INICIATIVA

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El proyecto de ley para regular las tasas de interés de los créditos a las familias y fijar nuevos límites a lo que se considera usura (promovido por Cabildo Abierto y el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña) sigue generando reparos.Ya los evidenciaronel Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central (BCU), la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y en los últimos días fue la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas (Aneac).

Actualmente, el mercado regulado de crédito a las familias está constituidos por 41 empresas supervisadas por el BCU entre bancos, cooperativas y administradoras de crédito, a los que hay que sumar otros jugadores que no están regulados por el BCU como casas comerciales, particulares.

El crédito a las familias es del entorno de US$ 6.000 millones. De ese monto, cerca del 50% lo dan los bancos públicos (República e Hipotecario), el 30% los bancos privados y el 20% las administradoras de crédito y cooperativas.

Eso es en monto, pero en cantidad de personas, crece la participación de las entidades no bancarias.

En una comparecencia ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente de la Aneac, Alejandro Grasso señaló que según datos de la firma “Exante -una de las que más maneja el tema del mercado de créditos en Uruguay-, ‘las entidades financieras no bancarias, que reportan información a la Central de Riesgos del Banco Central, atendían a octubre de 2020 a más de un millón de personas que toman crédito en Uruguay’. Además, la consultora sostiene que ‘el solapamiento de los universos de clientes de los bancos y entidades no bancarias es solo parcial; más de 500.000 personas tenían saldos activos exclusivamente con entidades no bancarias’ -quiere decir que estas personas no participan del sistema bancario como cliente de crédito- y ‘eso significa que el 33% de la población que tenía crédito en Uruguay, lo tenía contratado únicamente con entidades no bancarias’”.

El proyecto de ley limita el cálculo de tasa media (sobre la que se establece el tope de usura) a que solo participen las instituciones financieras y establece que no debieran incorporarse en el cálculo de la tasa media otras instituciones. Eso haría que parte de las operaciones del mercado (como los créditos que dan administradoras de crédito y cooperativas) no se reflejen para el cálculo del tope de usura.

“Vemos necesario plantear la importancia de que los topes de usura se fijen teniendo en cuenta también al segmento de mercado que es atendido por las entidades que representamos. En definitiva, se trata de 500.000 personas que quedarían desatendidas por otros mercados”, afirmó Grasso.

Explicó que “hay un segmento de la población que solo es atendido por las entidades no bancarias. Este segmento está integrado por personas más vulnerables que las que atienden las entidades bancarias y, por tanto, más riesgosas desde el punto de vista crediticio. Por este motivo, la tasa asociada a este tipo de créditos exige una mayor prima por riesgo, asociada a las pérdidas por incobrabilidad. Adicionalmente, los créditos a este segmento suelen ser de menores montos. Al respecto cabe subrayar que la mayoría de los costos operativos son fijos por cada crédito; es decir, no dependen del monto otorgado. De esta forma, cuanto menor sea el monto del crédito, mayor será el peso de los costos por unidad de crédito. Nuevamente, esto exige que la tasa sea mayor porque porcentualmente el peso de los costos es mayor”.

El presidente de la Aneac dijo además que “el racionamiento del crédito limitaría el acceso a liquidez de un segmento de la población y, eventualmente, desplazaría a los usuarios hacia el mercado informal. Es decir, fijar topes no representativos del mercado podría terminar perjudicando, precisamente, a los grupos de población que se pretende beneficiar, que son los más vulnerables”.

“Adicionalmente, la reducción de las tasas y el consecuente racionamiento del crédito pueden provocar una reducción de la cantidad de instituciones financieras o de sus sucursales, lo cual afectaría también al empleo en el sector y a la competencia que hoy se da por ser, como decíamos, un mercado totalmente abierto”, agregó.

El secretario de la Aneac, Nelson Borreani dijo que “según los estudios que solicitamos, de implementarse el proyecto presentado, habrá consecuencias negativas que contradicen incluso los objetivos que se persiguen. Entre otros, conducirá a un aumento de las tasas de interés, a un aumento del racionamiento del crédito y al desplazamiento de deudores hacia el mercado informal. En definitiva, terminará afectando negativamente a la población que pretende favorecer y a todos los usuarios del crédito”.

Borreani argumentó que “el artículo 20 del proyecto otorga al juez la potestad de definir si las empresas financieras han actuado con culpa al momento de otorgar los créditos y, en dicho caso, se perdonarán los adeudos sin más trámite, pero no establece reglas claras para definir cuándo se actúa con culpa y cuándo no. De la forma en que está planteado, el proceso judicial estaría otorgando excesiva discrecionalidad al juez, por lo que las empresas financieras no tendrían una pauta de actuación clara a la cual atenerse. Ello podría llevar a que estas sean excesivamente cautelosas a la hora de otorgar un crédito y eviten dar financiamiento a personas que tengan capacidad de pago más comprometida. Por esto, limitaría el acceso a financiamiento de las personas que trata de proteger”.

El presidente de la Aneac, Alejandro Grasso dijo que “con el objetivo de proteger al usuario financiero y de generar mayor bienestar en los consumidores, se podrían adoptar medidas que favorecieran la disminución de las tasas (de interés) sin efectos colaterales negativos, así como también medidas que aseguraran la calidad de los servicios prestados”.

Al respecto, planteó que “si las entidades que otorgan créditos tuvieran mayor y mejor acceso a información, sería beneficioso para reducir riesgos y disminuir costos. En particular, garantizar y facilitar el acceso a la información de los clientes que está en poder de entidades públicas -siempre con el consentimiento de estos- permitiría, por un lado, mejorar la evaluación crediticia del deudor y, por otro, reducir los costos de otorgamiento, sobre todo si se habilita la automatización del acceso a la información”.

“Además, y como recomendación particular, vemos que ampliar la información con la que cuenta la central de riesgos del Banco Central, incluyendo a más entidades, permitiría realizar una mejor evaluación crediticia de los deudores, ya que se obtendría mayor información de estos”, añadió.

El otro aspecto en que hizo hincapié Grasso fue en que “el riesgo asociado al cliente es un factor clave a la hora de determinar la tasa de un crédito. Por este motivo vemos que podría ser beneficiosa una regulación en la cual los topes estuvieran asociados al nivel de riesgo del cliente. De esta forma, a los clientes más riesgosos les aplicarían mayores topes, lo cual permitiría su acceso al crédito y, sobre todo, se mantendrían topes representativos del mercado en el que están operando”.

Por último, dijo que a nivel de la Aneac se trabaja “en la creación de un protocolo de buenas prácticas para las gestiones de cobro de nuestras empresas o empresas de recupero que trabajen para ellas”.