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La delegación de nueve miembros designados por el oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) presentó para discutir a los otros seis integrantes un borrador de recomendaciones de reforma jubilatoria. El jueves y el viernes El País adelantó varios de los cambios que se promueven en edad mínima para jubilarse, cómputo de años de aportes, forma de cálculo de las pasividades, régimen de AFAP, etcétera.

La CESS se tomará -en principio- hasta fin de mes, para llegar al documento final de recomendaciones. Luego el Poder Ejecutivo deberá redactar un proyecto de ley con su propuesta de reforma jubilatoria.

El documento de 107 páginas, también incluye propuestas para las tres cajas paraestatales (Bancaria, Notarial y Profesional) y los dos servicios de retiros y pensiones (Militar y Policial).

“El sistema previsional uruguayo se generó en forma aluvional a lo largo de más de un siglo. Como consecuencia, existe heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los diferentes regímenes, incluso al interior del BPS. Estas características históricas explican en gran medida la existencia de regímenes especiales”, indica el documento. Estos (las cajas y los servicios) “en mayor o menor medida, no son sustentables en el mediano y largo plazo”, critica.

Lo primero es que el documento recomienda que “todos los sistemas converjan hacia las edades mínimas planteadas”. En ese sentido, el planteo da dos opciones para llevar la edad mínima de 60 a los 65 años en forma gradual: una comenzando con los nacidos en 1967 (que se jubilarían a los 61 años, los nacidos en 1968 a los 62 y así sucesivamente hasta alcanzar los 65) y la otra con los nacidos en 1971 (que se jubilarían a los 61 años, los nacidos en 1972 a los 62 y así sucesivamente).

Pero, el borrador hace excepciones con los servicios de retiros y pensiones Militar y Policial. “En el caso de la previsión social militar y policial, existen particularidades que se derivan de la naturaleza del cometido estatal, de los respectivos regímenes estatutarios y de las exigencias inherentes a las tareas”, argumenta.

“Esta Comisión se ha pronunciado sobre la importancia de que las distinciones se justifiquen en razones apropiadas. En este marco, dos tipos de funciones parecen ofrecer distingos relevantes: las directa y sistemáticamente involucradas en operaciones propiamente militares (personal combatiente y de comando) o policiales (personal ejecutivo), por un lado, y las de apoyo, por otro”, añade.

Por eso, “sin perjuicio de la convergencia de regímenes, mantener una distinción entre las normas aplicables a (i) el personal combatiente y de comando, en el caso de militar, y el personal ejecutivo, en el caso policial, y (ii) el personal que cumple funciones administrativas o de apoyo”, recomienda.

En el caso militar, está establecido el retiro obligatorio a cierta edad. Por eso, propone “evaluar en el contexto del actual esquema de prestaciones la elevación de las edades de retiro obligatorio entre 2 y 5 años de acuerdo al grado, con una graduación similar a la recomendada para el régimen general” y solo para el personal combatiente y de comando.

Estos militares “tienen un año bonificado por cada 5 años de servicios efectivos (6 x 5). Esta bonificación es sensiblemente inferior a la establecida por la Ley 18.405 para el personal ejecutivo policial que es de 7 años computados por cada 5 de prestación efectiva (7 x 5)” y por eso el documento plantea “evaluar la pertinencia de hacer converger las bonificaciones” de ambos.

La forma de calcular las jubilaciones en las tres cajas y los dos servicios, también debe converger a la del régimen general (Banco de Previsión Social) recomienda el documento.

Esto implica que “la base de cálculo (sueldo básico jubilatorio) se obtenga promediando los mejores 300 meses de asignaciones computables aportadas actualizadas”, es decir los mejores 25 años.

Luego, en vez de la tasa de reemplazo, se sugiere una “tasa de adquisición de derechos a aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio”. Esta surgirá de “multiplicar los años computables por un coeficiente de adquisición”. El coeficiente de referencia utilizado es 1,3 a los 65 años de edad. Así, la tasa sería: 1,3 multiplicado por 30 años de aportes es igual a 39% como mínimo.

