RECURSO

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Desde que en septiembre del año pasado el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el gobierno iba a “modernizar Ancap”, mediante la asociación con un actor privado para el rubro pórtland, el tema no hizo más que provocar disputas entre la empresa estatal y el sindicato.

A poco más de un año de ese anuncio y pese a que el Tribunal de Cuentas le dio el visto bueno, el proceso competitivo especial que Ancap comenzó en septiembre, está suspendido por un recurso administrativo presentado por el sindicato.

El presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic,había dicho a El País el pasado 12 de octubre, que la Federación Ancap (Fancap) había presentado el recurso sin aportar los fundamentos que explicaran el porqué del rechazo. Por lo que, desde el directorio entendían que el recurso sería levantado “en breve, sobre la base del perjuicio económico que genera el negocio” del pórtland para la compañía estatal. Sin embargo, desde el sindicato respondieron en ese entonces que aún estaban dentro del plazo previsto por la normativa para dar sus argumentos.

Eso fue lo que hizo Fancap ayer, al presentar ante la estatal un documento elaborado por el abogado y catedrático de derecho administrativo, grado cuatro de la Universidad de la República, Álvaro Richino, a través del cual se afirmó que el procedimiento que lleva adelante Ancap es “inconstitucional”.

En el documento -al que accedió El País- se señalan tres grandes observaciones. En términos generales, sostiene que el proceso de asociación va en contra del artículo 188 de la Constitución, el cual establece que “para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados (...) se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara” del Parlamento.

Asimismo, el documento elaborado por Richino -a pedido de Fancap- señala que la resolución del Tribunal de Cuentas que aprobó la asociación, hace referencia “a dos aspectos de cuestionable legalidad”.

Uno de ellos tiene que ver con la “improcedencia de la aplicación de las previsiones del artículo 37” del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), el cual establece “la posibilidad de crear regímenes y procedimientos” especiales. Según el informe, esos procedimientos previstos por el Tocaf “deben ser de carácter general” y no “específicos o particulares”, como señalan que ocurre en este caso.

El otro aspecto cuestionado refiere a que el procedimiento elaborado por Ancap establece la posibilidad de que adjudicatarios en procesos anteriores, puedan igualar la mejor oferta presentada en la etapa de adjudicación, aunque no hayan participado de la etapa previa de expresiones de interés y diálogo competitivo. Esto implica, según Richino, un “beneficio” que “viola, en forma clara y definitiva, el principio de igualdad de los oferentes”.

En Ancap defienden la legitimidad del proceso. Stipanicic dijo a El País que “el contraargumento más fuerte” es que la estatal “ya está asociada en el negocio del cemento” con la empresa argentina Loma Negra “desde mediados de los 90”, asociación que fue además ratificada en 2010 en ocasión de las inversiones en el negocio de la cal.

Además, dijo que el artículo 14 de la ley 16.753 “autoriza” la asociación con privados y recordó que en los 90 Fancap también “presentó una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo”, la cual “fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, por razón de que la acción carecía de legitimación”, señaló el presidente.

¿Se puede hablar de inconstitucionalidad? ¿Qué establece la normativa? El abogado constitucionalista Carlos Delpiazzo dijo a El País que el artículo 188 de la Constitución “no agota las posibilidades asociativas de las entidades estatales, ya que estas (como ha ocurrido en el caso de Ancap, la Administración Nacional de Puertos, el Banco República y muchas otras) pueden recibir por vía legal la atribución de asociarse en determinadas condiciones”.

Además, sobre el hecho de que algunas empresas puedan igualar la mejor oferta, Delpiazzo señaló que esa posibilidad “está prevista en nuestro Derecho”.

Por su parte, el abogado y profesor grado tres de derecho administrativo, Pablo Schiavi dijo a El País que “es exagerado catalogar (al proceso) como inconstitucional”.

Por un lado, porque “recién se está en la primera etapa de convocatoria”, y por otro, “porque se está cumpliendo con el artículo 37 del Tocaf y con el control por parte de la Agencia Reguladora de Compras Estatales”. Además, según Schiavi, el hecho de que el Tribunal de Cuentas diera “luz verde (al proceso), es un importante respaldo jurídico”.

Para el abogado, la discusión de fondo “es en verdad ideológica” y advirtió que se debe “tener cuidado al usar el término inconstitucional solo por no estar de acuerdo” con el proyecto.

Schiavi entiende que en este caso “el sindicato no tiene legitimación para impugnar una resolución del directorio que refiere a temas de gestión” de la empresa.

“Un mamarracho jurídico”

Secretario general de Fancap

Manuel Colina

Para el secretario general de Fancap, Manuel Colina, el proceso de asociación en el negocio del pórtland es “un mamarracho jurídico por donde se lo mire” . En diálogo con El País afirmó que el objetivo del sindicato es que el proceso tenga “tratamiento parlamentario” y que se apruebe a través de una ley. Por su parte, la presidenta del sindicato, Natalia Belo, dijo ayer en conferencia de prensa que aunque “política e ideológicamente” están “en contra de la entrega del patrimonio de Ancap a un privado”, la presentación del recurso administrativo tiene que ver con el convencimiento del sindicato en cuanto a que el procedimiento “va en contra de la Constitución”. En esta línea, Belo dijo que el negocio del pórtland “no está fundido” y “tiene posibilidades de desarrollo”.

“Un perjuicio económico”

Presidente de Ancap

Alejandro Stipanicic

El presidente de Ancap afirmó que la suspensión del procedimiento “no es algo grave”, en el entendido de que el directorio puede levantar el recurso, siempre y cuando lo haga con la “debida fundamentación”. Eso ocurrirá “en breve”, según Stipanicic, “sobre la base del perjuicio económico que genera el negocio” para la compañía. En relación al argumento del sindicato que señala que el proceso va en contra del artículo 188, el jerarca explicó que los tres quintos de votos que se precisan “no tienen nada que ver con lo que se está planeando hacer y se hizo en el pasado”. Esos votos “se requieren para que el capital privado se integre al ente autónomo. Es decir, no se crea una sociedad diferente del ente”, como sí sería en este caso.