Buenos Aires
Las fuertes distorsiones de precios que registra la economía argentina tuvieron como derivación más reciente el faltante de nafta en buena parte del país. Con precios del combustible que están 34% por debajo del promedio de la última década en términos reales según la consultora Economía & Energía, la escasez se agudizó al punto de provocar el cierre temporario de estaciones de servicio y largas filas en aquellas que mantuvieron la venta con cupos.

El problema para el gobierno que asuma el 10 de diciembre es que esas distorsiones en el mercado de la nafta están lejos de ser un caso aislado. Tras años de aplicaciones de parches sobre parches para intentar frenar la escalada de la inflación, el sistema de precios está roto en muchos rubros de la economía argentina.

Las distorsiones van desde las artificialmente bajas tarifas de electricidad, gas, agua y transporte hasta productos de consumo masivo que se han venido actualizando muy por debajo de la inflación debido a acuerdos de precios entre el gobierno y algunas empresas, pasando por cuotas reguladas de la medicina prepaga y los colegios privados.

A eso se suma el atraso de otro precio clave: el tipo de cambio oficial está congelado a un valor que es apenas el 40% del que registran los dólares paralelos.

En ese marco, economistas advierten que, antes o después, esa olla a presión deberá ser destapada. De hecho, uno de los principales ejes de la campaña electoral de cara al balotaje del 19 de noviembre pasa por las formas en que se intentará llevar adelante el inexorable sinceramiento de los precios.

“La gran discusión pasa por cómo salir de estas distorsiones que se mantuvieron durante años. Mientras el candidato oficialista Sergio Massa hace campaña prometiendo que mantendrá en una primera etapa al menos parte de las distorsiones, (el postulante libertario) Javier Milei dice que las eliminará en el corto plazo. Las urnas dirán cuál es el ritmo preferido por la sociedad para corregir estos desequilibrios”, dijo a El País el economista Jorge Neyro, en Buenos Aires.

En cualquier caso, la crisis de la nafta registrada en las últimas semanas exhibió la magnitud de los desafíos que tendrá el próximo gobierno.

Con la participación clave de la compañía estatal YPF que concentra más de la mitad del mercado, el gobierno ha ido convalidando en los últimos años aumentos del precio de los combustibles muy por debajo de la inflación.

El año pasado el alza del valor de la nafta acumuló un 48%, la mitad que el Índice de Precios al Consumidor. Ese retraso se acentuó en lo que va de este año: mientras la inflación acumulada hasta septiembre es del 103,2%, el valor del combustible subió en ese período 58,2%.

Con eso, aun luego del aumento cercano al 10% anunciado el miércoles pasado para destrabar el conflicto, el litro de nafta súper en Argentina ronda US$ 0,30 de acuerdo a la cotización de los tipos de cambio financieros, casi siete veces menos que en Uruguay.

La utilización de los precios del combustible como ancla inflacionaria no solo retrajo la oferta, sino que también impulsó la demanda. Pese a que la economía registra casi el mismo tamaño que en 2019, el consumo de nafta es 13% superior al registrado hace cuatro años en Argentina.

En ese incremento también incide el cruce de fronteras para cargar combustible barato desde ciudades limítrofes de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

El retraso en los combustibles se replica con similar profundidad en rubros como las tarifas de los servicios públicos. Aun con los aumentos registrados este año, el Estado continúa cubriendo mediante subsidios más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares de los segmentos de ingresos medios y bajos.

“Quien nació en 2003 vivió con tarifas subsidiadas la mayor parte de su vida. Hay hasta una cuestión cultural que será muy difícil cambiar en el corto plazo”, dijo Neyro.

Buena parte de las distorsiones que registran los precios en la economía argentina responde al atraso del tipo de cambio oficial. Entre otras variables, el precio de la nafta y la tarifa de la energía eléctrica están atados al valor del dólar.

Ante eso, el éxito del próximo gobierno en la tarea de desarmar la bomba de relojería conformada por precios artificialmente bajos y niveles de inflación que cerrarán este año en torno al 180% dependerá de la estrategia y de los tiempos con los que se saldrá del actual esquema cambiario.

Con un dólar mayorista de 350 pesos argentinos congelado desde el 14 de agosto pasado, la sangría de reservas del Banco Central no se detiene.

De hecho, el gobierno, además de cerrar casi totalmente el grifo a los importadores, no tuvo otra opción que sincerar al menos parcialmente el tipo de cambio para exportadores el día posterior a las elecciones generales.

Hasta fines de noviembre los exportadores podrán ingresar el 30% de las divisas ya no al valor del dólar oficial sino al del Contado con Liquidación, un dólar financiero cuya cotización implícita ronda los 870 pesos argentinos. Con eso, por 30 días el tipo de cambio para las exportaciones oscilará en torno a los 500 pesos argentinos, un 40% por encima del dólar oficial. Sin embargo, esas maniobras de cortísimo plazo parecen no alcanzar

El exministro de Economía (durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa) Domingo Cavallo, dio un negativo pronóstico respecto del rumbo inflacionario y económico al que se dirige el país de continuar con las políticas actuales. El creador de la Convertibilidad (un peso argentino equivalía a un dólar en los 90) escribió un artículo en su blog, y estimó que la inflación de 2023 alcanzará el 300% anual, independientemente de los resultados del balotaje del próximo 19 de noviembre.