El presupuesto de Uruguay -y de cualquier otro país- siempre requiere revisión, en especial cuando se determina que existen áreas programáticas que deberían ser mejor atendidas. Fue $ 805.000 millones (27,5% del PIB) el presupuesto anual de Uruguay definido en 2022, cuyos mayores destinos fueron a: seguridad social (20,2%), educación (16,3%), servicios públicos generales (13,8%), salud (11,8%) y administración financiera (10,4%).

Áreas como protección del medio ambiente, por su parte, se lleva el 0,3%; cultura y deporte 0,6; y ciencia, tecnología e innovación 0,4%. Esta última área se inserta en “Desarrollo económico”, al que se le destina el 6% de presupuesto.

Estos datos fueron relevados por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), en base a datos oficiales, pero el think tank estima que los porcentajes, hasta donde se conoce, no han variado mayormente desde la citada fecha.

El alto porcentaje de “seguridad social” se debe a las necesidades del sistema previsional, que tuvo una reforma para poder hacerlo sostenible, de acuerdo a las autoridades.

Sin embargo, el gasto en esa área bajó 5% de 2017 a 2022, principalmente por “menor asistencia financiera al BPS y reducción de partidas de algunas asignaciones familiares”, señaló Munyo en el informe.

Munyo hizo énfasis en varios “debes” que a su entender tiene el país, siendo uno de ellos el de la innovación, en especial considerando que el gobierno se ha propuesto convertir a Uruguay en un hub tecnológico regional, de la mano del sector privado y con la estrategia de atraer inversiones.

De 2017 a 2022, viendo las necesidades, las áreas que han recibido mayor incremento fueron: protección del medio ambiente (53%), protección social (48%), infraestructura, transporte y comunicaciones (39%) y servicios públicos generales (34%), entre otros.

En protección del medio ambiente, impactó el plan por US$ 17 millones de apoyo a intendencias para avanzar con el cierre de vertederos a cielo abierto y mejorar la gestión de residuos domiciliarios. Y en el área de infraestructura, transporte y comunicaciones, influyó la creación del programa “infraestructura ferroviaria”, que ha sido una gran apuesta del país.

En el reparto, entre las áreas que se llevaron menores incrementos en ese lapso están, dentro de la Administración financiera, “regulación, control y transparencia” (0,2%) y registros e información oficial (0,5%).

El área en la que más disminuyó el presupuesto de 2017 a 2022 fue: regulación, control y transparencia, con -40%. Esto ocurrió debido fundamentalmente a que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) pasaron a ser persona jurídica estatal descentralizada con la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La evolución del presupuesto ha tenido altibajos en las últimas décadas, habiéndose permanecido bastante estable de 2017 a 2022.

En 2007 ascendió a $ 469.000 millones (25,5% del PIB), pasó a $ 604.000 (24% del PIB) en 2012, $ 766.000 millones (27,4% del PBI) en 2017 y, tal como se mencionó inicialmente en esta nota, $ 805.000 millones (27,5% del PIB) en 2022.

Cabe agregar que el presupuesto quinquenal en este país se prepara en los primeros seis meses de mandato de cada nuevo gobierno y cuenta con revisiones anuales (rendiciones de cuentas), lo cual en la práctica, implica una lógica de funcionamiento anual.

Según Munyo, “existe cierta dificultad de seguimiento de la información, en términos funcionales (por programa) y para ver en qué cambian las asignaciones del Estado, tanto a lo largo del tiempo como en los motivos de dichas variaciones”. Es decir, esto ocurre desde antes del actual gobierno.

El economista de Ceres acusa de falta de centralización y calidad en muchos casos de la administración pública y en la multiplicidad de fuentes de información asociada a los gastos del Estado.