INFORME

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En 2020 los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos habían caído frente al año previo y habían marcado el menor nivel desde 2017. Esto generó preocupación en el Banco Central (BCU), cuya Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los ROS, porque “no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída registrada”.

Factores como un afloje tras una inspección internacional, algunos artículos de la ley de urgente consideración, entre otros surgieron como explicación.

¿Qué pasó en 2021 con los reportes de lavado? La “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU -de quien depende la UIAF- divulgó los números preliminares.

En 2021 los ROS de lavado de activos totalizaron 816 frente a 694 de 2020, lo que marcó un aumento de 17,6%. La cifra marca un máximo histórico de reportes de operaciones sospechosas de lavar activos.

Al evaluar por grandes sectores, se ve que el crecimiento en los ROS solo vino de un lado. Las entidades financieras tuvieron un récord de ROS en 2021 con un total de 777, un 24,1% más que en 2020 y 2019 (en ambos años habían sido 626).

En cambio las entidades no financieras (casinos, escribanos, contadores, abogados, zonas francas, rematadores, inmobiliarias, entre otros) volvieron a reducir los ROS. En 2021 este sector realizó apenas 39 ROS, el menor nivel desde 2014 y una baja de 42,6% respecto a 2020. Pero, además es el tercer año seguido de caída en los reportes de parte de las entidades no financieras, ya que habían sido 68 en 2020, 149 en 2019 y 263 en 2018 (año récord de este segmento).

Esta tendencia ya era “preocupante” para el BCU en 2020 y se acentuó en 2021.

Por otro lado, aumentaron los pedidos de información internacional recibidos: fueron 47 en 2021 frente a 30 en 2020.

En cambio bajaron los pedidos de información internacional enviados de 28 en 2020 a 21 en 2021.

La “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU expresó que “durante el año 2021 la UIAF ha participado del Grupo de Trabajo sobre Activos Virtuales que conformó el Banco Central, el cual publicó hacia el cierre del año, un documento de Marco Conceptual, que constituye una base técnica de referencia para la definición del perímetro regulatorio en esta operativa”.

“El avance en la definición de un marco regulatorio en estas operativas constituye un importante avance en el cumplimiento de la Recomendación 15 de GAFI” (el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que marca el rumbo en el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo), agregó.

“Asimismo, se ha continuado en la consolidación interna de los procesos y se ha dado inicio a un proyecto de desarrollo y actualización de las herramientas tecnológicas que soportan dichos procesos (investigación financiera, cooperación, análisis estratégico)”, remarcó el documento.

A su vez, “desde el punto de vista organizacional se han separado las funciones de cooperación nacional e internacional y la de Investigación financiera en dos sectores diferentes, lo cual permite una gestión más afinada de estos procesos”, señaló el informe.

Para este año “la UIAF estará participando en un nuevo proceso de Evaluación Nacional de Riesgos que se iniciará, liderado por la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), se comenzarán a implementar acciones orientadas a mejorar la evaluación externa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se continuará con el proceso de renovación tecnológica”, apuntó.

Además la UIAF “realizó el relevamiento y análisis de prácticas de debida diligencia en los clientes de bajo riesgo en las actuaciones in-situ del año y se elaboraron propuestas para considerar ajustes normativos al respecto”.

“Con respecto a la regulación sobre gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en empresas de seguros, limitada a los seguros de vida, se realizó la revisión y el ajuste a la normativa limitada a los seguros de vida”, indicó el documento.

Es que en el caso de los seguros la ley 19.889 (de urgente consideración, LUC) limita el sistema de prevención a la operativa de seguros de vida.

En cuanto a los planes para 2022 de la Superintendencia de Servicios Financieros referidos a la UIAF, se destaca el de “desarrollar acciones para mejorar el nivel de cumplimiento respecto del resultado de la Evaluación de Gafilat (el organismo rector a nivel de la región) en 2019 coordinado con todos los actores del sistema”. Esto “tiene como objetivo el desarrollo de la función de análisis estratégico sobre distintas bases de datos, en particular del Registro de Beneficiarios Finales”, añadió el documento.

También hay iniciativas para facilitar el cumplimiento normativo de forma eficiente entre las que sobresale “la adecuación de normativa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en clientes de bajo riesgo”, concluyó el informe del BCU.