El senador del Partido Nacional, Sergio Botana presentó un proyecto de ley con el que busca regular la actividad de las máquinas tragamonedas en Uruguay. El objetivo principal, según dijo a El País, es “regular lo inevitable” y controlar esta actividad para impedir el ingreso de narcotraficantes a este mercado.

Se estima que en Uruguay hay entre unas 40.000 y 50.000 máquinas tragamonedas, “slots” clandestinos. La actividad no está regulada y por eso ha sido, desde hace más de una década, motivo de disputa y de demandas entre la Dirección General de Casinos (DGC) -que afirma que la operativa es ilegal- y los dueños de las máquinas que -nucleados en la Cámara Uruguaya de Entretenimientos (CUDE)- defienden lo contrario.

La diferencia está en la normativa en la que se basa cada una de las partes, sin embargo, según la gremial, la Justicia terminó por darle la razón a los privados en cada demanda presentada.

Pese a estas discrepancias, el mercado de las máquinas tragamonedas está consolidado y expandido en todo el país. De hecho, la propia DGC admitió que la “competencia ilegítima” aprovechó los espacios que esta área del MEF fue “abandonando” debido a “criterios contradictorios y hasta erráticos” que reflejan “asimetrías” entre la DGC y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ, también unidad ejecutora del MEF), según consta en la respuesta a un pedido de información hecho por el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y consignado por el semanario Búsqueda.

A lo largo de los últimos años, se han presentado múltiples iniciativas con el objetivo de regular la actividad pero ninguna se aprobó. Según Botana, la falta de éxito se debió a que esos proyectos tenían “un encare de promoción” de la actividad, mientras que este busca “limitar, regular, controlar y evitar todo riesgo”. Por ese motivo, el senador confía en que la iniciativa prospere dado que el contenido del proyecto fue “conversado con todos los actores políticos, autoridades de gobierno y del sector privado”.

El proyecto ingresó este martes a la Comisión de Hacienda del Senado y se espera que sea tratado en las próximas semanas.

“Ha habido una mayor percepción del riesgo (que implica esta actividad desregulada) y un cambio de actitud. Los que pensaban que no era bueno regular, ahora están percibiendo que sí existe un riesgo y que hay que meterle el diente a esto. Hablé con todos los actores involucrados y se reconoce que existe el riesgo de que algunos grupos vinculados al narcotráfico” formen parte del negocio, señaló Botana.

El proyecto autoriza la explotación comercial de las máquinas tragamonedas y define que podrán ser instaladas en “locales comerciales habilitados, cuyo giro principal sea cantinas, pubs, salones, bares, restaurantes, hoteles hasta tres estrellas y similares”. Asimismo, establece un tope máximo de hasta 25 máquinas por cada local comercial.

Se plantea que el máximo de “slots” que pueden operar en el país será de 25.000 y la cantidad de máquinas otorgadas a cada operador variará en función de diferentes criterios tales como la antigüedad, el monto de la garantía, el precio del permiso en relación a la cantidad de maquinas solicitadas, entre otros. El mínimo de máquinas adjudicadas a cada operador será de 50 y el máximo de 500.

Además, solo podrán ser operadores las personas físicas titulares de las máquinas que estén inscriptas ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). Estas personas “deberán acreditar solvencia, idoneidad y permanencia ininterrumpida en la actividad en los últimos seis años” a partir de la promulgación de la ley.

Asimismo, los titulares de las empresas operadoras solo podrán ser ciudadanos legales o naturales y deben estar libre de antecedentes penales, dado que “es de interés” evitar el ingreso de “eventuales grupos extranjeros que puedan estar vinculados con actividades delictivas, ya sea venta de droga y posible lavado de activos”, señala el proyecto.

Por otra parte, se establece la obligatoriedad de que todos los titulares de “slots” conformen una cámara para identificar a los permisarios autorizados. Estos “deberán cumplir con sus obligaciones, tanto fiscales como de pago de premios y garantía, y por lo tanto se crea un sistema similar al de la Banca de Quinielas”.

La normativa prevé además que sea el LATU el encargado de certificar que los programas de juego cumplan con determinados requisitos, como por ejemplo, asegurar que el porcentaje de retorno al público no puede ser inferior al 85%.

Otro aspecto planteado en el proyecto es la creación de un registro de operadores de “slots” así como de fabricantes, máquinas electrónicas, juegos autorizados y de contratos de explotación, el cual dependerá de la Dirección General de Registro del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, los tragamonedas deberán tener un número de matrícula, el cual será intransferible y permitirá identificar cada máquina.

En términos tributarios, la normativa plantea gravar la actividad con un único impuesto del 15% sobre la ganancia de la máquina. Para estimar ese tributo, se tomarán los ingresos por apuesta de cada máquina a los que se les restará la totalidad de los premios otorgados.

De ese impuesto, el 12% será para un Fondo de Fomento Municipal (cuya creación se establece en el mismo texto), encargado de habilitar los locales y fiscalizar la actividad; 1% para el funcionamiento de la cámara, 1% para la tarea del LATU y 1% para el MEC. Para quienes incumplan la ley, en caso de aprobarse, se establecen multas que pueden ir desde un mínimo de 100 y un máximo de 1.500 unidades reajustables.