CAMBIOS

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A los 15 años de entrada en vigencia de la reforma tributaria del año 2007, en Uruguay y después de la crisis económica que provocó la pandemia del covid-19, un grupo de especialistas del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), entiende que es necesario que el país avance en una nueva reforma impositiva.

Este grupo de expertos, conformado por el economista Carlos Grau-Pérez; el contador público y especialista tributario, Gustavo Viñales; y el economista y exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo; presentó ayer un documento con los principales lineamientos que, a su entender, debería incluir una reforma tributaria de segunda generación.

Si bien afirmaron que la actual estructura tributaria uruguaya requiere cambios, explicaron que no se trataría de una reforma radical con cambios drásticos, sino que implicaría la incorporación de innovaciones para mejorar el funcionamiento del sistema actual.

Entre los principales cambios, los expertos propusieron: “mitigar el sesgo regresivo” que tiene el Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la introducción del IVA personalizado; un rediseño integral del Impuesto Específico Interno (Imesi); sostener el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS); fortalecer la imposición sobre el Patrimonio y la riqueza (incluídas las herencias); rediseñar y aumentar la tributación sobre las rentas empresariales; así como la revisión de la tributación a trabajadores autónomos y micro y pequeñas empresas.

Para cumplir con el objetivo de que el sistema tributario sea “bueno, bonito y barato”, es decir: que sea suficiente, eficiente, equitativo, que cuente con apoyo político, que genere incentivos al desarrollo ambiental sostenible y que sea inclusivo a nivel social, existen actualmente “tanto amenazas, como oportunidades a considerar”, según Grau-Pérez.

Algunos de los obstáculos actuales, según los expertos, son: una progresiva erosión de las bases imponibles, debido a cambios en el mundo del trabajo, la deslocalización de los factores productivos y las estructuras jurídicas, como también el crecimiento del comercio digital; una “disconformidad con el nivel actual del gasto tributario” (exoneraciones y beneficios fiscales), que representa aproximadamente seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB); así como también una “necesidad creciente” de contar con más fondos que permitan financiar una “adecuada provisión” de los servicios públicos.

Por el lado de las oportunidades, los especialistas del Cinve pusieron el foco en un escenario internacional “propicio”, principalmente debido a la propuesta de imposición mínima global sobre las rentas empresariales; la existencia de “nuevas visiones” acerca de la conveniencia del uso de determinados instrumentos tributarios; los cambios tecnológicos a partir de los cuales se crearon condiciones para aumentar la productividad.

Los expertos del Cinve explicaron que se requieren cambios de diseño en algunas de las herramientras tributarias vigentes, pero afirmaron que “no debería contemplarse la creación de nuevos impuestos”.

La transformación “más relevante”, según explicaron Grau-Pérez y Viñales, tiene que ver con la introducción del IVA Personalizado. Esta herramienta consiste en que cada persona pague ese impuesto según su capacidad contributiva. Los especialistas dijeron que se disminuye el carácter “regresivo” del IVA ,“bajo soluciones personalizadas y no universales”.

Además, explicaron que permitiría la generalización de las bases imponibles y la unificación a una tasa básica única, eliminando exoneraciones y tasas reducidas diferenciales, como las que rigen actualmente.

También propusieron avanzar hacia un IVA Digital, para gravar todas las operaciones digitales y los consumos por prestaciones de servicios deslocalizados, es decir que no estén en Uruguay. El objetivo es “alcanzar a la generalización de los servicios digitales bajo una nueva lógica de imposición, donde el lugar de realización del hecho imponible (nacimiento de la obligación tributaria) está definida a partir el lugar de residencia habitual del consumidor” y no de la empresa, explicaron.

Por otra parte, propusieron incluir el IVA Agropecuario en el régimen general para que alcance a todas las transacciones de compraventa de bienes y servicios realizadas por este sector, “superando el actual sistema de IVA en suspenso”. Según Viñales, “sigue habiendo bolsones de evasión” en este sector, por lo que su inclusión “eliminará las perforaciones e ineficiencias del sistema actual”.

En el caso de las rentas empresariales, señalaron que se debe ampliar la recaudación efectiva generada y adoptar un umbral mínimo de imposición efectiva sobre rentas de las actividades empresariales (rentas contables y no solo fiscales), del 15%. “A este impuesto vamos a tener que pedirle más esfuerzo, puede y debe rendir más”, indicó Grau-Pérez.

En relación al Impuesto al Patrimonio, Viñales dijo que “está perforado y desactualizado”, por lo que se deberían revisar los niveles actuales de: mínimo no imponible, de alícuotas y franjas progresivas; así como revisar el actual criterio de territorialidad (dado que los activos en el exterior no se gravan y no se declaran); y eliminar las exoneraciones genéricas.