Concluido el largo proceso electoral, comenzó en Argentina la etapa de sinceramiento de las variables económicas. Si bien el gobierno saliente dejará como herencia al presidente electo Javier Milei la tarea de ajustar el valor del tipo de cambio oficial, las tarifas de los servicios públicos y algunos precios regulados como el de los combustibles, ya desde el día posterior al balotaje se desató una ola de remarcaciones en productos de consumo masivo.

Con los acuerdos de precios suspendidos de hecho, las alzas llegaron hasta el 50% en algunos productos ante la incertidumbre de las empresas sobre cuál será el costo de reposición.

“No hay una decisión del actual gobierno para aplicar los ajustes necesarios y con eso hacerle algo más liviana la herencia a la próxima administración. Sin embargo, ya empezaron a reflejarse los efectos de la pérdida de capital político del gobierno tras la derrota en las elecciones. El más claro es un virtual descongelamiento en los cerca de 50.000 productos incluidos en los acuerdos de precios, un ancla que perdió fuerza dado que el gobierno con el cual las empresas hicieron el pacto se va del poder”, dijo a El País el economista Santiago Manoukian, jefe de Research de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.

Descartada la continuidad del oficialismo tras las elecciones, el gobierno quedó en una posición de extremada debilidad, más aún si se tiene en cuenta que la cara visible de la derrota es la de Sergio Massa, el ministro de Economía que en la práctica había asumido toda la gestión desde julio del año pasado.

En ese contexto de fragilidad que impide ponerle un freno a los precios, el principal objetivo de Massa hasta el recambio presidencial del 10 de diciembre pasa por evitar una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial.

En esa línea, el ministro de Economía viene apelando a las escasas herramientas que le quedan disponibles. Para ampliar la oferta de dólares en el corto plazo, el martes pasado anunció que todas las exportaciones podrán liquidarse a un tipo de cambio mayor. Los exportadores podrán ingresar el 50% de las divisas -ya no el 30%- al valor del Contado Con Liquidación, un dólar financiero cuya cotización implícita que surge de la compra y venta de bonos ronda los 930 pesos argentinos. Con eso, el tipo de cambio para las exportaciones pasó a rondar los 640 pesos argentinos, un 80% por encima del dólar oficial.

“El gobierno actual tiene margen para dejar los costos del ajuste al próximo gobierno. Podrá sostener por dos semanas más el valor actual del tipo de cambio oficial restringiendo aún más el pago de importaciones y usando los pocos dólares que le quedan para intervenir en el mercado. Con eso, las grandes correcciones quedarán para el gobierno de Milei”, dijo a El País la economista Soledad Pérez Duhalde, directora de la consultora Abeceb, en Buenos Aires.

Sin acuerdos políticos a la vista para compartir los costos del ajuste entre el gobierno entrante y el saliente, Milei se alista para tomar un hierro caliente conformado por un fuerte atraso del tipo de cambio oficial y de las tarifas de los servicios públicos, elevado déficit fiscal, abundancia de pesos producto de la excesiva emisión monetaria y un stock de reservas netas negativas en unos US$ 10.000 millones en el Banco Central.

Para corregir esos desequilibrios sin caer en una hiperinflación, Milei viene repitiendo que lanzará un fuerte ajuste fiscal. Además de la drástica reducción de los “gastos de la política” –entre los que incluye a las inversiones en obra pública-, el presidente electo reiteró que privatizará desde los medios públicos de comunicación, Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles hasta la petrolera YPF y Aguas Argentinas, entre otras compañías estatales.

No obstante, el énfasis puesto por Milei en las reformas que prevé encarar para reducir los gastos del Estado deja aún más expuesta su evidente moderación en el resto de las propuestas económicas. Lejos de la promesa de dolarización de la economía, que fue uno de los ejes de su campaña, Milei viene dando sobradas muestras de que no recorrerá ese camino, al menos en el corto y mediano plazo.

De hecho, Emilio Ocampo, el economista que ideó el plan de dolarización que iba a aplicar Milei y quien había sido elegido para ser el último presidente del Banco Central antes de liquidarlo, fue apartado antes de asumir. A cambio, aparece la designación como ministro de Economía de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Caputo siempre rechazó la idea de la dolarización.

Ese enroque de nombres refleja que, en principio, el nuevo gobierno buscará avanzar hacia la eliminación del cepo y la unificación cambiaria.

Para alcanzar esa meta, Milei señaló que antes deberá resolverse el problema de las Leliq, un instrumento de deuda del Banco Central que solo pueden adquirir los bancos. Con esas letras, la autoridad monetaria ha venido retirando de circulación parte de los pesos emitidos para que no vayan a presionar sobre el dólar y los precios. Sin embargo, en línea con el altísimo ritmo de emisión de los últimos cuatro años, el stock de Leliq ya asciende a 23 billones de pesos, el triple de la base monetaria. Eso implica que solo para pagar los intereses de las Leliq, el Banco Central debe emitir unos 2,3 billones de pesos por mes, pesos que terminan retroalimentando a la inflación.