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FABIÁN TISCORNIA

Para el BID "el principal desafío" del gobierno en el área social es "atacar" la "infantilización de la pobreza". Advierte como un problema "las restricciones de financiamiento" aunque podrían "mitigarse" a través del apoyo del organismo.

Esas apreciaciones están contenidas en una "Nota Técnica" que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó al gobierno entrante -y a la que accedió a El País- previo a la reunión entre ambas partes del viernes 26 de febrero.

"Los diagnósticos tienden a señalar con claridad y contundencia que el principal desafío para el sistema de protección social es atacar el fenómeno de la infantilización de la pobreza", se afirma en el documento.

Agrega que la atención del "área de la niñez y la adolescencia" es "altamente prioritaria, tanto por la envergadura que tiene el problema de la marginalidad social en este segmento de la población como por sus consecuencias".

Para el BID, "es probable que las cuestiones más desafiantes y complejas se relacionen con las restricciones de financiamiento", para hacer frente a esas áreas de atención.

Si bien "pueden trazarse diferentes escenarios, es previsible que se van a enfrentar márgenes muy acotados asociados a la estrechez de los espacios fiscales disponibles", señala el organismo.

A su vez, advierte que "el relativamente elevado gasto público social y cierta fragilidad fiscal estructural, ponen límites a las posibilidades de expandir los recursos que se destinan al sistema de protección social y, especialmente, a las áreas más prioritarias como son las de infancia y adolescencia".

Sin embargo, el propio BID indicó que "esto puede mitigarse a través de una acción sinérgica Banco-País que concentre recursos en este grupo objetivo como principal prioridad social". Según "las proyecciones disponibles, el crecimiento económico seguiría la favorable tendencia del último quinquenio, lo cual puede darle sustentabilidad a este tipo de esfuerzos", añade el organismo.

De acuerdo al informe "adicionalmente hay que considerar que componentes importantes del gasto social tienen una dinámica muy inercial, con tendencia creciente para los próximos años".

Agrega que se debe hacer un "estudio detallado" sobre "los espacios fiscales con los que va a contar la política social en los próximos años", que incluya "proyecciones de posibles escenarios de expansión del gasto público social y la probable evolución de sus principales componentes".

Destaca que es "especialmente relevante analizar cuáles son los márgenes posibles de aumento de la inversión social en el área de infancia y adolescencia".

Asimismo, el organismo propone aplicar algunas medidas (ver aparte).

SITUACIÓN. El BID recuerda que "mientras que el promedio de incidencia de la pobreza es de 20,5% de la población general, entre los menores de 6 años de edad es del 39,4%, entre los que tienen entre 6 y 12 años de edad es el 37,3% y entre los que tienen entre 13 y 17 de edad es de 30,7%".

En cambio, agrega que entre los mayores de 65 años sólo 6,2% vive en condiciones de pobreza.

Eso "muestra el éxito de las políticas previsionales" pero está señalando debilidades en la cobertura del sistema de protección social sobre niños y jóvenes", advierte. Si bien admite que el fenómeno de infantilización de la pobreza "se da en otros países de la región (...) en ninguno con la intensidad que se registra en Uruguay".

Una explicación a este comportamiento es "la persistencia de la pobreza y la indigencia en los hogares con jefe de familia mujer, generalmente monoparentales y con alta carga de dependencia de miembros no activos laboralmente".

Por ello, "la infantilización de la pobreza (...) opera como un poderoso factor de reproducción generacional de la pobreza", afirma.

De acuerdo al documento "hay coincidencias" entre el BID y el gobierno "en que las principales prioridades del país son los niños y niñas menores de 5 años, particularmente la franja de 0 a 3 años, al tiempo que también son un grupo prioritario los jóvenes mayores de 15 años que no estudian ni trabajan".

El organismo propone una "intervención integral" para los niños de menos de 3 años, que "concentre acciones de control prenatal, estimulación precoz y desarrollo infantil temprano".

Eso se podría hacer, "consolidando ciertas líneas de intervención de los Centros de Atención de Infancia y Familia (CAIF), pero ensayando también intervenciones innovadoras que pudieran ser evaluadas para determinar su costo-efectividad", se afirma.

Para los niños entre 4 y 5 años, sugiere como "prioridad" la "universalización" de la educación preescolar con "un abordaje integral que mejore la calidad educativa, de forma de reducir la brecha en las habilidades cognitivas de los niños en su transición al primer grado de la escuela primaria".

En cuanto a los adolescentes mayores de 15 años, aconseja "asegurar su permanencia y avance en el sistema de educación media" para lo cual se podría "reforzar experiencias innovadoras como las aulas comunitarias" ya que "brindan un apoyo psicosocial", además del pedagógico, que permite reconectarlos a la educación media.

Para los jóvenes de 18 a 24 años la "prioridad es el empleo" por lo que se debe promover "una inserción laboral juvenil dirigida hacia sectores de la economía en crecimiento y que generen empleos formales".