Uruguay tendrá en 2024, año electoral, una economía con bajo crecimiento, “cara” y una situación fiscal “delicada” que dejará “sin margen de maniobra” al gobierno que asuma en 2025. Todo eso en un contexto global (de guerras) y regional (con un nuevo gobierno en Argentina) que representa un “viento en contra”.

Ese es el panorama que presentó Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), en su evento ayer en el Club de Golf, donde destacó, entre otros temas, que “la próxima administración no tendrá margen para aumentar el gasto, ni para subir impuestos, por lo que deberá apelar a la eficiencia del Estado”.

“Estamos 65% más caros que Argentina, 45% más que Brasil, 25% por encima de la Unión Europea y 23% más que Estados Unidos”, dijo Munyo.

Ese panorama de una economía uruguaya “cara” respecto a sus competidores, no tendrá cambios a corto plazo, agregó.

En el caso de Argentina, la brecha cambiaria que afecta a los comercios de frontera en Uruguay, que ven cómo se “escapan” ventas hacia el país vecino, puede achicarse, pero no se sabe cuánto ni cuándo. “Las medidas de Argentina -con el presidente electo Javier Milei- provocarán también más inflación”, al menos hasta que se vayan acomodando las variables y eso acortará la brecha cambiaria con Uruguay, explicó Munyo.

Una de las principales preocupaciones es que el déficit fiscal alcanzó el 4,4% (muy similar a la prepandemia). Y se acompaña de una caída de la recaudación (-1,6%) y aumento del gasto (+4,5 %), en los últimos 12 meses.

Midiendo el período de este gobierno hasta ahora, el aumento del gasto público es del 2,9% (lo que contrasta con administraciones anteriores: la de José Mujica registró casi 29% de aumento del gasto público, y la de Tabaré Vázquez 12,6%).

El gasto en relación al Producto Interno Bruto (PIB) sigue prácticamente igual que en 2019 (actualmente es 30% del PIB vs. 30,2% del PIB en 2019).

“El gasto va a seguir creciendo y va a ser difícil cerrar ese déficit. El próximo gobierno recibirá un contexto externo adverso y una situación fiscal sin margen de maniobra (sí de redistribución); será riesgoso aumentar la carga tributaria”, afirmó Munyo.

“Hay inercia, pero también muchas políticas se han lanzado y las debería seguir el próximo gobierno. Y acá es importante la velocidad con que se hagan las cosas”, opinó.

A su juicio, “en la reforma del Estado se juega el partido”. La misma, ya aprobada, está en espera de un decreto reglamentario que quedará para el próximo gobierno.

No es de fácil implementación, considerando que establece la eliminación de más de 1.200 compensaciones salariales, corregir el ausentismo laboral, superar la barrera para contratar jóvenes capacitados con ofrecimientos salariales por debajo del sector privado, además de intereses en juego.

“El Estado no es operativo para salir de la inercia”, reiteró Munyo, como un pendiente que está traccionando hacia atrás el desarrollo.

En esta línea, propuso nutrir al Estado de 100 puestos gerenciales claves para su funcionamiento eficaz en las distintas unidades ejecutoras y las unidades dependientes de Presidencia de la República.

Munyo utilizó una analogía gastronómica para definir que las ideas están, pero se ejecutan mal y tarde: “La administración central sabe hacer un buen chivito, con lechuga, tomate, etc. Pero, está fallando el delivery, porque el chivito llega frío y además con las papas fritas frías”.

Uruguay no ha cambiado mucho en la última décadas y, por ende, se han acentuado las brechas de sus indicadores de desarrollo en relación a países similares (en cuanto a tamaño, índices de democracia y prosperidad), pero que sirven como grupo objetivo.

De hecho, el PIB per cápita de Uruguay es la mitad del promedio del grupo objetivo, según el Monitor de Desarrollo de Ceres. En ese sentido, Uruguay debería mejorar en varias áreas.

“Hay que reacelerar el crecimiento económico con apertura comercial”, insistió Munyo. Para ello -señaló- son claves los acuerdos, como el de la Unión Europea-Mercosur (con expectativa de avance para los próximos días) y el Tratado Transpacífico (Cptpp, por sus siglas en inglés), al que Uruguay solicitó ser miembro pleno). Asimismo identifica oportunidades en la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Uruguay podría ser miembro pleno.

Destacó a Japón, como player líder a tener en la mira y recordó que la Expo Osaka se realizará en abril de 2025. “Se necesita aumentar nuestra oferta exportadora”, agregó a modo de recomendación.

Existen potencialidades que el próximo gobierno -y el país en general- podrían aprovechar, como la forestación (como política de Estado), que representó exportaciones equivalentes al 3,5 % del PIB en 2022 y subió al 5 % en 2023.

Y para más adelante, Munyo mencionó las energías renovables con un potencial de exportación de US$ 3.000 millones anuales; el riego en 5.000 hectáreas de tierras que significarían US$ 600 millones en exportaciones (por el impacto positivo en mayor producción de soja, carne y leche); y la pesca que podría aumentar a US$ 120 millones en exportaciones sin afectar la sostenibilidad, afirmó. “Pero para aumentar las exportaciones, primero hay que invertir más”, advirtió.

También se necesita capital humano y para ello es necesario atraer más inmigración, mejorar la educación y flexibilizar la regulación laboral.

A eso sumó una mejor coordinación de planes en materia de vivienda, atención a la primera infancia y a los liberados de las cárceles, para reducir la pobreza y mejorar la seguridad.

El gabinete de Milei tiene gente capacitada y moderada, según Munyo, para quien la clave en Argentina pasa por un gasto público consolidado, luego de su enorme escalada.

“Milei propone una redución del gasto público del 15 % del PBI; es utópico. Significa eliminación de subsidios y de transferencias a las provincias, etcétera”, dijo.

“El plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el Pit-Cnt es un riesgo”, opinó el economista Ignacio Munyo.

A su entender, si llegara a salir adelante con los votos que se requieren, complicaría mucho la gestión del próximo gobierno (sea cual sea), ya que deberá hacer frente a los aumentos de gasto que traerá aparejada esa medida.

La propuesta del Pit-Cnt plantea, entre varios puntos, subir la jubilación mínima, volver a los 60 años de edad de jubilación mínima (algo que estaba desde 1904, con una menor expectativa de vida que hoy) y todo esto hace aumentar el gasto y para cubrirlo se propone “aumento dañino” de impuestos, dijo Munyo.

El economista afirmó que, tal como está planteado, la propuesta del Pit-Cnt abre puertas a potenciales juicios al Estado, de pasar los ahorros del sistema de las AFAP al general.

Recordó que el gobierno de Cristina Fernández eliminó el sistema privado de prestaciones en 2008, con lo que los ahorros pasaron a ser gestionados por el sistema estatal (Anses), y esto generó una baja automática de la calificación de riesgo soberano (de B a B-, por S&P Global Ratings), además de aumentar el riesgo país. Y que hoy está catalogado co-mo el peor sistema del mundo.

El Pit-Cnt debe reunir las firmas del 10% del padrón electoral antes del 27 de abril.