LAVADO: EL PUZZLE DEL RIESGO

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El financiamiento de los partidos políticos presenta falencias a la hora de determinados controles frente a la Corte Electoral y en materia de prevención de lavado de activos, según especialistas. ¿Qué riesgos hay de ser utilizados para el lavado de activos? ¿Alguien le quiere “poner el cascabel al gato”?¿Qué ingresos han declarado los partidos?

La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comenzó a fines del año pasado a fiscalizar por primera vez a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las cuales se encuentran las deportivas, educativas, religiosas, sindicales, socialesy partidos políticos.

Según señalaron a El País especialistas en prevención de lavado, los partidos políticos son uno de los sectores de mayor riesgo dentro de las OSFL.

Para ser un sujeto obligado a tener procedimientos de prevención antilavado y reportar operaciones sospechosas la OSFL debe superar los 4 millones de unidades indexadas (UI) en ingresos anuales, es decir más de $ 22 millones, o tener 2,5 millones de UI en activos, es decir más de $ 13 millones.

Según los datos de la Senaclaft a los que accedió El País, los sujetos obligados que corresponden a este sector son el Partido Nacional, Partido Independiente, Partido de la Gente, Frente Amplio y Cabildo Abierto. Los datos para la fiscalización fueron solicitados en septiembre de 2019, en donde los primeros tres contestaron entre fines de ese mes y principios de octubre, mientras que los datos del FA corresponden a su respuesta de mayo de 2021.

En tanto, en el caso de Cabildo Abierto, el pedido de información fue enviado en mayo de 2021, siendo respondido a la semana de recibida la solicitud.

Por su parte, desde la Senclaft dijeron a El País que el Partido Colorado no ingresa como sujeto obligado debido a que no supera los umbrales de activos o ingresos requeridos por la normativa vigente.

De acuerdo a los ingresos anuales declarados ante la Senaclaft, el Frente Amplio dijo recibir más de $ 79 millones, el Partido de la Gente más de $ 34 millones, Cabildo Abierto más de $ 25 millones, el Partido Independiente más de $16 millones y el Partido Nacional más de $13 millones.

Tanto en las declaraciones del Frente Amplio como del Partido Nacional se pueden ver diferencias con lo declarado ante la Corte Electoral, donde la rendición de la fuerza de izquierda de 2020 marcó un ingreso superior a $158 millones y la rendición de cuentas del actual líder de la coalición de gobierno registró más de $21 millones en 2018.

Según explicaron a El País desde el Frente Amplio, la diferencia se debe a los momentos de respuesta ante la Corte Electoral, que solicita la información del año calendario, mientras que lo enviado a la Senaclaft depende de la fecha de corte que utilicen al momento de enviar los datos, siendo este un año móvil o, incluso, pudiendo ser solamente de aquellos meses transcurridos en el año de respuesta.

Por otro lado, en materia de activos quien declaró un valor mayor fue el Frente Amplio con más de $100 millones, el Partido Nacional con más de $ 25 millones, Cabildo Abierto con más de $16 millones, Partido de la Gente con más de $ 12 millones y Partido Independiente con más de $ 7 millones.

El riesgo de lavado de activos a través de los partidos es “clarísimo”, explicó a El País el consultor y extitular de la Senclaft, Daniel Espinosa, ya que “siempre es bueno saber quién financia las campañas porque después, cuando se es gobierno, si hay delincuentes, al final de campaña hay que devolverle los favores. Siempre hay una preocupación a que las campañas no sean financiadas con dineros ilícitos”.
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?En este sentido, los controles que deben realizar los partidos políticos, dependen del organismo al cual le vayan a rendir cuentas.

Por un lado, en cuestiones del financiamiento de estas organizaciones, esa documentación se debe presentar a la Corte Electoral. Por otro lado, están los controles de prevención de lavado de activos, que deben presentar ante la Senaclaft, junto con otra información.

La ley de Partidos Políticos establece “dos grandes capítulos”, según explicaron desde la Corte Electoral en conversación con El País, en relación al financiamiento de estas organizaciones. Uno es el financiamiento permanente y el otro el financiamiento en cada acto electoral.

En relación al financiamiento permanente, la norma establece que se le da al partido político 4 UI, es decir más de $ 22, por cada voto válido, teniendo que rendir cuentas a la Corte Electoral, con copia de los libros contables.

“A su vez, les exigimos que vengan acompañadas de un certificado realizado por un contador público, en el cual diga que la rendición de cuentas refleja razonablemente la documentación que estuvo a la vista. No vienen con la documentación acá. Nosotros la rendición de cuentas la recibimos, publicamos, punto. No hacemos una auditoría de eso”, explicaron desde la Corte.

En esta línea, destacaron que cuentan con tres contadores en el departamento de Contaduría del organismo, mientras que en los actos electivos hay más de 1.000 listas, lo que dificulta los controles.

En relación al financiamiento de los actos electivos, destacaron que los responsables de rendir cuentas ante la Corte Electoral, son los primeros titulares de cada lista.

“Esta ley no está enfocada en financiar a los partidos sino a financiar las campañas de cada lista”, afirmaron.

La ley establece para cada instancia electoral los montos por votos que recibirán y su distribución, junto con los controles que deben realizar en este caso, los titulares de las listas.

Desde la Corte Electoral señalaron que en las elecciones internas no se rinde cuentas ya que no hay obligación de hacerlo.

“En la interna se te va a pagar por los votos que obtuviste, por los votos que obtuvo cada lista. Por esa plata que te ingresó, no vas a tener que rendir cuentas. Si no la gastaste, vas a poderla gastar en las próximas elecciones o(hacer) lo que quieras”, sostuvieron.

