ANÁLISIS

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Desde la óptica de la Ley de Urgente Consideración (LUC), los temas más controversiales están enfocados en seguridad, educación y, en el plano económico, en la regla fiscal, el combustible y la reforma jubilatoria.

Poniendo el foco en lo económico, de ahora en más hay que ver cómo tanto el gobierno como la oposición mueven sus fichas de cara a posibles reformas y apoyos: sobre todo en la reforma de jubilatoria, a nivel del Estado y los mercados.

“Que ganara el No en el referéndum simplifica, en el sentido que las reglas seguirán por el mismo curso que ya venían. Ahora, es importante que se pase a conversar sobre el crecimiento a largo plazo”, dice a El País Sofía Harguindeguy, gerente Consultoria Economica de Grant Thornton.

“Más allá del tema de los apoyos políticos, se puede afirmar que la regla fiscal se va a seguir aplicando”, dice Nicolás Cichevski, gerente de Consultoría en CPA Ferrere. El Ministerio de Economía y Finanzas había señalado previo al referéndum que este era un aspecto central de la LUC. “Para mi es fundamental el mantenimiento de esa ley, en particular porque institucionaliza un buen manejo de los dineros públicos”, había dicho a El País la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

“Esa ley es un hecho importante para Uruguay, que tiene un problema de gasto fiscal procíclico, en el que se gasta mucho cuando crece la economía y después se ajusta cuando no crece”, señala a El País Agustín Iturralde, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). A su entender, en la medida en que la nueva propuesta fiscal estaba en los artículos de la LUC, las implicancias económicas vendrán por el lado político y no tanto por el articulado.

Iturralde señaló que el gobierno está pasando de una fase contractiva en materia fiscal (ordenar las cuentas y bajar el gasto público) a una más expansiva (bajar algunas cargas fiscales y recuperar el salario real).

“El Ministerio de Economía y Finanzas realizó una consulta al Comité de Expertos sobre la proyección de PIB del país y se concluyó que el crecimiento será de 2,1 % (promedio anual de la próxima década), lo que sirve de meta indicativa para los lineamientos del gasto público”, observa Harguindeguy.

En este frente, falta ver qué sucede con la reforma en ese mercado aguas abajo. Esto es, a nivel de la comercialización y distribución de los combustibles.

“Lo que estuvimos viendo hasta ahora es la fijación de precios a la salida de la planta de Ancap, pero todavía no se ha actuado sobre el componente posterior, desde que el combustible sale de la planta hasta que llega al surtidor. Eso no está cubierto por la LUC y se espera una discusión al respecto”, afirma Cichevski.

La meta es que, a mediano plazo, esos precios converjan a los que fija la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que son los precios de paridad de importación. Sin embargo, actúa en contra el contexto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha elevado súbitamente los precios del petróleo.

Consultado sobre el tema, Cichevski, afirma: “No solo se han disparado los precios del petróleo, sino que presentan una gran volatilidad, debido también al impacto de las restricciones sanitarias en China. Esos factores, en un contexto de inflación como el que estamos viviendo, hará que la convergencia que se propone alcanzar el gobierno sea más progresiva que lo previsto”.

“El afloje a la cincha no va a venir por el lado de bajar los precios al combustible, sino por la reducción del IASS y el alza de las deducciones del IRPF, de lo que ya habló el presidente Lacalle Pou en marzo”, opina Iturralde. En el año 2023 podría ser una de las prioridades del gobierno.

Uno de los temas que destacó Lacalle Pou en su discurso apenas se dieron a conocer los resultados el referéndum, fue el de la reforma jubilatoria.

“La gran incógnita es qué tanto se tomarán las recomendaciones del Comité de Expertos de la Seguridad Social (CESS), ya que el gobierno podría entender que algunos puntos no son viables, o no quererlos incluir. Además, hay que ver cómo se posicionan los actores dentro del Parlamento”, afirma Cichevski.

El economista se refiere a que, por ejemplo, es difícil creer que Cabildo Abierto se muestre proclive a introducir una reforma profunda de la Caja Militar, o que el Frente Amplio acepte que se flexibilice el régimen de las AFAP.

“Tampoco es un hecho que el Frente Amplio no va a apoyar la reforma propuesta por el gobierno porque, en definitiva, le puede quitar un problema a gobiernos posteriores”, agrega.

