ANÁLISIS

El Salvador fue noticia de primera plana cuando el gobierno anunció que permitiría que el Bitcoin se usara como moneda de curso legal. Algunos analistas vieron esto como el camino del futuro. Sin embargo, probablemente este no será el caso. Los soberanos tienen varios monopolios innatos, que guardan celosamente. El primero es el uso legítimo de la violencia. Los gobiernos tienen derecho a protegerse y hacer cumplir sus leyes. Existen algunas limitaciones en el uso de la fuerza. Estos están delineados en protocolos internacionales, como la Convención de Ginebra.

Las limitaciones también se especifican en las constituciones y la legislación nacional. Hay casos en los que los gobiernos no han podido ejercer su monopolio, y estos se conocen como estados fallidos. Esto ocurre cuando a grupos criminales u organizaciones paramilitares se les permite operar con impunidad.

El otro monopolio que los gobiernos guardan celosamente es el monopolio sobre sus monedas. El derecho a imprimir moneda dota a los gobiernos de enormes poderes políticos y económicos. Les da el poder de gastar y asignar recursos. Este fue un concepto que se aprendió desde el principio y fue la base del señoreaje. Este fue el beneficio que obtuvieron los gobiernos de la acuñación de monedas. El señoreaje era una fuente importante de ingresos públicos. También fue la fuente de muchas travesuras. Los gobiernos degradarían sus monedas aumentando la mezcla de metales básicos. Afeitarían los bordes o usarían otras técnicas para devaluarlo. Sin embargo, el poder de la bolsa y el poder de la espada siempre han sido las principales fuentes de poder de los gobiernos desde el principio de los tiempos. Por tanto, ¿por qué querría alguien entregar su moneda?

Ha habido casos en que los gobiernos cedieron el control sobre sus monedas. Esto suele ocurrir cuando las sociedades pierden la fe en su valor. En la Alemania de Weimar, el gobierno imprimió tanta moneda que dejó de tener sentido y el país colapsó en una hiperinflación. La única solución era introducir una nueva unidad monetaria respaldada por tierras del gobierno. A principios de la década de 1990, el gobierno argentino enfrentó una situación similar. La forma en que escapó de la hiperinflación fue respaldando su moneda con dólares. Ecuador y El Salvador también decidieron dolarizar su economía cuando sus sociedades perdieron la confianza en sus unidades monetarias.

Lo que nos trae a la situación en El Salvador. Es una economía dolarizada. Renunció a su derecho a imprimir su moneda hace dos décadas. Por lo tanto, al gobierno le es indiferente si otra moneda entra en circulación. De hecho, probablemente lo agradecería, porque cuantas más transacciones se realicen en Bitcoin, más dólares están disponibles para obligaciones externas. Sería una aplicación de la Ley de Gresham, que establece que “el dinero malo echa fuera al bien”.

En otras palabras, si hay dos unidades monetarias en circulación, la gente atesorará la unidad más valiosa y realizará transacciones con la menos valiosa. Apostaría que los dólares se evaporarían debajo de los colchones y Bitcoin se convertiría en la unidad para la mayoría de las transacciones. Esto crearía otros problemas y complicaciones, lo cual ya ha sido señalado por el FMI. Por lo tanto, la aceptación de Bitcoin como moneda de curso legal puede ser una opción para casos raros, como El Salvador, pero sería una limitación demasiado grande para la mayoría de los gobiernos, ya que los haría ceder uno de sus poderes más preciados, el poder del bolsillo.