MODIFICACIÓN QUE TRAE LA LUC
La Ursea cambia la metodología para determinar el precio de paridad de importar, según lo establece la ley de urgente consideración.
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La forma en que se fijarán los precios de los combustibles cambiará desde 2021. La ley de urgente consideración establece que “el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por la Ancap”, pero a diferencia de lo que ocurre en la actualidad con “previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)”, además del de la propia Ancap.
A su vez, la ley establece que “el informe de la Ursea deberá explicitar, para cada uno de los productos referidos, el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de Ancap incluyendo las tasas e impuestos correspondientes a este tramo de la cadena”.
“A Ancap se le va a imponer un precio que es técnico” y va a haber unos meses de “transición” hasta ese nuevo escenario, dijo el presidente del ente Alejandro Stipanicic en entrevista con el programa No Toquen Nada de Del Sol FM.
La Ursea publica desde 2004 el precio de paridad de importación (PPI) de gasolinas, gasoil, gas licuado de petróleo (GLP) y fuel oil, con una metodología de cálculo y resultados mensuales. Ese PPI que hoy sirve a efectos informativos pasa a ser clave en el nuevo esquema, ya que el Poder Ejecutivo deberá tomarlo en cuenta y además deberá revisar los precios cada no más de 60 días, según establece la ley.
La ley de urgente consideración encomendó a la Ursea además “una revisión integral” de la metodología de cálculo del PPI.
La Ursea puso en consulta pública la nueva metodología del PPI -que tendrá un rol clave en la fijación del precio de los combustibles- el pasado viernes 11, pero solamente para recibir comentarios hasta el martes 15.
La nueva metodología del PPI introduce modificaciones en costos de logística de orígen, calidad de los productos, costos de almacenamiento, distribución, el inventario de seguridad, el precio de referencia de los biocombustibles (que por ley se deben mezclar con naftas y gasoil) y el margen del importador.
¿Qué implican estos cambios? La actual metodología de Ursea “es para establecer un precio teórico, un precio de máxima eficiencia teórica al cual un importador ideal podría importar cualquier producto, en cualquier momento y lo puede introducir en Uruguay”, es decir “está basada con la máxima eficiencia ideal”, que no es lo que sucedería en la realidad, dijo Stipanicic en la entrevista radial.
La nueva metodología de Ursea para el PPI busca llevar los costos y la situación a la realidad. La expresidenta de Ancap, Marta Jara publicó un análisis donde señala que algunos aspectos no se pueden comentar por la “escasa información” que incluyó el organismo regulador.
En otros, como los costos de almacenamiento y distribución que tendría un importador “se basan en la configuración y estándares de Ancap”, lo que para Jara “no se ajusta al espíritu de regular en forma independiente bajo criterios de eficiencia”.
Ejemplificó que Ancap, “para contener los costos con todas las plantas funcionando” decida retrasar inversiones.
Por otro lado, Jara cuestionó el nuevo inventario de seguridad que asume Ursea de 30 días totales que “parece un nivel poco prudente” que se aparta del que adoptan otros países.
Respecto al precio de los biocombustibles utilizado para determinar el PPI, actualmente la Ursea toma el precio del etanol en Brasil y del biodiesel en Argentina, considerados de los más eficientes en el mundo. La nueva metodología establece que será el precio del etanol y el biodiesel en Uruguay, es decir el que produce Alcoholes del Uruguay (ALUR, empresa propiedad de Ancap). “Se pasa de un precio de eficiencia al precio real”, dijo Stipanicic.
Jara señaló que eso es “transitorio” hasta que “se desarrolle una forma de determinar una referencia eficiente” por parte de la Ursea y que “será interesante ver qué criterios se adoptan para hacerlo”.
Más allá de eso, Stipanicic señaló que “el compromiso de Ancap es bajar un 25%/30% el costo de los biocombustibles en los próximos dos años”.
Por último, respecto al margen del importador para fijar el PPI, actualmente no se establece. “Tan teórico es el precio de la Ursea que no había ganancia fijada para el importador”, cuestionó Stipanicic.
La nueva metodología deberá establecerlo y “es razonable que así sea”, dijo Jara. El Poder Ejecutivo fija un tope de 2% para ese margen, pero la Ursea “aun no especifica el margen unitario que considerará”, remarcó Jara.
Para la expresidenta de Ancap, todo esto dará como resultado “un aumento de la referencia” del PPI respecto a la metodología anterior y “es probable que Ancap pueda cumplir sin demasiado esfuerzo las tarifas que determine la Ursea”. Es decir que no habría rebaja del precio de combustibles.
Stipanicic no está de acuerdo. “Si estamos diciendo que los precios van a estar variando continuamente, en algún momento van a subir y en otros van a bajar”, afirmó.
Jara concluyó que igual “será un avance” contar con la certeza de una metodología conocida y con efectos preceptivos y recordó que “el componente impositivo/subsidios es alto” en las tarifas, por lo que la “incidencia de los costos teóricos se diluye en el precio final”.
Presidente de vinculadas
Las tres empresas vinculadas de Ancap más grandes, ALUR, Ducsa y Cementos del Plata, eran “empresas autonómas, casi que son repúblicas independientes”, dijo el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic en entrevista con el programa No Toquen Nada. “Vamos a ponerle una cabeza común a las tres empresas” ya que cada una tenía como presidente a su gerente general, dijo. Ayer, Ancap comunicó que seleccionó al ingeniero civil Alfredo Fernández Sívori para presidir las tres vinculadas. Fernández Sívori estuvo 34 años en ExxonMobil donde ocupó diversas posiciones, presidió la Cámara de la Industria del Petróleo de Argentina y fue gerente general de Toyota Tsucho Argentina.