El Poder Ejecutivo emitió un decreto a través del cual exhortó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), a que apruebe nuevas reglas en el mercado de distribución de supergás a partir del próximo 1° de enero de 2023.

De esta forma, el gobierno busca avanzar en el cumplimiento de una de las promesas hechas durante la campaña electoral: la reforma integral del mercado de combustibles. Si bien ya estableció algunos cambios, como por ejemplo la creación del nuevo régimen de fijación de tarifas, aún falta avanzar en otros aspectos del mercado, como en lo que refiere a la distribución secundaria de combustibles y en supergás.

En el primer caso, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), encomendó a la Ursea que avance en una nueva regulación de la distribución secundaria de combustibles, que involucra a fleteros, estaciones de servicio y distribuidoras.

Sin embargo, aunque se preveía que la nueva regulación comenzaría a aplicarse de forma gradual en enero de este año, la Ursea pidió prórrogas al Poder Ejecutivo en las que “recomendó aplazar la fecha prevista” de dicha reforma. Mientras tanto, aprobó dos resoluciones transitorias en la que estableció algunas condiciones puntuales sobre la operativa de las estaciones de servicio.

Ahora el gobierno busca avances en el segundo caso: el mercado del supergás. Para ello, el MIEM encomendó a la Ursea -a través de un decreto con fecha 21 de octubre- “a aprobar una regulación que rija desde el 1° de marzo de 2023”, la cual deberá contemplar aspectos vinculados “a las condiciones y principios generales que deben atenderse en las vinculaciones, al menos, entre suministrador y envasadores, y de estos con los distribuidores del mercado” de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

De acuerdo con el decreto, la regulación deberá incluir: “el cumplimiento de los principios y normas de libre competencia en el sector; mecanismos de penalización equitativos para ambas partes, por incumplimiento de contrato; mecanismos transparentes de nominación y asignación del producto por punto de entrega; transparencia en el esquema de pagos, facturación y plazos”; y, “en particular para los envasadores, se deberá contemplar la necesidad de la existencia de una red de distribución, propia o acreditada a través de contratos con terceros”.

Además, antes del 1° de diciembre de 2024, la Ursea deberá realizar un “estudio de revisión de costos eficientes del sistema”, así como “definir una metodología para el cálculo del Precio Máximo Intermedio definitivo”, es decir, el precio al que Ancap le venderá el supergás a las distribuidoras; y “los márgenes de distribución eficientes”.

Con esta medida se buscan modificar los costos de producción y distribución del supergás, dado que actualmente este producto -subsidiado por el Estado- implica una pérdida para Ancap de más de US$ 100 millones anuales, según ha dicho la estatal y también el gobierno en reiteradas oportunidades. Los contratos que la compañía estatal tiene firmados con las distribuidoras de supergás vencen el próximo 28 de febrero de 2023 y el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, ya anunció a las distribuidoras que no hay intención de renovarlos tal y como están formulados hoy, dado que “están sobre la base de costos de otra época”, según indicó.

El director de la Ursea en representación del Frente Amplio, Roberto Chiazzaro dijo a La Diaria que el organismo empezará a estudiar el asunto y señaló que “lo que se busca con el decreto es sacar a Ancap de todo lo que tiene que ver con la distribución secundaria” del supergás.