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El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) aprobó por mayoría (cinco votos en siete, votaron en contra el representante de los pasivos y uno de los representantes de los activos) un anteproyecto de ley de reforma de la misma ante la crítica situación que atraviesa. Este texto será presentado hoy al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres y su equipo.
Si bien la reforma jubilatoria (que se aprobó ayer en el Senado) prevé que las cajas de Profesionales, Bancaria y Notarial y los servicios de retiros Policial y Militar converjan gradualmente a un único régimen, la Cjppu necesita una reforma particular para asegurar su sustentabilidad en la transición.
“A estas payasadas no vengo más”: el cruce
Un momento tenso fue cuando en octubre pasado, uno de los directores en representación de los activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, abandonó la mesa de negociación tras una discusión con el director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos. “A estas payasadas no vengo más”, había dicho Rodríguez Sanguinetti a El País. “Es una decisión personal que tomó y que no afecta el trabajo ni el objetivo principal del directorio, que es buscar las mejores alternativas”, había dicho la titular de la Cjppu.
La Cjppu fue creada en 1954 y desde ese momento hasta la actualidad se han dado “cambios demográficos y del mercado laboral”, lo que hace necesaria la realización de una reforma para darle “una sustentabilidad a largo plazo”, según sostenían sus autoridades en un documento en el año 2020.
“Los balances operativos comienzan a deteriorarse a partir del año 2010, y progresivamente empeora la situación patrimonial de la Caja. La actual ley orgánica, fruto de una reforma efectuada en el año 2004, requiere nuevos cambios, como todos los regímenes previsionales del mundo que deben ser y son actualizados periódicamente”, agregaba ese documento.
La Caja viene cubriendo los déficits con sus reservas, pero, sin medidas estas se agotarán hacia 2025, por eso es que le urge una reforma. Pero, además, la institución había estimado que precisa aproximadamente US$ 550 millones para seguir funcionando hasta que comiencen a dar rédito las medidas.
El nuevo directorio (asumió a fines del año pasado) aprobó ya una serie de medidas para intentar reducir gastos.
En junio de 2022, en conjunto con el Poder Ejecutivo, se creó un grupo de trabajo para estudiar la modificación de la ley 17.738, con medidas tendientes a buscar soluciones inmediatas, denominada “ley exprés”.
Desde esa fecha hasta la semana pasada se realizaron múltiples reuniones de trabajo, intercambios y evaluaciones, con alguna rispidez con un director de la Cjppu, que se cierra con la aprobación del anteproyecto por mayoría en el directorio.
¿Cuáles son las medidas propuestas en la reforma de la Caja de Profesionales que serán presentadas hoy a Mieres?
Fuentes de la Cjppu dijeron a El País que la primera medida es el aumento de la edad mínima de jubilación a 65 años de edad.
A su vez se incrementa la tasa de aporte del 16,5% al 19% y se ajusta la tasa mínima de reemplazo (el porcentaje del ingreso a cobrar como jubilación) a 45% en vez de la actual de 50%.
Otra de las medidas es la suba de los años para el cálculo del sueldo básico jubilatorio a 18 años (en vez del promedio de los últimos tres años como ocurre actualmente).
A su vez, para los nuevos afiliados, se crea una nueva escala de sueldos fictos (los profesionales no aportan sobre la facturación real, sino sobre fictos) que pasarán a ser 15 categorías con cambios de categoría cada dos años, en lugar de las 10 vigentes actualmente y cambios cada tres años, indicaron los informantes. El objetivo de esta medida es lograr que los saltos entre cada categoría no sean tan importantes. Eso permite proteger a las categorías más bajas que son las que representan principalmente a los profesionales que recién comienzan su vida laboral.
Para los pasivos, se crea una tasa de contribución pecuniaria variable (de acuerdo a la jubilación) con un máximo de 8%.
La presidenta de la Cjppu, Virginia Romero dijo a El País que desde el Poder Ejecutivo “siguen insistiendo” que la tasa de aportes, en vez de ser de aumentar de 16,5% a 19% -como propone la Caja-, vaya gradualmente subiendo a 22.5%.
“Pero, todos los estudios que hemos realizado establecen que no se lograrán los objetivos propuestos si se llegan a esos niveles de crecimiento en los aportes en los activos”, sostuvo Romero.
La presidenta señaló que “la Caja tiene muy claro el comportamiento de los distintos colectivos. El instituto evalúa la sensibilidad de cada medida y como ella afectaría al objetivo de las modificaciones y estamos convencidos que éstas son las medidas más adecuadas para el momento actual”.
Romero explicó que la Cjppu realiza hoy una presentación de los estudios actuariales que se realizó “y ahí se evalúa el grado de apalancamiento financiero que en forma extraordinaria se necesita” hasta que la reforma empiece a dar resultados.
“En el grupo de trabajo y junto al Poder Ejecutivo se está buscando la mejor alternativa para cubrir el mismo”, añadió la presidenta del directorio. En algún momento la Caja planteó un incremento de los timbres profesionales, pero eso fue rechazado por el gobierno. Una de las alternativas es la de un “préstamo puente”, pero no es algo resuelto.
Romero dijo que el próximo paso es que “el Poder Ejecutivo envíe el anteproyecto de ley al Poder Legislativo, para su discusión y aprobación definitiva”.
“Conocemos que la etapa parlamentaria será otra instancia de trabajo, que lamentablemente viene quedando para el año 2023, pero estamos confiados de la alta sensibilidad de ese cuerpo, para la resolución rápida del mismo”, afirmó la presidenta de la Cjppu.
La Caja ya realizó los primeros contactos con las bancadas parlamentarias de los distintos partidos para ir interiorizándolas del anteproyecto.
Las medidas que ya ha puesto en marcha el directorio
Además del anteproyecto de ley, el directorio de la Caja de Profesionales, le entrega hoy al gobierno una presentación en donde se resumen las acciones que ha venido desarrollando desde que asumieron las nuevas autoridades -en diciembre de 2021-, con medidas tendientes a mejorar la situación económico financiera del instituto y brindar “un marco más holgado para lograr sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo”.
En ese sentido, en febrero de 2022 se tomaron las primeras resoluciones tendientes a disminuir los egresos, eliminando beneficios extraordinarios que se habían otorgado por encima de los porcentajes legales, y que ya no era viable económicamente seguir manteniéndolos.
También el directorio de la Cjppu aprobó una rebaja salarial para los gerentes y funcionarios de la institución. El gerente general pasó a cobrar hasta $ 413.191, aproximadamente un 39% menos que lo que percibía. En tanto, el resto de las gerencias cobran un máximo de entre $ 274.899 y $ 286.947, cuando previamente percibían en promedio un salario nominal de $ 329.033.
A esto se suma que la Caja sale a perseguir a los morosos. De acuerdo con el balance de la Cjppu, correspondiente al año 2021, hay unas 1.754 personas sin certificado de estar al día por deudas de aportes y otros conceptos, mientras que unos 3.393 profesionales afiliados no cuentan con certificado de estar al día porque mantienen una deuda con el Fondo de Solidaridad y hay otras 118 personas que egresaron de las universidades pero que no se registraron ante la Cjppu.
De acuerdo con el balance, el organismo estima que del total de los ingresos percibidos por la Caja, un 2% corresponde a “incobrables”.
Otra de las acciones es controlar que profesionales que declaran no hacer libre ejercicio de la profesión (y por tanto no aportan a la Caja) en realidad sí lo hacen y por tanto deberían pagar sus aportes.