Otro escenario es que, ante un resultado del referéndum, bastante parejo, el Frente Amplio podría decidir maximizar su estrategia de no apoyar un proyecto de ley que podría dar rédito electoral a la otra parte en 2024. Y, desde la coalición de gobierno, podrían entender que tampoco les conviene la falta de acuerdo con la oposición. De ocurrir ese escenario, es probable que las recomendaciones de la reforma de la seguridad social terminen siendo matizadas en el proyecto de ley.

“Se corre el riesgo de que, ante la dificultad de llegar a consensos, se hagan parches en el sistema y no una reforma completa”, resume el analista.

Desde hace un año y medio, la LUC ha ido avanzado hacia la incorporación de una nueva regla fiscal, un Comité de Expertos para estimar el Producto Interno Bruto (PIB) potencial y un Consejo Fiscal Asesor.

A la fecha la institucionalidad fiscal está mayoritariamente implementada, incluyendo su fase final que llevó los últimos seis meses.

Según el gobierno, la nueva regla fiscal procura atenuar problemas de déficit y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Se basa fundamentalmente en el concepto de Resultado Fiscal Estructural, cuyo cálculo se realiza ajustando las partidas efectivas según el ciclo económico.

Es decir, el concepto refiere al resultado efectivo corregido por las partidas fiscales efectivas por la fase expansiva o recesiva del ciclo económico, como por aquellas partidas consideradas extraordinarias, por ejemplo de la pandemia actual.

El planteo de un Fondo de Estabilización es para acumular ahorros en caso de existir excedentes fiscales. Así lo explica documentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con referencia a los artículos 208 y 209 de la ley 19.889.

Con ese sistema, se dimensiona la situación fiscal a lo largo del tiempo y así, por ejemplo, el cálculo permite gastar más -o recaudar menos- en crisis, y ahorrar en la fase expansiva del ciclo, según explicó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en distintas oportunidades.

Los analistas consultados por El País coinciden en que la nueva institucionalidad y regla fiscal constituyen una de las banderas económicas del gobierno y que se hará más evidente en los próximos meses.

Por supuesto que la eficacia o beneficios de la misma e, incluso, del nuevo marco normativo en esta materia, dependerán en gran parte de las voluntades y de los liderazgos políticos que se articulen en torno al sistema.

Los analistas consultados por El País proyectan que los cambios introducidos por la LUC en la ley de Inclusión Financiera seguirán en pie, dado que el gobierno los ha defendido con firmeza y no se avizora, por el momento, cambio de rumbo, aunque siempre está la puerta abierta si llega a aumentar la presión en esta materia.

“Es una ley que ha generado mucha polémica, pero el gobierno la fundamenta en la realidad del interior del país, donde muchas veces no hay cajeros automáticos accesibles, o directamente no los hay, o donde las transacciones electrónicas aún son poco utilizadas por las personas que no se han actualizado”, afirma Sofía Harguindeguy, gerente de Grant Thornton.

Cabe recordar que la ley original planteaba que el pago del salario debía realizarse obligatoriamente por cuenta bancaria o dinero electrónico, y la LUC lo cambió, pasando esa vía a ser opcional, “sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo”. De todas formas, la ley de Inclusión Financiera ya no incluía esa obligatoriedad para las localidades del Interior de 5.000 o menos habitantes y para aquellas que no tuvieran puntos de extracción de efectivo cercanos.

Hay quienes sostienen que la modificación establecida en la LUC puede afectar la recaudación del Estado o provocar el aumento a la informalidad en el país, lo que podrá confirmarse -o no- a mediano o largo plazo.

Otro de los grandes cuestionamientos a la reforma de la ley de Inclusión Financiera tiene ver con los montos para permitir pagos en efectivo, dado que al ser cifras elevadas -según afirman sus detractores- aumentaría el riesgo en materia de lucha contra el lavado de activos. El pago de honorarios por servicios profesionales, por ejemplo, puede realizarse en efectivo hasta los US$ 128.800.

Sin duda, este es un tema sobre la mesa que podría reaparecer en los próximos meses, tal como sucedió en el pasado.

Según advierte Harguindeguy, refiriéndose a la operativa del día a día del sistema, las personas que estaban ya cobrando en un banco y pasan a cobrar en efectivo, están identificadas, “mapeadas”, lo que no generaría mayor escape a los controles del Estado; y que, en todo caso, “el problema se genera cuando la ley abarca a gente que ingresa al mercado laboral”.