Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo en Uruguay entre el pasado 6 y 17 de marzo, para evaluar in situ la situación económica del país. Esto es por el artículo 4°, del organismo, que establece que cada país miembro del organismo debe tener este tipo de visitas una vez al año, tenga o no programa con el mismo.

Tras la misión, que mantuvo reuniones con autoridades, empresarios y analistas, el FMI emitió un comunicado con los hallazgos preliminares. Luego, un informe del staff técnico irá al directorio del organismo que lo deberá aprobar.

¿Qué dijo entonces sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou el staff técnico liderado por el español Pau Rabanal?

La misión del organismo, destacó que “Uruguay mostró una gran resiliencia durante la pandemia de covid-19, debido a su fortaleza institucional, su sólida gobernanza y las respuestas de política de las autoridades” y remarcó que “la respuesta de las autoridades, que tuvo un diseño adecuado, mitigó el impacto negativo de largo plazo en la actividad económica y en el mercado laboral, mediante el apoyo transparente a los hogares y las empresas afectados a través del Fondo Solidario Covid-19”.

El Fondo apuntó que el crecimiento económico previsto para 2022 (los datos finales se divulgarán mañana) se sitúa en el 4,9%, “impulsado por las exportaciones de productos agrícolas y la recuperación del sector de servicios, incluyendo el turismo”.

A su vez, indicó que “la economía se ralentizó en el segundo semestre del año, producto de la desaceleración mundial y los efectos de la sequía”, mientras que “la creación de empleo repuntó en 2022, aunque de manera desigual entre sectores”.

Por otro lado, señaló que “la inflación alcanzó un máximo de 9,95% (en 12 meses) en septiembre de 2022 y descendió a 7,5% (en 12 meses) en febrero de 2023”.

“El aumento de la inflación fue menos pronunciado que en otros países, debido a la respuesta decidida de la política monetaria, la apreciación del peso uruguayo y el ajuste limitado de los precios administrados”, agregó.

Para el staff del FMI, “la sólida trayectoria de las autoridades en la implementación de políticas macroeconómicas acertadas en un contexto incierto ha mejorado la resiliencia del país a shocks. Uruguay ha mantenido un acceso al mercado favorable y disfruta de riesgo crediticio históricamente bajo a pesar de haber enfrentado una serie de shocks desfavorables (incluida la pandemia, la guerra en Ucrania, el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y la sequía en curso)”.

A su vez, resaltó “los avances logrados desde 2020 en el marco fiscal, incluyendo un sólido historial de cumplimiento con los objetivos de la regla fiscal y la creación del Consejo Fiscal Asesor” los que “fortalecieron la credibilidad en el compromiso de las autoridades con la prudencia fiscal y ayudaron a mejorar el acceso de mercado”.

“Las mejoras en el marco de la política monetaria deberían fortalecer los canales de transmisión de la política monetaria, al tiempo que ayudan a reducir la dolarización paulatinamente”, añadió. Incluso elogió que el Banco Central (BCU) no haya intervenido en el mercado cambiario para evitar una mayor baja del dólar (ver aparte).

El staff del FMI trazó lo que puede pasar con la economía uruguaya e hizo advertencias al gobierno de Lacalle Pou.

“Se prevé que la economía se desacelere, con riesgos sesgados a la baja. Se proyecta un crecimiento real del 2% en 2023, si bien con mucha incertidumbre debido al efecto de la sequía”, estimó.

“A pesar de un contexto externo adverso, condiciones financieras más restrictivas y el impacto de la sequía, el crecimiento se vería apuntalado por una fuerte temporada turística, un aumento en la producción y exportaciones de celulosa y un consumo privado robusto ante la recuperación del salario real. Se prevé que la inflación se modere a 7% en 2023 y que se ubique dentro del rango meta (de entre 3% y 6%) en 2024”, añadió.

El organismo alertó que “los principales riesgos macroeconómicos son los que se derivan de un empeoramiento de las condiciones externas, la agudización de las tensiones geopolíticas internacionales y la intensidad y duración de la sequía actual”.

Sobre la política fiscal, los técnicos del FMI indicaron que “el déficit del sector público no financiero (SPNF) se proyecta en 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, mientras el gasto social se mantiene como una proporción importante del gasto total. El principal riesgo de corto plazo para la política fiscal es cómo la intensidad y duración de la sequía actual afectarán la actividad económica, aunque existe espacio fiscal disponible en caso de ser necesario”.

La misión del organismo puntualizó que “una vez se disipen los impactos de la sequía, esfuerzos fiscales adicionales serían necesarios para situar la deuda en una senda descendente y recomponer el margen de maniobra para la aplicación de políticas”.

Elogió los esfuerzos del gobierno para reducir la deuda tras la pandemia, pero advirtió que “la relación deuda a PIB se encuentra en niveles históricamente altos”.

“El personal técnico del FMI estima que llevar la deuda del SPNF a un rango entre 50% y 55% del PIB en el mediano plazo generaría suficientes márgenes de política para responder a shocks”.