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Por Lucas Elmallián
El avance tecnológico es una espada de doble filo para las empresas, por un lado crea nuevas verticales de negocio y, por otro, las destruye si no saben adaptarse rápidamente. En Uruguay el 5G generó roces entre el sector público y el privado por la subasta de espectro para ofrecer estos servicios. Ayer el debate se dio nuevamente en un evento que los juntó a ambos. ¿Qué ven los privados locales y desde el exterior sobre el manejo del gobierno en esta materia?

El Punta Show Entertainment, organizado por ISOS Media Group en el hotel Enjoy Punta del Este, comenzó con tres paneles de oradores integrados por referentes del sector de las telecomunicaciones.

De estos, se desprendieron las participaciones del sector político como los diputados Diego Echeverría y Alberto Fumero (suplente), junto al titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel) del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Guzmán Acosta y Lara, que señalaron se ha ido “avanzando” en la política pública en materia de telecomunicaciones.

En esta línea, Acosta y Lara afirmó que la política ha sido “muy exitosa”, por parte de todos los gobiernos y que en Uruguay, a diferencia de la región, “no hay grieta”, ni siquiera “charquito hay”, hay “diferencias, pero no grieta”.

Sin embargo, desde el sector privado presentaron preocupaciones. En este sentido, el director regional para el Cono Sur y Relaciones Institucionales de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet, que en Uruguay integran Claro y Movistar, entre otros), Pablo García de Castro, señaló que “uno de los retos en Uruguay es poder ampliar la competencia en los servicios y permitir que más actores puedan participar de diferentes mercados”.

Afirmó que se debe seguir con la “actualización” de la ley de Medios y que hace falta acelerar el otorgamiento de las licencias clase B, las que permiten a los cableoperadores ofrecer servicios fijos de Internet.

Como publicó El País semanas atrás, desde la Cámara uruguaya de Televisión para Abonados ya están en conversación con proveedores como Claro y Antel, pero han visto “engorroso” el procedimiento ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para obtener la habilitación.

Luego García De Castro entró en los dos puntos álgidos en el sector a nivel local, la renovación de 4G y la subasta de 5G. Sobre el primero, destacó que Asiet publicó recientemente un informe sobre la renovación del espectro, en el que ven como “buena práctica la presunción de la renovación automática”.

“Lo eficiente a nivel económico y a nivel social es la renovación, para que el servicio se mantenga y los usuarios sigan utilizando los servicios móviles que funcionan sobre esa bandas, por su puesto haciendo una valoración adecuada del costo y de los pagos para esta renovación”, señaló.

Respecto a la subasta, dijo que “es importante abandonar la visión recaudatoria y poner el foco en los despliegues”.

A dos semanas de la realización de la subasta de los segmentos de la banda 3,5 GHz, el cual permitirá brindar servicios de 5G a los agentes, el directivo de Asiet señaló que si bien agradecen “la apertura que ha tenido Ursec y el ministerio a la recepción de comentarios”, hubiera sido “óptimo” que “el diálogo hubiera sido más amplio, incluso previo a la publicación del decreto” que da lugar a la subasta.

Señaló que hay algunos retos “que exceden a los detalles que tienen que ver con la promoción de la competencia en el país”, respecto a cómo van a desplegar los servicios y que se debió “haber analizado adecuadamente el uso más eficiente de todo el espectro” disponible en esa banda, en lugar de los dos bloques que se van a subastar y el ya asignado a Antel.

En la subasta, se asignarán el bloque de 3.300-3.400 MHz y el de 3.700-3.800 MHz, siendo cada uno de 100 MHz y con un precio base de US$ 28 millones. A Antel ya le fue preasignado el bloque de 3.600 a 3.700 MHz, por el cual pagará el promedio de lo abonado por los otros dos bloques.

En este sentido, afirmó que les preocupa “una situación de inequidad en materia de competencia. El operador estatal tiene la posibilidad de elegir en primer lugar el bloque y no se le aplica el tope de espectro de 100 MHz“ como a los privados. Además, otra de sus preocupaciones reside en que no puedan ofrecer servicios minoristas fijos de internet.

Otro de los agentes que participó fue Claro, a través de su director de Asuntos Regulatorios e Institucionales para Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga López. Además de otros aspectos, remarcó que las empresas del sector a nivel global han visto ingresos decrecientes en la última década y que con la oferta de 5G no se ve un ingreso adicional sustantivo.

Siendo que Claro ya impugnó el decreto de la subasta de 5G y ha sido crítico con el pliego de bases y condiciones, principalmente por el precio, el directivo señaló que esta tecnología afecta a la competitividad de los países y al ciudadano, por lo que el precio del espectro los impacta directamente ya que si se realiza una subasta “equivocada”, se suben “artificialmente” los precios e impacta en el costo final.

Por su parte, Acosta y Lara afirmó que “tiene razón” Asiet en que se debe mejorar la competitividad, pero que “a veces no se pueden hacer los cambios bruscos” porque “somos un país muy democrático, en donde la cultura hace que los cambios sean más consensuados, más lentos”.

En esta línea, dijo que no pudieron derogar aún la ley de Medios porque en la coalición de gobierno no se han “podido poner de acuerdo”, siendo un gran debe.

En tanto, dentro de las preocupaciones mencionadas por Asiet, señaló que quieren que los cableoperadores puedan brindar el servicio de internet, ya que pretenden que el 100% de la población pueda acceder al mismo. Sin embargo, hay “debes” que esperan cambiar “de a poquito”, como que hay “condiciones desigualitarias en las empresas de telecomunicaciones que invierten y tienen que competir con Antel, que tiene varios productos, y ellas no los tienen”.

Por otra parte, en otro de los paneles del evento también se trataron los desafíos del sector privado en Latinoamérica, donde el contexto regional y la brecha digital son los que más impactan a las empresas de telecomunicaciones.

El director regional de Estrategia Global y Regulatoria de Vrio Corp (administra la filial latinoamericana de DirecTv), Martín Caravia, explicó que el desafío “macro” es el crecimiento limitado para las empresas, incluso el decrecimiento para algunas, y la alta inflación que se presenta en la región.

En tanto, como desafíos “micro” señaló a la economía digital -que representa el 15% de la economía global-; que se fomente la libre competencia; la cooperación público-privada para “delimitar, definir y nivelar el campo de juego” y la reducción de la brecha digital.

Sobre este último desafío, Caravia detalló que esta se basa en tres ejes.

El primero corresponde a la brecha digital de acceso físico, que refiere a la infraestructura y la capacidad de llegar a las distintas localidades de la región. En este sentido, señaló que el 95% de los hogares de Uruguay tiene posibilidad de acceso físico al internet.

Por otra parte, el segundo eje es el de la brecha digital de acceso económico. Este refiere a que las nuevas tecnologías necesitan buscar “asequibilidad”, que “los precios a los usuarios sean más bajos, porque por más que haya acceso físico al Internet, si no hay precios asequibles y precios óptimos, es muy difícil que haya una reducción de la brecha”.

Por último, señaló que el otro eje es el de la brecha digital de uso o de demanda. “No es lo mismo tener acceso y tener buenos precios a no tener alfabetización digital. Si la gente no sabe usar la tecnología, si no sabe usar la conectividad, las inversiones que hacemos después dentro del sector privado no tienen rédito”, aseguró Caravia.