CONFLICTO

El sector en el que los derechos de patentes tiene mayor impacto desde el punto de vista económico, es el farmacéutico. Pero la realidad es difícil en Uruguay: las solicitudes de registros de patentes de invención (en todas las áreas de la actividad económicas del país), fueron solo 534 en 2021, según la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería. La mayoría de las solicitudes (498) fueron realzadas por no residentes y el resto (36) por residentes.

Las bajas cifras no vienen de ahora. Históricamente, las patentes de invención solicitadas -y también las otorgadas- en el país han sido escasas.

¿A qué se debe? La falta de recursos financieros para la investigación y desarrollo es, sin duda, una de las principales causas. Además, los tiempos de demora la DNPI para el examen y otorgamiento de patentes son muy largos, de entre 10 y 12 años aproximadamente.

Esto desmotiva al potencial solicitante de patente; pero también hay tantos intereses en juego en la industria farmacéutica, que pesan en la dinámica de este sistema.

La Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), que representa a laboratorios internacionales que desarrollan investigación e innovación (como Pfizer, Roche, Bayer, entre otros) acusa a la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) de mantener un lobby en contra del patentamiento en el país.

“Los laboratorios nacionales no inventan nada, lo que hacen es copiar los productos que se venden en el mercado. Pueden hacerlo porque estos no están patentados en el país. Si lo estuvieran, ya no los podrían copiar libremente, por eso se oponen a cualquier estímulo a patentar”, dijo a El País Daniel Garat, director ejecutivo de la CEFA.

“Cuánto más se demore y cuánto menos se patenten medicamentos en Uruguay, mejor para ellos”, reafirmó.

Garat agregó que si bien la ALN parece estar integrada por laboratorios nacionales -como el nombre de la asociación indica-, esto no sería así.

“Esa asociación está dominada por laboratorios argentinos, muy poderosos, y otros regionales, que suman cerca del 67% del mercado. En cambio, los laboratorios de CEFA, tenemos el 30% del mercado, pero somos los que innovamos”, afirmó.

Consultado sobre cómo los laboratorios de la ALN trancarían las iniciativas de patentar en el país, Garat ejemplificó: “Hubo una época en la que se oponían constantemente a cualquier solicitud de patente, solo para demorar los trámites. En la DNPI han mejorado los tiempos, pero han dicho que no tienen recursos humanos suficientes para examinar las patentes. Y las oposiciones sin sentido enlentecen esos procesos aún más”.

Empero, del lado de la ALN se cuestionan prácticas de los otros laboratorios. Esta gremial sostiene: “Patentes sí, monopolios no”. Álvaro Martínez, director ejecutivo de la ALN, dijo a El País: “Los laboratorios afiliados a la ALN producen la mayoría de los medicamentos que se consumen en el país y emplean, en forma directa e indirecta, a más de 5.000 trabajadores. Una cosa es incentivar la invención y otra es incentivar las solicitudes de patentes. Lo esencial es apoyar a los inventores uruguayos, no facilitar monopolios de empresas farmacéuticas internacionales”.

A su entender, los medicamentos en el mercado local tienen precios más bajos (que los que pondrían las multinacionales que los inventan) por la gestión de los laboratorios que conforman la ALN, los que “además -afirma- están empezando a incursionar en productos biosimilares, lo que representa una competencia de los productos biológicos de alto costo que provienen del exterior”.

Garat sale al cruce: “Podrán tener menor precio, pero son copias, no tienen la validez de los medicamentos originales”.

La disputa entre las gremiales es cada vez más que notoria. En el medio están los consumidores.

Uruguay no está adherido al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), el que podría agilizar procesos. Si bien Uruguay está suscrito al PCT, para que entre en vigencia falta que sea ratificado por el Parlamento.

A través del PCT el solicitante tiene la posibilidad de proteger su invención en casi todo el mundo (el tratado cuenta con 156 países adheridos), sin tener que hacerlo país por país, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

“No estar en el PCT representa una dificultad más para patentar. El último gobierno de Tabaré Vázquez presentó un proyecto de ley para ratificar ese tratado, pero el lobby de los llamados ‘laboratorios nacionales’ otra vez lo detuvo; no alcanzaron los votos”, dijo Garat.

Pero, según Martínez, por más de 50 años Uruguay ha sido renuente en adherirse al PCT “por las consecuencias perjudiciales que éste puede llegar a tener para la producción y el mercado nacional”.

Se refiere a que el servicio de la Oficina Internacional de Patentes, a través del PCT, puede hacer una calificación sobre la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de las patentes, lo que a su modo de ver, constituye una tercerización de una función que le debería corresponder solo a la DNPI. Aunque, este fundamento es visto por la CEFA como una “tranca más”.

En cualquier caso, la ALN afirma que no está en desacuerdo con todo el PCT per sé, sino con una adhesión de Uruguay total e irrestricta al mismo, de forma tal de evitar el ingreso sin restricción de patentes solicitadas por laboratorios extranjeros.

El País intentó hablar con Lucía Estrada, directora de la DNPI, pero desde esa dependencia se dijo que presentó renuncia y que no hay otra persona que pueda realizar declaraciones.

Según la CEFA hay otro factor inhibidor del patentamiento en Uruguay y es que la protección al desarrollo se obtiene una vez que es otorgada la patente (no antes), salvo que su desarrollo fundamental haya sido en el país, dice la normativa.

Antes, en la ley de 2001 había una “protección provisora” que aplicaba desde el momento en que se hacía la publicación de la invención (esto es, a los 18 meses de solicitar la patente), pero en 2013 esto se modificó y la protección aplica únicamente desde la concesión misma de la patente, salvo excepciones.

Para la CEFA el problema radica en que la condición de que el desarrollo fundamental sea realizado en el país es difícil de cumplir, por las complejidades de las invenciones farmacéuticas que requieren una escala mayor que Uruguay, por lo que con frecuencia se recurre al exterior; también para conseguir mayor financiamiento.

“Los inventores deben hacer estudios preclínicos, varias fases de pruebas, publicaciones científicas, y todo eso queda sin protección. No van a venir capitales de riesgo al país con una ley así, que protege tardíamente”, opinó Garat.

El “paquete” de factores inhibidores a la invención y al patentamiento en el mercado nacional ha llevado a que las instituciones que desarrollan “invenciones semillas” con investigadores uruguayos, terminen patentándolas en el exterior, generalmente en Estados Unidos.

Cabe aclarar que la producción de software no se patenta, sino que se registra como derechos de autor.