Ante la nueva transición energética a nivel mundial (la descarbonización), se destaca de Uruguay su potencial para producir hidrógeno verde —sin la participación de combustibles fósiles—, por lo que el sector privado cuenta con “muy buenas” expectativas, pero también pesa la “incertidumbre” de si el país podrá ser competitivo en el mercado global.
En los últimos años, diferentes empresas han avanzado con el estudio de factibilidad y la viabilidad ambiental para desarrollar proyectos vinculados al hidrógeno verde y sus derivados, abarcando desde la producción de metanol, combustibles sintéticos, o directamente hidrógeno para luego aplicarlo en el transporte de carga, dijo a El País el presidente de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno (AUH), Ignacio Morga.
Entre ellos, están el proyecto Tambor Green Hydrogen Hub, de Enertrag y SEG Ingeniería; HIF Global en Paysandú (que podría ser la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay) y H24U, llevado adelante por Saceem, CIR, Air Liquide y Fraylog.
Hay otros proyectos que están en etapas de prefactibilidad, por ejemplo enfocados en la producción de amoníaco, agregó Morga.
Las expectativas sobre los proyectos e inversiones en hidrógeno verde son “muy buenas”, según la socia de Deal Advisory en KPMG Uruguay, Magdalena Perutti. En este sentido, señaló que “ Uruguay es un país con condiciones naturales propicias para la producción de hidrógeno verde y también con condiciones institucionales como atraer a inversores globales a invertir en estos proyectos”.
“Sin embargo, aún se está en proceso de realizar rigurosos análisis técnicos, ambientales y económico-financieros que le den factibilidad. Una vez que estos proyectos encuentren la luz verde para iniciar el proceso de inversión y financiamiento son múltiples las oportunidades que se generan en producción de energía de fuentes renovables, captura de CO2 que cumpla con las condiciones de producción admitidas, logística de almacenamiento, logística de transporte y distribución, servicios, entre otros”, añadió.
Perutti destacó que estos proyectos actualmente son demandantes de “altas inversiones, que redundan en precios aún altos”, por lo que encontrar “clientes dispuestos a pagar ese sobreprecio y comprometerse a largo plazo es un requerimiento fundamental para dar luz verde a la factibilidad”.
No obstante, el presidente de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), Martín Bocage, señaló que la nueva transición energética es aún “incipiente y hay mucha incertidumbre; en particular tecnológica y de mercados”.
Si bien entiende posible lo marcado en la hoja de ruta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre las instalación de 9.000 megavatios (MW) de electrolizadores para el año 2040, para lo que se requieren 18.000 MW adicionales de energías renovables, destacó que “el desafío es grande, la incertidumbre mucha y en un marco de competencia con otros países que se posicionan cómo líderes en la producción de hidrógeno verde y derivados”, como lo son Brasil, Chile, Estados Unidos, entre otros.
En esta línea, Morga sostuvo que desde la asociación tienen una “enorme expectativa” sobre los proyectos que podrían concretarse en Uruguay en el mediano plazo, y visualizan “que la cadena de valor del hidrógeno podría convertirse en uno de los sectores de actividad más pujantes del país, generando un importante derrame en la economía nacional, además del permitir al Uruguay avanzar hacia las metas de descarbonización”.
“Aunque la expectativa y motivación son grandes, somos conscientes que los desafíos para los proyectos como para el país son enormes y para que avancen algunas de las iniciativas, deben suceder muchas cosas en ese sentido”, agregó.
En esta línea, el principal requerimiento mencionado por los privados para un buen desarrollo del sector, es alcanzar “buenos niveles de competitividad”.
Para ello, señalaron que se necesitan condiciones naturales acordes para el desarrollo de la actividad -las cuales afirmaron que Uruguay tiene- y también se precisa un marco institucional, regulatorio y económico que vaya de la mano.
Según Bocage, el marco regulatorio debe dar “agilidad a las empresas” para la toma de decisiones y certezas sobre dónde se pueden instalar, concretamente cuáles son las inversiones y proyectos que se podrían ver en el país.
Asimismo, dijo que “hay gran incertidumbre sobre la capacidad de Uruguay de competir en el sector. Si no logramos ser competitivos, estas inversiones no se realizarán”.
Bocage señaló que hay otros países que ya otorgan regímenes de zona franca para proyectos de hidrógeno, por lo que el país debería ir en la misma línea.
Por su parte, Morga añadió la necesidad de implementar en el corto plazo políticas específicas de incentivo fiscal para la cadena de valor, como también estandarizar los procesos de evaluación ambiental y territorial, disponer de guías que permitan a todos los actores mejorar los tiempos de gestión, acordar con el sector público estrategias de desarrollo de las infraestructuras y propiciar condiciones macroeconómicas adecuadas para la inversión.
En tanto, el CEO de Teyma, Luis Gallo, dijo que ve “muy necesario que se logre una adecuada articulación de los sectores público y privado con el objetivo de optimizar inversiones”.
Para el buen desarrollo de la actividad, según Bocage, el camino a recorrer se puede dividir en dos etapas. La primera, hasta el 2030, cuando Uruguay debe posicionarse como lugar de producción. El país “cuenta con infraestructura casi óptima para el desarrollo de tres o cuatro proyectos de escala mediana”, dijo.
La segunda, entre 2030 y 2040, es cuándo se concretarían las grandes inversiones, siendo necesario el desarrollo de nueva infraestructura a través de concesiones, sin que el Estado tome riesgos en inversiones que luego no tengan retornos.
El "derrame" económico esperado
En caso de desarrollarse estas inversiones, Bocage sostuvo que “por cada dólar exonerado habrá un derrame muy importante en la economía por sueldos, recaudación de impuestos indirectos y generación de exportaciones”.
La cadena de valor del hidrógeno verde “es muy amplia”. En este sentido, señaló que dentro de las actividades beneficiadas por los objetivos trazados en la hoja de ruta del ministerio, estarían la construcción -que tendría una alta demanda durante el período 2030-2040-, con un “equivalente a casi una planta de celulosa por año durante todos los años de la década”.
Otro sector es el logístico porque esta actividad es necesaria en la etapa de construcción, al requerirse mover la maquinaria para la instalación de las plantas de renovables. “Pensar en 18.000 MW de renovables, es multiplicar la cantidad instalada actual por 10 en 10 años. La logística también será imprescindible para la etapa de operación de las plantas, más precisamente para mover el producto final hasta un puerto apto para estos productos. Para el 2040, el volumen de producto a mover puede ser similar a la industria de celulosa; es decir 4 o 5 millones de toneladas” al año, afirmó.
A esto, agregó que el interior del país puede verse beneficiado ya que las instalaciones se harían allí.
Por su parte, Morga destacó que una de las características principales de esta nueva transición energética es que tiene un alcance “muy superior” al desarrollo de la energía eólica de la década pasada. Estimó que el sector de la generación de energía renovable captará gran parte de las inversiones asociadas a los proyectos, aumentando así, las capacidades ya disponibles en el país. Además, espera que el sector industrial, vinculado a la producción de hidrógeno y sus derivados, se desarrolle tomando un “rol preponderante en la economía nacional”.
En tanto, Gallo, agregó el impulso en el sector financiero y el forestal, este último es de especial relevancia para los combustibles derivados del hidrógeno verde, “lo que posiciona muy bien al Uruguay debido a la existencia de varias plantas de biomasa que podrán proveer el CO2 de origen biogénico”.