La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) está en crisis, y la situación se complica luego que el año pasado fracasara un intento de reforma enviado por el gobierno. Ahora, el directorio de la institución promueve tres medidas, en sendos anteproyectos de ley, para paliar la situación.

Estas medidas fueron presentadas al Poder Ejecutivo, pero no están cuantificadas, es decir, no se conoce cuánto dinero lograrían las mismas. El gobierno solicitó a la Cjppu que haya números que las respalden. De hecho, alguna de las medidas ya había sido rechazada por el Poder Ejecutivo el año pasado.

Si bien todavía no están las cifras actuariales de la Cjppu actualizadas, que van a determinar cuánto dinero necesita la institución, se estima que el próximo gobierno deberá hacer alguna reforma que cubra unos US$ 150 millones al año.

La información sobre los anteproyectos fue además presentada por la Cjppu a las asociaciones de profesionales y agrupaciones que la integran.

Reunión CJPPU.

Las tres iniciativas son: un anteproyecto de ley de facilidades de pago, otro anteproyecto de ley por jubilación por edad avanzada y un tercer anteproyecto de ley para cambiar el índice de ajuste de las cantidades fijas de los timbres profesionales.

Según la información de la Cjppu a la que accedió El País, el primer de ellos tiene como objetivo contar con una ley de refinanciación en los casos en los que el aportante contrae deudas.

“Una ley que contemple eso, le permite al profesional ponerse al día nuevamente, comenzar a aportar, solucionar su situación puntual y continuar generando su jubilación”, dijo el presidente de la Cjppu, Daniel Alza y explicó que la propuesta “busca mejorar las condiciones de pago”.

Este anteproyecto prevé para los afiliados morosos la posibilidad de que por única vez puedan utilizar la opción de categoría establecida en el artículo 56 de la ley 17.738. Ese artículo permite que “dentro de los 90 días anteriores al vencimiento de cada trienio, los afiliados podrán desistir del pasaje de categoría e incluso volver a aportar en base al sueldo ficto de hasta la segunda categoría”.

En el caso del anteproyecto, se establece que “operaría a partir de la categoría correspondiente al del último trienio completo con obligaciones pagadas”.

Esta misma posibilidad se brindaría en caso de un aumento en la tasa de aportación a la Cjppu que supere el 16,5% vigente al 31 de diciembre de 2023, a todos los afiliados con un plazo de 90 días desde la vigencia de dicho aumento y a partir de la aprobación de la ley se podría realizar la opción considerando el aumento ocurrido a partir del 1° de enero de 2024 (a 18,5%), indica la información del instituto.

En tanto, para los deudores de timbres, el anteproyecto de la Caja propone una quita en interés de mora del 50%.

“Apunta a mejorar las condiciones para aquellos deudores de timbres del artículo 71, que por diversas causas tuvieron inconvenientes para poder pagar, con menores tasas de mora”, dijo Alza.

El presidente de la Cjppu enfatizó que estas soluciones “contribuyen a mejorar los ingresos del Instituto en ésta etapa de dificultades financiera”.

Daniel Alza y Virginia Romero.

El otro anteproyecto de ley que el directorio de la Cjppu presentó al Poder Ejecutivo contempla una serie de cambios en la jubilación por edad avanzada (actualmente a los 70 años de edad con 15 años de servicio).

Estos cambios, incluyen que las personas que configuren causal jubilatoria luego del 31 de diciembre de 2032, que cuenten con al menos 70 años de edad y un mínimo de 18 años de servicios con cotización efectiva a la Cjppu, perciban una jubilación que pueda ser compatible con el goce de otra jubilación o retiro, según la información de la Caja.

“Si bien la causal por edad avanzada no constituye un porcentaje elevado de las altas de jubilación anuales (5% a 7% del total de altas entre 2018-2022), sí es un estímulo importante para que los afiliados aporten a lo largo de su vida activa”, señaló Alza.

Para el presidente de la Cjppu, la posibilidad de contar con esta causal no sólo incentiva la aportación en aquellos que son totalmente “voluntarios”, sino también “en quienes habiendo estado en algún momento obligados a aportar, posteriormente pasan a desarrollar una actividad dependiente amparados por otros institutos de seguridad social”.

El tercer anteproyecto de ley de la Cjppu es el más polémico: propone que se ajusten los valores de los timbres profesionales por el Índice Medio de Salarios (IMS), el que tiene que utilizar la Caja para ajustar las jubilaciones y pensiones que paga.

“Hoy esos ajustes se realizan por Índice de Precios del Consumo (IPC), lo que genera un descalce entre egresos (ajustan por IMS) e ingresos (ajustan por IPC)”, indicaron en la Cjppu.

¿Por qué este punto es el más polémico? Porque supondría un aumento mayor de los timbres profesionales y el gobierno ya rechazó esa medida cuando envío el proyecto de reforma de la Cjppu el año pasado que finalmente no consiguió los votos (ver aparte). En el gobierno se entiende que ese aumento recae principalmente en personas mayores, jubilados, quienes hacen un uso más intensivo de medicamentos y tienen que pagar el timbre en cada receta.