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro "Pacha" Sánchez; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el subsecretario de Industria, Daniel Olesker; el subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia; la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y la expresidenta de la República, Lucía Topolansky.

El primero fue que “el problema de vivienda se resuelve haciendo casas”. Paseyro reconoció que el país necesita construir, pero advirtió que las necesidades habitacionales no son todas iguales. Puso como ejemplo las dificultades que enfrentan hogares que pueden pagar un alquiler, pero quedan afuera del mercado formal por las garantías, depósitos u otros requisitos de ingreso.

Según señaló, uno de cada tres hogares inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, mientras que en los hogares del primer quintil esa proporción alcanza, en promedio, al 37,6%. “El dato relevante no es cuántas viviendas producimos, sino cuántos hogares logran resolver su necesidad habitacional”, agregó.

En ese marco, repasó el programa Abriendo Puertas-Alquiler, cuyo primer llamado contempla 75 unidades en Montevideo, Tacuarembó y Artigas y prioriza hogares monoparentales y jóvenes que buscan independizarse. La meta oficial es alcanzar 3.300 soluciones hacia 2029, combinando viviendas públicas y subsidios parciales al alquiler privado. Además, adelantó que a mediados de octubre se lanzará junto al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) el programa Abriendo Puertas-Primera Vivienda, orientado a hogares con “capacidad de pago”, pero que “necesitan mejores condiciones para poder comprar".

“El programa combina un préstamo del BHU con la posibilidad de subsidio a la cuota que otorga el ministerio de Vivienda. Con estos programas, estamos cumpliendo uno de los compromisos asumidos en este gobierno, asumido por el presidente Yamandú Orsi en el primer consejo de ministros para ampliar la forma de acceso a la vivienda”, agregó Paseyro.

Tamara Paseyro. Foto: Leonardo Mainé.

El segundo “mito” cuestionado fue que “el éxito de la política de asentamientos se mide exclusivamente por la reducción de su cantidad”. En ese sentido, la ministra puso como ejemplo una intervención en Piedras Blancas, donde unas 100 familias que viven próximas a una cañada deben ser realojadas por riesgo de inundación, mientras que otros hogares requieren mejoras de infraestructura, saneamiento y vivienda.

“Un asentamiento de 10 hogares y uno de 300 cuentan igual en el indicador, aunque las necesidades que representan sean completamente distintas”, sostuvo. Paseyro afirmó que en los asentamientos irregulares activos registrados viven unas 193.000 personas y señaló que el gobierno “duplicó los recursos” destinados a atender la emergencia e intervenir en estos territorios, con US$ 700 millones previstos dentro del presupuesto.

La tercera idea que buscó desarticular fue que “la política habitacional puede gestionarse de manera independiente de las demás políticas sociales”. Para la ministra, las condiciones de la vivienda impactan directamente en salud, educación, empleo y pobreza infantil. “Las personas no viven los problemas por separado”, resumió.

En ese marco, destacó el programa Crece desde el Pie, dirigido a hogares en alta vulnerabilidad con mujeres embarazadas y niños de hasta tres años. Actualmente funciona en nueve departamentos, lleva 83 soluciones entregadas y tendrá “cobertura nacional” en 2027. En esa línea, Paseyro dijo que el objetivo es alcanzar 1.200 soluciones en 2029.

Tamara Paseyro. Foto: Leonardo Mainé.

También mencionó el programa Más Barrio, una política de intervención territorial del gobierno uruguayo coordinada por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, junto con el Mides y las intendencias departamentales, creado con el fin de transformar zonas con alta vulnerabilidad social, violencia y precariedad habitacional.

Paseyro remarcó que dicho programa comenzará sus trabajos en cinco territorios: Cerro Norte, en Montevideo; Las Piedras, en Canelones; San Antonio, en Maldonado; Las Higueras, en Durazno y La Colina, en Rivera. El programa cuenta con una línea de crédito de US$ 250 millones y prevé invertir US$ 50 millones en esta primera etapa.

El cuarto mito fue “considerar la vivienda social únicamente como un gasto”. Paseyro defendió que se trata de una inversión que moviliza construcción, proveedores, transporte, servicios profesionales y empleo. En esa línea, el ministerio tiene “26 edificios de vivienda pública proyectados” hacia 2030, con una inversión estimada en US$ 115 millones.

Foto: MVOT.

A eso sumó el cooperativismo: desde el comienzo de la actual administración hasta junio se terminaron más de 3.000 viviendas cooperativas y existen otras 5.800 en ejecución. “La inversión en vivienda no termina en la vivienda, moviliza empleo y una extensa cadena de actividad económica”, aseguró.

En materia de vivienda promovida, destacó que 2025 marcó un récord, con 326 proyectos ingresados que representaron 15.281 viviendas, 32% más emprendimientos que en 2024. Además, el 60% correspondió a proyectos de hasta 20 unidades y Montevideo redujo su participación histórica, lo que para el gobierno muestra una mayor distribución territorial de la inversión.

El quinto mito fue que “no vale la pena innovar en la construcción de vivienda social”. En cuanto a este punto, Paseyro defendió especialmente el uso de madera y recordó que desde 2011 el sistema público impulsó más de 1.000 viviendas sociales realizadas con este material.

“La vivienda pública puede y debe ser también un espacio para innovar”, afirmó, aunque aclaró que incorporar nuevos sistemas “no significa flexibilizar estándares”. Sostuvo que Uruguay cuenta con más de un millón de hectáreas de bosque plantado y el gobierno busca aprovechar esa base productiva para “agregar valor a la producción dentro del país, generar empleo y reducir tiempos de obra”.

El sexto punto estuvo centrado en el “ordenamiento territorial”. Paseyro rechazó que su función sea únicamente definir “dónde se puede construir” y planteó que debe anticipar cómo crecerán las ciudades y dónde estarán la vivienda, el empleo, el transporte y los servicios.

Citó como ejemplo a Ciudad Vieja, que perdió más del 60% de su población en las últimas cinco décadas. “¿Tiene sentido seguir extendiendo la ciudad y llevando infraestructura cada vez más lejos mientras tenemos suelo e inmuebles subutilizados en áreas consolidadas?”, preguntó.

Foto: Ignacio Sánchez

Finalmente, cuestionó la idea de que “la política de vivienda debe construirse de arriba hacia abajo”. Defendió la participación de gobiernos departamentales, cooperativas, organizaciones sociales, academia y sector privado tanto en la elaboración como en la ejecución de las políticas. “Participar no sustituye planificar”, dijo, pero agregó que el Estado puede tomar mejores decisiones cuando incorpora el conocimiento de quienes viven en cada territorio.

Paseyro cerró su exposición señalando que durante el primer año de gestión el ministerio concretó 9.345 soluciones habitacionales y mantiene otras 19.674 en ejecución. “La vivienda siempre se juega en una escala mucho más cercana, en la vida concreta de las personas”, concluyó.