A los 66 años el coeficiente es 1,3643 y como en este caso el mínimo de aportes es 27 años, se multiplica 1,3643 por 27 da: 36,84%. Obviamente, a mayor cantidad de años de aportes, mejora la tasa. Por ejemplo: alguien que se jubila a los 67 años, con 30 años de aporte, multiplicará por 1,4368, lo que da 43,1%.

Esto sería un cambio relevante para las cajas y el servicio militar que tienen formas de cálculo de las jubilaciones más beneficiosas que las que se proponen.

La transición entre el régimen actual y el nuevo sigue el criterio de la proporcionalidad.

Esta modalidad implica que para quienes contribuyen antes y después de la reforma, su jubilación se calcula bajo dos conjuntos de reglas, las del régimen viejo (JubV) y las del régimen nuevo (JubN).

El cálculo considera la totalidad de los años de aportes y usa las normas de los dos regímenes. “La jubilación de transición es un promedio ponderado por el tiempo que la persona contribuyó a cada régimen, es decir antes (JubV) y después de la reforma (JubN), hasta generar causal”, dice el texto. El borrador pone como ejemplo que “para una persona que contribuye 20 años antes de la reforma y 10 años después, su jubilación de transición será igual a 2/3 de la jubilación con las normas del régimen viejo y 1/3 de la jubilación con las normas del régimen nuevo”.

El otro gran cambio para las tres cajas paraestatales y los dos servicios de retiros, es que el documento propone que “los nuevos aportantes” de estos “se incorporen en un régimen mixto con similar diseño que el administrado por el BPS, a cuyo efecto deberán estimarse los costos de transición correspondientes y sus fuentes de financiamiento”.

Medidas “correctivas” no pueden incorporar asistencia estatal

“En el caso de la Caja de Profesionales, la situación deficitaria es más severa e inmediata. La comisión considera que el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”, afirma el documento.

“El anteproyecto de ley aprobado por el directorio de la Caja no reúne las características necesarias para dotar a su plan de beneficios y financiamiento de una viabilidad razonable para un régimen previsional. El plan propuesto se descapitalizaría rápidamente hasta agotar completamente 20 años, aproximadamente”, dice.

“Corresponde que la entidad sugiera las medidas correctivas necesarias, teniendo en cuenta que la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”, agrega. Por eso, el documento recomienda “la presentación de un nuevo plan de beneficios y financiamiento donde se mejore y mantenga en el tiempo el nivel de solvencia para la institución, aumentando el horizonte temporal con financiamiento suficiente para las obligaciones”. Además, plantea “evaluar escenarios en los que se estimen los impactos del tránsito hacia la aportación por la remuneración realmente percibida y no por esquema de fictos, sin perjuicio de contemplarlos para el caso de quienes no tuvieren ingresos por ejercicio liberal o para actividades donde la facturación es espaciada y con una evolución de los montos que lo justifiquen”.

“En el caso de las Cajas Bancaria y de Profesionales existen recursos parafiscales de similares características, la llamada Prestación Complementaria Patronal (PCP) y los recursos previstos en el art. 71 de la ley orgánica de la CJPPU (timbres profesionales), respectivamente”, dice el documento. Agrega que hay un “problema de equidad” al destinarse “a financiar los beneficios de grupos de ingresos medios o superiores al promedio, recursos que recaen sobre toda la sociedad, vía mayores costos de los correspondientes servicios (financieros, sanitarios, etcétera)”.

Respecto a la PCP para la Caja Bancaria y los timbres para la Caja Profesional, el documento recomienda: “evitar la creación o aumento de materias gravadas ajenas a los afiliados para financiar regímenes especiales de seguridad social” como las de esas cajas, “excluir de la materia gravada por la PCP las primas previsionales y de accidentes de trabajo” y “no incrementar los gravámenes previstos en el art. 71 de la Ley 17.738, ni en su cuantía ni en su materia gravada” (timbres y prestaciones).