Las empresas distribuidoras desupergássalieron al cruce de las autoridades de Ancap por entender que el proceso de licitación para el alquiler de las plantas de envasado de gas licuado de petróleo (GLP), presenta “problemas sustanciales de fondo”. Además, afirman que “no están fijadas las condiciones reglamentarias” para hacerlo, dado que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) aún no ha elaboradola nueva regulación de ese mercado, según dijeron fuentes del sector a El País.

El conflicto tiene que ver con la iniciativa del gobierno y Ancap, de iniciar un “proceso competitivo y abierto” para el alquiler de las plantas de envasado de garrafas en La Tablada.

En junio de este año, la estatal anunció a las distribuidoras de supergás: Riogas, Acodike, Ducsa (propiedad de Ancap) y Megal que comenzaría con ese proceso y también había informado que no había intención de renovar los contratos -los cuales vencen el próximo 28 de febrero- que el ente tiene firmados con esas empresas, tal y como están formulados al día de hoy.

Actualmente, el supergás es producido por Ancap, luego es envasado por Megal y Gasur (empresa que cuenta con dos plantas y cuya propiedad pertenece a Ancap en un 40%, a Acodike en un 30% y a Riogas en el 30% restante) y posteriormente es distribuido. Si bien las plantas de envasado de Gasur son propiedad de Ancap, estas son administradas una por Acodike y otra por Riogas.

El proceso de licitación -aprobado por el directorio de Ancap- fue criticado por las distribuidoras quienes presentaron un recurso administrativo contra la iniciativa. Sin embargo, el presidente de la estatal, Alejandro Stipanicic confirmó este martes a radio Carve que el recurso fue levantado, por lo que se seguirá adelante con el proceso de licitación y así dar inicio a una “nueva etapa” en el negocio del supergás, con cambios en el mercado de envasado y distribución a partir de 2023.

Entre los motivos defendidos por Ancap para levantar la medida de las empresas, Stipanicic había dicho a El Observador que “fue un recurso muy administrativo, muy de formalidades” y que carecía de “fundamentos”.

Fuentes del sector dijeron en diálogo con El País que los aspectos que fueron “invocados” por las distribuidoras al presentar el recurso administrativo “no son formales”, en alusión a los dichos de Stipanicic, sino que “denuncian problemas sustanciales de fondo”.

En este sentido, parte del sector empresarial entiende que “no están fijadas las condiciones reglamentarias” porque Ursea no ha elaborado el nuevo marco regulatorio de este mercado. No obstante, según informó El País este martes, el Poder Ejecutivo exhortó a dicho organismo a que apruebe las nuevas reglas para el negocio del supergás, las que deberán regir a partir del próximo 1° de enero.

Adicionalmente, desde el sector cuestionaron que “los plazos propuestos” por Ancap para el alquiler de las plantas “no permiten hacer las inversiones que requiere el mercado y los consumidores”. En este sentido, criticaron que las cuestiones de fondo son “muy serias para el destino” de la estatal y que sin embargo, “no han estado sometidas a debate público”.

Foto: Archivo El País

Por otra parte, las fuentes del sector manifestaron que “no hay coherencia” entre el “relato” de quienes sostienen que los contratos vigentes entre la estatal y las distribuidoras de supergás favorecen a los privados y que estos han significado ganancias extraordinarias.

Para argumentar esto, desde el sector dijeron que el 24 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Riogas y condenó a Ancap al reajuste de la paramétrica de los contratos, “por considerar que se habían verificado sobrecostos extraordinarios para las empresas privadas del supergás”, los cuales “habían tenido un efecto ‘devastador’ en sus costos y por ende, en sus resultados económicos”.

El comité de expertos convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para estudiar el mercado de los combustibles, había afirmado en su informe final en 2020 que la regulación delsupergás es “ineficiente”.

Fue por eso que el comité propuso un cambio en el modelo de negocio del supergás y recomendó: la denuncia de los contratos por parte de Ancap; la eliminación de la figura de Gasur; la venta o arrendamiento de las plantas de envasado de propiedad estatal; la revisión de los precios de la cadena, “en pos de que reflejen una estructura de costos y funcionamiento de eficiencia”.

El comité de expertos convocado por el MIEM había dicho que los precios a los que se vende el supergás en la puerta de La Tablada, “son sensiblemente inferiores a los costos de producción o importación”, por lo que esa diferencia implica un subsidio que actualmente es asumido en su totalidad por la estatal. Según el informe del año 2020, “si se calcula el subsidio como la diferencia entre el valor del Precio de Paridad de Importación (PPI), más el margen de envasado y distribución respecto al precio sin IVA al público, es del 72%”.

Para Ancap, este subsidio fue de US$ 108 millones durante 2021, divididos entre US$ 96 millones en el caso del supergás envasado y US$ 12 millones para el supergás a granel.

Sin embargo, fuentes del sector de la distribución del supergás, dijeron a El País que Ancap “no sufre una pérdida (económica) de tal magnitud” y entienden que esa cifra fue determinada “a partir de un ejercicio teórico, realizando una ficción de cuánto más podría ganar el ente como monopolio y actualmente no gana, si cobrara el supergás” alineado a lo que marca el PPI, “bajo el supuesto irreal de que el ente importara todo el supergás que comercializa”.

Sobre esto, las fuentes señalaron que “ese supuesto no es razonable, porque en los últimos cinco años”, Ancap “produjo localmente, en promedio, el 80% de todo el supergás que comercializó, a partir del proceso de refinación de petróleo por el que también se obtienen naftas y gasoil”. Por tanto, “importó en los últimos años en promedio tan solo un 20% del supergás que comercializó”.