Montecon, empresa que brinda servicios de carga y descarga de contenedores en el puerto de Montevideo, sostiene que la prioridad otorgada por el gobierno uruguayo a la empresa belga Katoen Natie para el uso de la terminal especializada de contenedores, puede perjudicar el ingreso de Uruguay al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por sus siglas en inglés). Uruguay inició ese proceso el 30 de noviembre pasado con la presentación de la solicitud formal que realizó el Poder Ejecutivo en Nueva Zelanda.

“La libre competencia en el mercado interno de cada país miembro es un elemento esencial para ser aceptado como parte del Cptpp, y las acciones del Estado uruguayo con relación a Montecon apuntan exactamente en sentido contrario. El país queda muy mal posicionado en el respeto a las normas de protección de inversiones e hipoteca sus posibilidades de inserción y apertura internacional”, señaló el director de Montecon, Fernando Reveco en un comunicado.

Entre las obligaciones y reglas a las que se someten los miembros del Cptpp, se incluye una dispuesta en su artículo 16.1 que obliga a los países a aplicar sus leyes nacionales de competencia a todas las actividades comerciales en su territorio, e incluso a aquellas que se desarrollen fuera de sus fronteras pero que tengan efectos anticompetitivos dentro de su jurisdicción.

Según Montecon, el Estado uruguayo “ha dispuesto actos que contravienen la libre competencia, que en definitiva intervienen el mercado portuario para crear un monopolio en favor de una empresa en la que, además, tiene participación accionaria”. Añade que Montecon fue “privada de la oportunidad de competir y se le impide por decreto que sus clientes puedan ser atendidos por ella”.

Además, un informe de la Cancillería señala nueve retos de Uruguay para poder entrar al Acuerdo Transpacífico, entre los que se incluye la revisión de algunos monopolios. Montecon reclamó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revocar la resolución emitida en septiembre, que puso fin a la investigación iniciada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, a partir de la denuncia presentada por la compañía contra el Estado y Katoen Natie.

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano técnico desconcentrado del MEF, respondió a una consulta sobre si la venta de acciones de uno de los socios de Terminales Graneleras del Uruguay (TGU) podía constituir una concentración económica o un acto prohibido en los servicios portuarios de Nueva Palmira referidos a carga a graneles, concluyendo que todo el mercado de servicios portuarios está sujeto al régimen de libre competencia.

Montecon sostiene que atender a la promoción de la libre competencia es una medida que favorece a todos los actores.