Redacción El País
La Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios divulgó un comunicado respecto a la “ley exprés”, que busca afrontar el déficit de la institución, en la que critican el proyecto normativo, señalan violaciones constitucionales y legales y proponen medidas para la reforma.

Son dos los puntos que propone la asociación. El primero, se basa en que “los profesionales que egresen, luego de la vigencia del proyecto exprés, deberán afiliarse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), independientemente de la forma como ejerzan la profesión”.

En tanto, la otra medida propuesta, es que “los aportes de los afiliados de la Cjppu por concepto de IASS, quedarán en la misma, en virtud de lo dispuesto por el art. 67 de la Constitución y ley 18.314”.

Por otra parte, el comunicado expresa que “en la fundamentación del paquete de medidas adoptadas, no están incluidas ni la gestión de las autoridades anteriores de la Caja, ni la estructura salarial, no solo del propio Directorio sino además del Área Gerencial y de los recursos humanos sometidos a su jerarquía”.

Asimismo, destaca que tampoco propone aumentar la base de aportantes, como podría ser a través de la inclusión de nuevas carreras universitarias y de los profesionales universitarios que “ejercen su profesión bajo otras modalidades, que no son las del ejercicio libre”.

A su vez, señala que las pasividades se reducirán, “por lo menos un 8% promedio para las jubilaciones vigentes y aproximadamente un 22% para las futuras jubilaciones”. Del mismo modo, afirma que se desconoce que la Cjppu vierte al Banco de Previsión Social (BPS) aproximadamente US$ 40 millones anuales.

Además, agrega la omisión de que “dos de los integrantes del Directorio designados por el Poder Ejecutivo y remunerados con recursos propios de la Caja, han sido copartícipes en la gestión de la misma”.

En tanto, sobre el anteproyecto normativo, afirma que este “aumenta la tasa de aportación de los activos del 16,5% al 19%, dejando abierta la posibilidad de incrementarla, no se sabe en qué monto ni en qué período de tiempo”.

A su vez, señala que, a quienes declaren no ejercicio se les cobrarán gastos de administración y fiscalización generando problemas para los profesionales que realmente no puedan realizar aportes. En tanto, critica la “renuncia al cobro de gravámenes a exámenes y análisis clínicos, aunque estos sean hechos por servicios tercerizados, renunciando a ingresos por tareas profesionales, que históricamente se cobraron”.