"ESTAMOS COMPLICADOS"

La línea de negocio del portland para Ancap tiene una “pérdida sistemática de US$ 8 millones o US$ 10 millones por año”, en “los últimos 20 años no hubo un solo año que haya dado ganancias” y a partir del año próximo habrá un nuevo jugador en el mercado que si bien inicialmente planea exportar su producción, también podría volcarla al mercado local, dijo el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic. “Estamos complicados”, afirmó.

Stipanicic concurrió a la comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado para explicar la situación del ente.

El mercado de la producción de cemento en Uruguay se reparte entre cuatro jugadores: Cementos Artigas que tiene el 45%, Ancap que tiene el 42%, Cementos Charrúa (la empresa propiedad de Diego Lugano y Diego Godín) que tiene el 8% y “el resto la Compañía Nacional de Cementos, que en realidad embolsa de Cementos Artigas”, dijo Stipanicic según la versión taquigráfica de la reunión.

“El mercado uruguayo tiene alrededor de 800.000 toneladas por año de demanda y la capacidad instalada de Ancap, que es algo así como de 390.000, más las 500.000 que tiene más o menos Cementos Artigas, superan la demanda local”, explicó el presidente de Ancap. Cementos Charrúa “es cemento turco importado”, agregó.

En 2021 se incorpora un nuevo jugador. “Es un empresario brasileño que invirtió US$ 140 millones o US$ 150 millones en una planta en el departamento de Treinta y Tres que, en el primer semestre del año que viene, va a producir para el mercado uruguayo -según las estimaciones que nos han trasmitido- 500.000 toneladas adicionales de portland”, indicó Stipanicic.

“Es decir que se va a incorporar un jugador nuevo, con niveles de exigencia bastante más altos que los de Ancap, capaz de volcar 500.000 toneladas más al mercado uruguayo. Las declaraciones iniciales de este empresario fueron que esa planta se iba a orientar a la exportación, pero cuando uno ve la diferencia de precios que hay entre Brasil y Uruguay, es muy tentador colocar en Uruguay”, afirmó el presidente del ente.

¿Cuál es el problema de Ancap en el negocio del portland que ha dado pérdidas sistemáticamente? “Para que tengan una idea, los costos de producción de Ancap son alrededor del doble de los que tiene Cementos Artigas. Estamos complicados. Hay un atraso tecnológico muy grande y hay una situación de ineficiencia en los costos fijos muy alta. Una cosa va de la mano con la otra, pues cuanto menos tecnología, más mano de obra, y cuanto más vetusta, más obsoleta la tecnología, menos productiva es la mano de obra aplicada”, argumentó Stipanicic.

“Lo que hay que tener claro de la situación del portland es” que hubo “una decisión estratégica que se tomó en el 2007, de mantener dos plantas en lugar de una, de hacer la inversión en Paysandú y en Minas. Esa decisión de mantener dos plantas obviamente duplica los costos fijos de las plantas. Incluso los costos fijos evolucionaron al alza en los años posteriores, con lo cual lo que ocurre hoy es que el negocio del portland para Ancap enfrenta una pérdida sistemática de US$ 8 millones o US$ 10 millones por año. En los últimos 20 años el negocio del portland ha dado pérdida”, planteó Stipanicic.

“La situación con la planta de Paysandú, además, se ve agravada porque en el año 2016 el directorio de Ancap decidió no montar un horno, que era parte del plan estratégico que se había decidido años antes. El problema de fondo es que esa decisión -no hago un juicio de valor sobre si estuvo bien o no, si dos plantas o una planta, si Paysandú sí o Paysandú no, si horno 3 sí u horno 3 no- no fue acompañada de otras decisiones y eso ha significado que hoy la vida útil de la planta de Paysandú está largamente consumida y tiene dudosa sostenibilidad industrial. O sea, si no se hace absolutamente nada, esa planta va a dejar de operar, pero espero que deje de hacerlo cuando uno decida y no cuando el destino decida por uno. Es un tema dramático”, aseguró.

Para instalar ese horno, que costó US$ 48 millones, se requiere una inversión de entre US$ 80 millones y US$ 130 millones, dijo Stipanicic.

El problema es que “con un escenario razonablemente optimista para los próximos cinco años de la industria del portland, Ancap está previendo perder US$ 50 millones. Si nosotros incurriéramos en US$ 80 millones o US$ 130 millones para instalar ese horno pero no consiguiéramos un mercado adicional, eso sería todo pérdida”, estimó el presidente de Ancap.

“En este momento estamos conversando con el sindicato, que básicamente hizo tres planteos: la inversión del horno 3 por parte de Ancap, la contratación de toda la mano de obra tercerizada y contratada de forma no permanente por parte de Ancap y contar con una disposición legal que obligue a que las obras públicas compren portland Ancap. Con respecto al tercer planteo, si esa ley supusiera que el Estado tuviera que comprar portland Ancap al costo que lo produce Ancap, realmente sería perjudicial para el propio Estado, porque estaríamos incrementando el costo de la obra pública. Con respecto al tema de la contratación de todo el personal, no parece razonable”, afirmó.

“En cuanto a la inversión del Estado en el horno, en realidad depende seriamente de si tenemos un mercado para colocar esa producción (...) pero para lograr una cuota de mercado en la mesopotamia argentina hay que ir a pelear a ese terreno. Ancap no está en condiciones de ir a pelear a ese terreno porque no tenemos la espalda comercial, no tenemos la posición y no tenemos el despliegue territorial como para ir a pelear por puntos de venta en barracones de Argentina”, agregó.

“Tenemos una planta en Paysandú que tiene comprometida su sustentabilidad y ya el nivel de inversión de mantenimiento es insuficiente para asegurar la continuidad. La integridad mecánica de la planta ya está tan comprometida que no alcanza con inversiones menores, por lo que se necesitarían inversiones mayores” y hay que tener en cuenta que “allí trabajan 154 funcionarios de Ancap y 82 personas contratadas en función pública por Ancap”, por lo que “no son solo decisiones empresariales las que están arriba de la mesa”, concluyó Stipanicic.

El Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de Intendentes designaron la comisión de expertos que revisará las características del mercado de combustibles, según lo previsto en la ley 19.889 (de urgente consideración). Esta comisión deberá “analizar los estudios ya efectuados por el Ministrio de Industria, Energía y Minería (MIEM)” y “discutir y aprobar una propuesta de revisión integral del mercado de los combustibles”, indicó un comunicado de ese ministerio.

Los integrantes de la comisión son: el economista Horacio Bafico (asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y exjefe de Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía), la economista Noelia Medina (asesora de la Dirección Nacional de Energía del MIEM), el abogado y magíster en Derecho de Energía y Recursos Naturales Gonzalo Irrazabal (asesor del ministro Omar Paganini en el MIEM), el abogado experto en derecho ambiental Ricardo Gorosito (por el Congreso de Intendentes, exsubsecretario de Vivienda), el ingeniero industrial Andrés Hermida (gerente general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) y el licenciado en Administración de Empresas Pablo Mautone (por el Ministerio de Economía y Finanzas, socio de Sramentum Capital, firma que asesoró a UTE en emisiones de parques eólicos).