Redacción El País
Entre el jueves de la semana pasada y la tardecita de este lunes algo más de 250 mil personas efectuaron consultas para acogerse al programa de condonación y refinanciación de deudas morosas que pusieron en marcha la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas (Aneac) con la articulación del Banco Central (BCU) y el apoyo de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De ese total de consultantes casi 27.000 cerraron más de 35.000 acuerdos para cancelar sus deudas.

El programa establece que, en caso de deudores con un saldo de capital menor a $ 5.000, las instituciones renunciarán al derecho de ejercer el cobro de esas deudas, sin ser necesaria la realización de ningún trámite por parte del deudor. Y las deudas de capital de entre $ 5.000 y $ 100.000 con cada institución, se podrán refinanciar hasta en 36 cuotas sin ninguna actualización del capital, sin intereses, multas ni recargos.

La iniciativa está dirigida a unos 786.300 deudores morosos que al 30 de abril de 2022 eran considerados incobrables por la Central de Riesgos Crediticios administrada por el BCU y se mantienen en la misma situación a mayo de 2024, con el fin de que tengan la posibilidad de limpiar su historial crediticio.

Foto: Estefania Leal

A todo esto, las entidades que participan del programa ajustan detalles sobre la forma y velocidad en que acogerse a los planes propuestos impactará en historiales crediticios.

Lo que se busca es que ese impacto se advierta lo más rápido posible en los deudores a partir de que empiecen a cumplir en tiempo y forma con los acuerdos que hayan pactado.

Se estima que para los deudores de hasta $ 5.000 por cuenta el impacto sea inmediato y que su historial del clearing quede “limpio o con una marca”. Para los que acuerden refinanciaciones de pago mensual se manejan diversas alternativas. En lo que respecta a la categoría de deudor que registra la Central de Riesgo del BCU se analizan las disposiciones legales que rigen para determinar cómo impactará en ellas.