La comisión recibió ocho denuncias el año pasado, según consta en la Memoria del año 2015 de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

En 2015 la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tuvo la mayor cantidad de asuntos entrados desde 2012. Fueron 26, que se sumaron a otros 11 que venían del año anterior. De esos 37, resolvió 24 por lo que 13 quedaron para este año, según la Memoria 2015 del órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas.

"La mayoría de los asuntos trabajados durante el 2015 corresponden a investigaciones de conductas prohibidas (43%), seguido de medidas preparatorias que consisten en estudios de mercado (21%)", se señaló.

El año pasado fue el de mayor cantidad de denuncias por presuntas prácticas anticompetitivas ingresaron a la comisión desde 2011, con ocho en total.

"Hacia el final del año se habían cerrado 24 de los asuntos tratados, por lo que la Tasa de Resolución (asuntos resueltos en relación a los entrados) alcanzó el 92.3%", agregó. Es la menor tasa de resolución desde 2010. La mayor se había dado en 2013 cuando se resolvieron más asuntos de los entrados ese año (es decir, se bajó el stock que tenía la comisión al resolver asuntos de años previos).

"La Tasa de Resolución varía según el tipo de asuntos. En el caso de las Investigaciones por denuncia la tasa es de 112.5% ya que ingresaron ocho asuntos nuevos mientras que se resolvieron nueve. Para las investigaciones de oficio no es posible calcular este cociente ya que no se inició ningún caso en el transcurso del 2015", se explicó en el informe.

En cuanto "a las Medidas Preparatorias, la tasa es de 80% ya que habiendo iniciado cinco medidas en el año, se finalizaron cuatro", agregó. Las medidas preparatorias son cuando la comisión analiza un mercado específico para ver si surgen indicios que ameriten iniciar una investigación de oficio por posibles prácticas anticompetitivas.

Respecto a la notificación de concentraciones "la referida tasa es de 66.7% ya que al finalizar el año quedaban pendientes de declarar debidamente notificadas dos concentraciones económicas. Por último, la Tasa de Resolución de Consultas es del 85.7% ya que quedaba por responder una consulta de las siete presentadas en el año", indicó.

El informe señaló que "otro indicador frecuente para este tipo de actividades es el Coeficiente de Congestión: el stock final de asuntos en proceso dividido entre el número de asuntos resueltos en el año. Con este coeficiente se intenta medir el retraso de un tribunal en la resolución de los asuntos. En el caso de la Comisión, en 2015 el Coeficiente de Congestión fue de 54.2% (13 asuntos pendientes al 31 de diciembre de 2015 en relación a los 26 resueltos en el año)". En 2014 ese coeficiente fue más alto y en 2013 más bajo que en 2015.

Otro dato que aportó el informe es que "la Comisión no confirmó la existencia de conductas anticompetitivas en ninguna de las nueve denuncias cerradas".

Es el primer año —desde 2009— en que la Comisión finaliza sin confirmar prácticas que violen la ley de Promoción y Defensa de la Competencia de las denuncias que logró cerrar.

"Durante 2015 no se inició ninguna investigación de oficio, resolviéndose la única que estaba en estudio, iniciada el año previo. En la misma se encontró evidencia de prácticas anticompetitivas y se dispuso ordenar el cese de la conducta así como sancionar a los involucrados", indicó el reporte. La misma fue de la aplicación Easy Taxi contra la Patronal del Taxi, ordenándole a esta última que no sancionara conductores por utilizar la aplicación.

"En el marco de los programas de fomento de la libre competencia vigentes en la Unctad, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia inició un proceso de revisión voluntaria entre pares (Peer Review) de la normativa vigente en Uruguay", se expresó en la Memoria 2015 de ese órgano.

"Los resultados del estudio serán luego sometidos a revisión por parte de "pares", que en este caso serán las autoridades de competencia de Perú, México y España", añadió el reporte.

" El proceso concluirá con una propuesta de plan de acción, que se estima finalizada para noviembre de 2016 y, entre otros aspectos, podrá incluir propuestas de modificaciones a la normativa vigente y recomendaciones en materia institucional", concluyó el documento.

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