-TCP anunció un ajuste de sus tarifas de 24,1% y en el comunicado hace referencia a un informe técnico de CPA Ferrere. ¿Cuál fue el objetivo del trabajo?

-Es un tipo de trabajo que hacemos las firmas consultoras en el marco de la gestión de contratos entre privados o entre actores públicos y privados y de alguna forma tienen cláusulas de ajuste, paramétricas de costos y requieren la opinión de terceros sobre un tema puntual. Como firma consultora nos compete el secreto profesional, con lo cual hacemos referencia a algunas cosas que están en el resumen ejecutivo del trabajo que fue el que divulgó TCP. Somos asesores de TCP y hemos hecho distintos trabajos en los últimos 10 años.

En este caso, TCP tiene tarifas en dólares y costos en moneda local que se ajustan por inflación o por Índice Medio de Salarios y tiene otros costos que están en dólares y que se ajustan por la inflación de Estados Unidos, como por ejemplo contratos de mantenimiento de maquinaria. Al igual que ocurre con muchos exportadores se genera un descalce entre los costos y los ingresos por estructura de monedas, que requiere ajustes periódicos de tarifas asumiendo que todo lo demás está fijo. No es lo mismo este tipo de descalces en tiempos normales y tranquilos que en tiempos volátiles y en los últimos tres años tuvimos un contexto de mucha inflación en Estados Unidos como no había desde hace 40 años y en Uruguay un contexto de mucha inflación en dólares.

Analizamos la estructura de costos de TCP por moneda en base al balance y los contratos de TCP, el impacto que tuvo toda esta inflación de costos en el mercado en la estructura de costos específicos de TCP y con todo eso arriba de la mesa cuantificamos cuál es el aumento necesario de las tarifas para compensar estos aumentos de costos, asumiendo que todo lo demás está constante. Hay consideraciones que no las analizamos en este documento y no era el objetivo del mismo.

Estoy pensando cuando uno analiza una tarifa de una óptica más integral, uno debería analizar la eficiencia operacional de la compañía, cuánto va cambiado el volumen de operaciones en los últimos años, cuál es el entorno de negocios, cómo están los competidores. Eso no formó parte del trabajo.

-¿Qué conclusiones obtuvieron?

-Hay una que es información objetiva de lo que ocurrió en el mercado y ahí los números creo que son bastante claros y que trasciende la realidad del operador TCP y es la misma realidad que afecta a los sectores exportadores. Así, desde diciembre de 2020: la inflación en dólares en Uruguay fue 33%, los salarios en dólares en Uruguay aumentaron 33,5%, el precio del gasoil en dólares aumentó 54% y la inflación en EE.UU. fue 17%.

Todo esto implica que, para una función de producción dada, los costos promedio ponderado de estos indicadores aumentaron entre 17% y 33,5%. En el caso de TCP, hicimos un análisis de los costos de operaciones del año 2020 (año base antes de la rebaja de tarifas por extensión de la concesión), los clasificamos por moneda funcional y contractual y estimamos los ponderadores.

Concluimos que el 55% de los costos están atados a la inflación de EE.UU., el 26% son costos salariales y el 18% son gastos que evolucionan con la inflación de Uruguay. Así que algo más de la mitad de los costos crecieron al ritmo de la inflación estadounidense (es decir 17%), y el resto crecieron 33,5%. Eso da un aumento de costos promedio ponderado de 24,1%.

-Entonces, ¿cómo se fija la tarifa y qué incidencia tiene el informe de CPA en la fijación de la misma?

-La fijación es una decisión empresarial de TCP que está dentro del marco regulatorio vigente. Es una decisión de la compañía que tomó en cuenta distintas dimensiones de negocio.

Una de las dimensiones es este análisis de costo que hicimos nosotros porque está referido en el comunicado y seguramente también TCP habrá considerado otras cosas como el entorno competitivo, las tarifas de otros operadores, las tarifas de otros puertos.

Nosotros no fuimos parte de la decisión y no somos parte de la decisión de la compañía, ni en la interacción con los reguladores. Lo que produjimos fue un insumo más para la decisión, pero la decisión en definitiva la toma la compañía.

-¿Qué establece el marco regulatorio sobre la fijación de tarifas?

-El marco regulatorio de la concesión es amplio y tiene diversas aristas. En términos de tarifas, y para ser sintéticos, el decreto y el documento de Régimen de Gestión establecen que para un conjunto de servicios taxativos, TCP fija la tarifas libremente hasta los máximos definidos en un anexo del decreto.

En definitiva, la norma define tarifas máximas para algunos servicios. Esas tarifas máximas se actualizan en función de una fórmula paramétrica que es la misma que regula el ajuste del canon que paga TCP por la concesión; una fórmula que recoge la inflación en dólares de Uruguay y la inflación de EE.UU. Por la aplicación de esta fórmula, las tarifas máximas han ido subiendo, sobre todo en 2021 y 2022, pero las tarifas vigentes estaban congeladas luego de la rebaja del 2021, en un contexto en que todos los costos subieron. Entonces, TCP definió ajustar las tarifas dentro de este marco y dentro del marco de las tarifas máximas autorizadas.

-Teniendo en cuenta que a TCP se le renovó la concesión por un período largo (hasta 2083), lo que eleva el valor de la empresa y que el compromiso era bajar las tarifas, luego en dos años prácticamente se borra esa rebaja (había sido de 26%). ¿Esto evidencia un problema de regulación de la concesión?

-Es un tema bien complejo y bien pertinente la preocupación. En este informe no analizamos el tema de la regulación de la concesión, es un tema que sí analizamos en un informe que hicimos a pedido de TCP sobre los efectos económicos de la extensión de la concesión en 2021. En ese informe concluíamos varias cosas.

Primero, que la extensión de la concesión habilitaba un aumento del volumen de las operaciones de TCP, ello se podría traducir en ganancias de eficiencia estática (ganancias por una vez) y también ganancias de eficiencia dinámicas que se podían trasladar a una rebaja de precios a los usuarios finales y así se acordó esa rebaja de tarifas que mencionabas.

También decíamos que la extensión de la concesión implicaba priorizar la eficiencia, que se compita mejor en los servicios con otros puertos de la región pero eso suponía sacrificar la competencia intraportuaria, la competencia adentro del puerto a corto plazo. Por eso decíamos que en este marco donde teníamos un operador de mayor tamaño, había que evaluar reformas en materia de gobernanza y regulación de los servicios portuarios para justamente asegurar que estas ganancias de eficiencia dinámica se trasladen a los usuarios finales y se transformen en ganancias de bienestar general, no solamente ganancias del operador.

Eventualmente había que reformar el rol de ANP, que hoy cumple muchos roles que pueden tener conflicto de interés entre sí: prestadora de servicios portuarios, dueño de la infraestructura, accionista en TCP y también es el regulador de TCP. En cualquier diseño relativamente razonable, diría que estos roles deseablemente deberían estar separados.

Más allá del ajuste de tarifas comunicado por TCP, nuestra opinión es que la gobernanza del puerto necesita una revisión. Eso es así incluso antes del acuerdo de extensión de la concesión, pero esta gobernanza parece más necesaria después de la extensión de la concesión porque hay un operador privado que pasa a tener una participación importante y preferente en el movimiento de contenedores.