ENERGÍA
El año próximo se buscará focalizar el subsidio para que contemple a los sectores socioeconómicos más vulnerables.
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El gobierno se plantea modificar el subsidio al supergás para que deje de ser general y pase a estar focalizado en los sectores de la sociedad más vulnerables. El objetivo es poder hacerlo el próximo año, pero ya implementó una “prueba piloto” que le servirá como ensayo previo a la modificación, según indicó a El País el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
Aunque no de forma explícita, esa primera prueba fue anunciada en conferencia de prensa el pasado 17 de mayo, cuando el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema informó que el gobierno daría un descuento de hasta 50% en el precio de venta al público de garrafas de 13 kg de supergás, para hogares en situación de vulnerabilidad.
Esa medida —que comenzó a regir el pasado miércoles— está dirigida solamente a los consumidores finales beneficiarios de la Tarjeta Uruguay social, Asignaciones familiares del plan de equidad, Asignaciones familiares por el Banco de Previsión Social y titulares del programa Asistencia a la vejez
El descuento de hasta el 50% y la decisión de congelar el precio del supergás hasta fines de septiembre, implica para Ancap un costo adicional de entre US$ 7 y US$ 8 millones
“Es una buena medida para tomar de impulso a ver cuánto podemos dirigir el subsidio a la demanda. Vamos a probar si esto funciona o no. Fue planteado como una primera gran prueba”, indicó el presidente de Ancap.
En la misma línea, el 1° de abril el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero dijo a El Espectador que este es un tema prioritarioen la agenda del gobierno y que responde a “un tema de justicia: alguien que puede pagar más y alguien que pueda pagar menos”.
El descuento de hasta el 50% (en hasta cuatro garrafas), sumado a la decisión de congelar el precio del supergás hasta fines de septiembre, implica para Ancap un costo adicional de entre US$ 7 y US$ 8 millones.
“Teniendo en cuenta el costo total, esto (por el impacto de las dos medidas) no es significativo, no mueve la aguja. El problema grande sigue estando”, dijo Stipanicic en relación al costo que le genera el subsidio a Ancap.
Stipanicic: “Es la prueba piloto para ver si el año que viene podemos empezar a segmentar la demanda".
Actualmente, el subsidio supera los US$ 100 millones anuales y es financiado en su totalidad por la compañía estatal. En 2021, Ancap tuvo que resignar US$ 108 millones de ingresos por el subsidio.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ya tiene un programa de subsidio en el precio de las garrafas que comenzó a implementar en el año 2018. Sin embargo, desde Ancap entienden que “no funcionó” porque la medida llegó a 2.500 hogares en lugar de a los 300.000 que inicialmente estaban previstos por la empresa estatal.
“Ahora desde el gobierno están haciéndolo mucho más ambicioso”, dijo Stipanicic en relación a los 200.000 hogares beneficiarios de estas dos medidas.
“Es la prueba piloto para ver si el año que viene podemos empezar a segmentar la demanda, que sería lo lógico porque sino no levantamos más esto”, añadió el jerarca en relación al peso que implica para Ancap el subsidio actual.
El gobierno renegocia los contratos con privados
Actualmente el gobierno y Ancap analizan modificaciones en el mercado del supergás. Los contratos que la compañía estatal tiene firmados con las distribuidoras de supergás vencen el próximo 28 de febrero de 2023 y el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, ya anunció a las distribuidoras que no hay intención de renovarlos tal y como están formulados hoy.
Según dijo el jerarca, el pasado 5 de abril al presentar los resultados financieros de Ancap, los contratos actuales con las distribuidoras “están sobre la base de costos de otra época”, y por eso buscarán cambiarlos.
En 2020, el Poder Ejecutivo exhortó a Ancap a que denunciara los contratos que mantiene con las distribuidoras.
Entre los contratos que vencen en 2023 está el de arrendamiento y suministro de GLP entre Ancap y Gasur, otro de operación y mantenimiento entre Gasur y Acodike y entre Gasur y Riogas, y a su vez hay otro contrato de suministro de GLP envasado entre Gasur y los distribuidores Acodike, Riogas y Ducsa (de Ancap).
De acuerdo con Stipanicic, hay una “premisa básica” y es que “el subsidio no puede ser para todos”. Además, dijo que se debe atender también al consumidor de las garrafas de tres kilos, “que es el que termina pagando mucho más” por el producto.
Actualmente, por cada kilo de supergás envasado que se vende, Ancap percibe como ingreso real $ 17,43, la cadena de comercialización $ 34,33 y otros $ 11, 48 corresponden a tasas e impuestos.
Según cifras de Ancap, el peso de los factores que componen el precio de un kilo de supergás están divididos de la siguiente manera: 28% son ingresos de la empresa estatal, 54% se va en la cadena de comercialización y la carga impositiva tiene un peso en el total del 18%.
El ingreso real de Ancap está $ 34,28 por kilo por debajo de la referencia de Precios de Paridad de Importación (PPI) que se ubica en $ 51,71 por kilo.
En los primeros años del 2000, el precio al público estaba alineado con el PPI pero a partir del año 2006 comenzó a subsidiarse el producto.
Según dijo Stipanicic en diálogo con Radio Sarandí el pasado 11 de abril, el problema es que el supergás “sigue siendo cada vez más barato”, mientras que “cada vez se le saca más plata a Ancap en favor a la cadena de envasado y distribución".
El objetivo del gobierno no es nuevo. El tema ya había sido planteado en julio del año pasadopor el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, cuando el jerarca dijo en Canal 10 que se estaba haciendo un estudio para revisar el subsidio y que “quede focalizado en donde se precisa y no sea general”.
En ese momento, tanto la oposición política como algunos actores de la coalición de gobierno, criticaron la propuesta de revisión del subsidio y el Poder Ejecutivo decidió dejar de lado la modificación, según informó El País en ese entonces.
Fleitas: el subsidio al supergás "termina siendo regresivo"
El economista y especialista en temas de competencia, Sebastián Fleitas dijo a El País que “hace falta una regulación especial” en el mercado del supergás y dijo que el subsidio actual “no está focalizado” en las personas que más lo precisan, por lo que “termina siendo regresivo”.
En base a una encuesta realizada por la consultora Exante (que muestra la descomposición del gasto de los hogares según su nivel de ingresos), Fleitas indicó que “todos los niveles de ingreso parecen consumir supergás de una forma bastante pareja. De esa forma, subsidiarlo para todos, hace que ese subsidio esté poco focalizado. El gasto en el subsidio no logra concentrarse en la gente que lo precisa más”, señaló el especialista en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con Fleitas, los principales problemas de ineficiencia del mercado de supergás tienen que ver con las relaciones que tiene Ancap con las empresas distribuidoras. Según Fleitas, el problema central del diseño del mercado actual, es que habilita a que las transacciones entre las empresas distribuidoras y Ancap sean opacas y señaló que eso dificulta el acceso a la información sobre los costos y las condiciones establecidas en los contratos de la empresa estatal con las distribuidoras.
“Es una tarea fundamental, para el regulador y no para Ancap, estudiar la organización actual de estos mercados y proponer una mejor forma de regulación. En algunos casos, la solución podrá venir por mejorar la regulación existente, cambiando el diseño de pagos y subsidios que Ancap establece con sus distribuidores y otras empresas privadas”, sugirió Fleitas a través de su blog Razones y personas.