Redacción El País
Mientras que Antel anunció la semana pasada que activó su señal de 5Gen todas las capitales del país, la suba de precio para la renovación de determinados bloques para servicios de 4G podría afectar la inversión de sus competidores.

A fines de noviembre pasado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) presentó un decreto que habilita la renovación automática del espectro del 4G de aquellos acuerdos que se realizaron entre 2002 y 2004, en los que participaron Antel, Claro y Movistar.

En particular, el bloque que ha levantado tensiones en el sector es el que se encuentra dentro de la banda de 850 MHz, que le pertenece a Movistar. El acuerdo por este bloque de 25 MHz, se vencerá en julio de 2024. En su momento, se habían transferido derechos de otros subloques para su asignación, por un valor de US$ 6 millones.

Por su parte, el MIEM le había solicitado el análisis técnico para la designación del precio a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), que le envió su respuesta el 24 de agosto pasado.

El informe de la Ursec considera como referencia el bloque de 5+5 MHz, correspondiente a Antel en la banda de 900 MHz -de condiciones “cuasi similares”-, que se le adjudicó por procedimiento competitivo hace unos años en US$ 7,5 millones. De este modo, ya que Movistar cuenta con un bloque de 12,5+12,5 MHz, el precio recomendado es de US$ 18,7 millones.

Ante la consulta de El País sobre esta recomendación, la directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Uruguay, Leticia Lago, señaló que no habían “tomado conocimiento de esta recomendación” por lo cual desconocen “los fundamentos que llevaron a la Ursec a sugerir dicho importe”. Destacó que aún están evaluando las condiciones para definir su renovación, ya que falta casi un año para el vencimiento del acuerdo.

No obstante, afirmó que, de concretarse este aumento del precio respecto al valor asignado 20 años atrás, “definitivamente” afectaría la inversión de la empresa para ofrecer servicios de 5G.

En este sentido, expresó que el sector de las telecomunicaciones es “altamente demandante de inversiones por todo lo que supone la actualización permanente de las redes. El dinero que se destina a espectro es dinero que se deja de invertir en despliegues de red”.

Asimismo, sostuvo que “la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) ha señalado que la consecuencia inmediata de valores elevados de espectro es el retraso del proceso de despliegue de redes y de adopción de nuevas tecnologías como 4G y 5G”.

“No se puede concebir el espectro como un simple mecanismo de recaudación ya que un elevado costo desincentiva la inversión, la extensión de las redes y la calidad de los servicios. El enfoque al momento de establecer las condiciones de acceso al espectro se debe orientar a la maximización del bienestar social y dejar de lado los enfoques recaudatorios”, concluyó.