PRÁCTICA

La historia empieza con una observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) el pasado 12 de febrero al gasto de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) - Región Litoral Norte en relación a la licitación abreviada para contratar un “suministro de servicio de lavadero con destino al Hospital de Bella Unión”. Lo que vio el TCR llamó la atención y decidió “comunicar a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia” -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas- para que actúe.

¿Qué vio el TCR? “La hipótesis de que se pueda estar ante la configuración del interlocking”. El interlocking, según el criterio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, es “el vínculo entre dos empresas competidoras, que se produce cuando éstas comparten directa o indirectamente personas en sus cargos ejecutivos relevantes o en su directorio”.

“Es decir, al compartir personas en cargos ejecutivos relevantes, en los hechos dichas empresas podrían no ser competidoras, formando, por ejemplo, parte de un mismo grupo económico. Sin embargo, al presentarse de forma separada en un licitación con ofertas de precios distintos, en los hechos, y para el caso concreto, sí se encuentran formalmente compitiendo por precio”, indicó.

Ante esa hipótesis la comisión resolvió el 3 de julio pasado iniciar una “medida preparatoria”, es decir estudiar el caso para ver si inicia una investigación o no.

Para ello encargó un informe económico sobre el procedimiento. Ese informe sostiene que la hipótesis de que haya interlocking se puede deber a la cláusula 10 de la licitación que decía que “la adjudicación se realizará a la oferta de menor precio…teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta en cuanto a costo de servicio (aportes, jornales, materiales, gastos de administración, utilidad en caso de corresponder de acuerdo a la forma jurídica, etc.)”.

El informe económico explicó que “para resultar una empresa adjudicataria, el precio ofertado por ella debe ser lo suficientemente bajo (considerando cumplidos los demás requisitos en cuanto a antecedentes, etc.) para superar a las demás ofertas, al mismo tiempo que debe ser lo suficientemente alto para ser ‘económicamente viable’, a juicio de los evaluadores de las ofertas”.

“Ante esa incertidumbre, una persona física podría valerse del interlocking para coordinar una oferta de precios distintos a través de diferentes empresas para aumentar, de esa forma, las probabilidades de resultar adjudicado, con una u otra empresa”, agregó.

¿Qué pasó en esta licitación entonces? La comisión indicó que “resulta que del acta de apertura de ofertas, certificados notariales, declaraciones juradas y demás documentación, Andrés Carlos Guerra Bat es titular y representante de una empresa unipersonal Batis Integral Services, y presidente y director de Ankarus S.A., presentándose en la licitación por sí y en nombre y representación de la sociedad anónima, cotizando asimismo distintos precios”.

El informe económico expresó que de “un análisis de la licitación de marras resulta que el director del Hospital de Bella Unión, frente a la observación del Tribunal de Cuentas, resuelve dejar sin efecto el presente proceso licitatorio, por lo que se estaría extinguiendo de hecho cualquier efecto de alguna eventual conducta anticompetitiva”.

De todas maneras, el informe “considera que cabría encuadrar el presente caso en la figura de interlocking, existiendo asimismo fundamentos para suponer que existió además una coordinación en las ofertas presentadas por Batis Integral Services y Ankarus S.A. (directa y explícitamente vinculadas a Andrés Carlos Guerra Bat) en la licitación”.

Por ello, sugirió a la comisión que pese a que se haya “extinguido cualquier efecto anticompetitivo que pueda haberse derivado de la misma, este asesor entiende que de todas formas resultaría conveniente emitir recomendaciones acerca de la inclusión de disposiciones o cláusulas en los pliegos licitatorios, a efectos de penalizar o excluir a empresas afectadas por interlocking, para de esa forma procurar evitar los respectivos efectos perjudiciales en la competencia que pudieran generarse”.

A su vez, “la asesora jurídica (de la comisión) comparte las conclusiones del economista sugiriendo que la comisión emita una recomendación”.

La comisión señaló que “comparte lo informado en el sentido que la conducta desplegada por Batis Integral Services y Ankarus S.A. no produjo efectos, en tanto por resolución fechada el 23 de abril de 2020, el director del Hospital de Bella Unión, en atención a que la licitación había sido observada por el Tribunal de Cuentas, resuelve declarar el procedimiento sin efecto, disponiendo la realización de un nuevo llamado en cuanto se tenga un nuevo pliego modelo por parte de ASSE, que contemple las observaciones formuladas”.

De todas maneras, las tres comisionadas (Natalia Jul, Luciana Macedo y Alejandra Giuffra) resolvieron “emitir una recomendación a la Administración de Servicios de Salud del Estado a efectos que en el diseño de los pliegos licitatorios se consideren disposiciones o cláusulas que busquen evitar los efectos perjudiciales que el interlocking puede generar en la competencia”.