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El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión de Uruguay por artículo IV. Esta revisión consistió en una misión técnica del organismo que estuvo en Uruguay entre el pasado 6 y 17 de marzo, para evaluar in situ la situación económica. El artículo IV, del organismo, establece que cada país miembro del organismo debe tener este tipo de visitas una vez al año, tenga o no programa con el mismo.

¿Qué dijo el FMI sobre Uruguay? ¿Qué recomendaciones y sugerencias realizó al gobierno de Luis Lacalle Pou?

El organismo indicó en un comunicado que “después de alcanzar los niveles previos a la pandemia a mediados de 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4,9% en 2022, impulsado principalmente por las fuertes exportaciones de productos básicos y el sector de servicios, incluido el turismo. Sin embargo, la economía se desaceleró en la segunda mitad del año debido a las condiciones externas adversas y los efectos de la sequía más severa en cuarenta años”.

Recordó que la inflación está fuera de la meta oficial (de entre 3% y 6%) pero que ha disminuido desde el pico de 9,95% en los 12 meses cerrados a septiembre (fue 7,61% en los 12 meses cerrados a abril). El Fondo evaluó que el Banco Central “elevó notablemente la tasa de política del 5,75% en diciembre de 2021 al 11,5% en diciembre de 2022” y que recientemente la recortó a 11,25%.

El organismo espera que “la economía se desacelere en 2023, con un crecimiento del PIB proyectado en un 2%. A pesar de los obstáculos externos, las condiciones financieras más estrictas y el impacto de la sequía, el crecimiento se vería respaldado por una fuerte temporada de turismo, una mayor producción y exportación de celulosa y un consumo privado sólido a medida que se recuperan los salarios reales”.

A su vez, analizó que “la perspectiva de crecimiento después de 2023 es positiva, pero sujeta a riesgos externos e internos. Los principales riesgos macroeconómicos se derivan del empeoramiento de las condiciones financieras externas, el deterioro de las tensiones geopolíticas internacionales y el impacto de la sequía”.

El FMI añadió que “se espera que la inflación disminuya al 7% en 2023 y se sitúe dentro del rango objetivo en 2024. El sólido historial de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas en un entorno desafiante ha mejorado la resiliencia del país ante las crisis. Los riesgos fiscales generales son bajos”.

Ese es el análisis del organismo que nuclea a 190 países del mundo. Ahora, ¿qué dijeron los directores?

Según el comunicado, “los directores ejecutivos elogiaron las instituciones sólidas y las políticas sólidas de Uruguay, que han respaldado la resiliencia de la economía ante los shocks”.

También señalaron que “la perspectiva, si bien es positiva, está sujeta a riesgos a la baja, incluidos los relacionados con la sequía actual” e “hicieron hincapié en la necesidad de consolidar los avances logrados en la mejora de los marcos fiscal, monetario y financiero y continuar con reformas estructurales ambiciosas para mantener la fuerte resiliencia de Uruguay y apoyar el crecimiento sostenible e inclusivo”.

Los directores ejecutivos del FMI, “elogiaron a las autoridades por cumplir con los objetivos de la regla fiscal durante tres años consecutivos a pesar de un entorno económico desafiante y coincidieron en que el marco fiscal ha fortalecido la credibilidad de las políticas. Enfatizaron que continuar con el fuerte cumplimiento de la regla fiscal vigente es la prioridad en la coyuntura actual”.

Luego, “muchos directores consideraron que un objetivo de deuda más explícito podría ser un componente útil de una estrategia fiscal a mediano plazo”.

Si bien Uruguay no tiene un programa vigente con el Fondo (como Argentina por ejemplo), en las revisiones por artículo IV se formulan recomendaciones al gobierno del país.

En ese sentido, “los directores acordaron que un impulso fiscal modesto es apropiado en 2023 y aconsejaron medidas para poner la deuda en una senda descendente una vez que el efecto de la sequía disminuya”.

Entre estas, “recomendaron medidas para racionalizar aún más los gastos tributarios, mejorar la focalización de los subsidios y reducir la masa salarial, mientras continúan tomando medidas para preservar la cohesión social”.

Además, “los directores enfatizaron la necesidad de mantener una postura monetaria estricta hasta que las presiones de precios y las expectativas de inflación converjan a la banda objetivo. Destacaron que esto, junto con los esfuerzos para fortalecer la independencia de jure del Banco Central, ayudaría a fortalecer aún más la credibilidad de la política monetaria y apoyaría los esfuerzos para reducir la dolarización”.

“Los directores acordaron que el tipo de cambio debe seguir actuando como amortiguador y que las intervenciones cambiarias deben limitarse a responder a condiciones de mercado desordenadas”, agregó el comunicado.

También “señalaron que las reformas estructurales siguen siendo fundamentales para mejorar la productividad y revitalizar el crecimiento y acogieron con beneplácito las reformas recientes en el sistema educativo e indicaron la necesidad de mayores esfuerzos para abordar la erosión del capital humano y las brechas de habilidades de larga data”.

Por último “recomendaron medidas para promover el desarrollo del mercado de capitales local y alentaron el progreso continuo (...) hacia la creación de un plan nacional integral de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.