¿Qué pasa con las donaciones que reciben los partidos o candidatos? Se pueden recibir para los distintos actos eleccionarios y son diferentes los controles que se realizan, en donde se incrementan los riesgos de lavado dependiendo de la “interpretación” de cada partido político.

La ley de Partidos Políticos establece diferentes topes en materia de donaciones, dependiendo quién las recibe y si son anónimas o nominadas (se registra el nombre y cédula de quién donó).

En este sentido, tanto desde el Partido Nacional como del Frente Amplio dijeron a El País que las donaciones para las campañas electorales las reciben sus candidatos y no el partido político, donde cada uno realiza sus balances y presenta el registro de donaciones ante la Corte Electoral.

Por otra parte, desde el Partido Independiente y Cabildo Abierto, señalaron que la gestión económica de sus candidatos a la Presidencia se unificaron con la de sus respectivos partidos.

El extitular de la Senclaft, Espinosa señaló que los titulares de las listas no son sujetos obligados, como lo es el partido político ante la Secretaría Antilavado, por lo que no se les pide que realicen controles de orígenes de fondos sobre aquellos de quienes reciben la donación. Lo mismo señalaron desde la Corte Electoral.

Por esto, ni ante la Corte ni ante la Senaclaft, deben presentar controles de prevención de lavado de activos.

En este sentido, al manejarse por listas, Espinosa explicó que pueden haber donaciones que no se informen al partido, por lo que “no hay seguridad de que esa contabilidad sea todo lo precisa que uno quiere”.

Desde la Corte destacaron que para las donaciones anónimas controlan que las rendiciones de los partidos políticos cumplan con lo establecido en la normativa.

Para las donaciones nominadas, ante la posibilidad que se asigne una donación bajo otro nombre, desde la Corte señalaron que no pueden “hacer problema porque tengo a un fulano de tal asociado a una cédula. Nosotros sabemos que existe ese ciudadano, no le controlamos a ese ciudadano si tiene la capacidad económica para hacer el aporte”.

“Por oficio, la Corte podría hacer una auditoría, lo que por la vía de los hechos se limita porque tendríamos que traer de otro lado, no tenemos ni personal idóneo para hacerlo”, afirmaron.

En tanto, Espinosa señaló que la Corte no está “en condiciones de hacer un control” en materia de las donaciones, por lo que “es una declaración voluntaria en cada partido para cumplir una relación medianamente formal y punto”.

“Si no puede (la Corte) profundizar en esa información, o la Junta de Transparencia y Ética Pública, va a ser muy poco confiable. Si sé que voy a presentar una declaración y que nadie me la va a chequear, puedo poner lo que quiero”, cuestionó Espinosa.

En tanto, en relación a los controles de la Senaclaft, destacó que cuando comenzaron a solicitar información sobre los partidos políticos, recibieron alguna “información genérica” pero llegaba “bastante desprolija”.

Asimismo, afirmó que plantearon un convenio de colaboración con la Corte Electoral, pero no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, la Corte sí comunicó su intención de brindarles información.

Por último, Espinosa señaló que no han tenido Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de partidos políticos, pero sí de personas políticamente expuestas.

Entre las falencias que se encuentra en la normativa que regula a los partidos políticos, según Espinosa está que no se reguló la información sobre los donantes ante la Senaclaft.
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?En este sentido, destacó que al no regularse, el control se hace “muy difícil porque después te ponen lo que quieren. Le dan el grado de detalle que cada partido entienda que corresponde y punto”.

Asimismo, desde la Corte Electoral afirmaron que la ley de Partidos Políticos establece los dos “grandes capítulos” mencionados anteriormente, el financiamiento permanente y el de las instancias electorales, siendo que “fuera de ese marco no hay nada más de control de partidos”.

En tanto, dijeron que “lo que falta es una nueva ley” y señalaron que está en discusión en el Parlamento, “desde hace un tiempo”.

Por su parte, en relación a la normativa de prevención de lavado establecida por la Senaclaft, Espinosa sostuvo que si se encuentra que esta “no se ajusta a la realidad”se tendría que “promover una actualización”.

“Es un decreto, en definitiva no es nada imposible de modificar”, afirmó.

Del mismo modo, sostuvo que “es un campo en el que te tenés que mover con mucha delicadeza, pero despacito”, buscando ser “igualitario” para todos los partidos políticos.

A su vez, dijo que “todo lo que salga del control del partido o responsable de finanzas, todo lo que sea en efectivo o en especies o servicios”, no corresponde a un buen registro. Sin embargo, opinó que tampoco cree “que los partidos tengan el incentivo como para ser muy estrictos con eso”.

Por su parte, desde Cabildo Abierto, que aún no era sujeto obligado en la campaña electoral de 2019, dijeron a El País que se verá “si hay una nueva legislación sobre financiamiento de los partidos políticos” y cuestionaron que se exijan determinados controles cuando el sistema financiero “no quiere abrir cuentas a los partidos políticos y a las PEP (personas políticamente expuestas)”.

“Eso es una contradicción del sistema, en que por un lado se exige una
debida diligencia y por otro no nos facilitan ingresar al sistema bancario”, afirmaron.

Desde el Partido Independiente, señalaron a El País que cuando “afronten” la próxima campaña electoral, van a “estar en condiciones de aplicar las cosas correctamente”, siendo que “antes lo hacíamos un poco a la uruguaya”, ya que no habían tenido “capacitación ni nada”.

La ley Integral Contra el Lavado de Activos que rige en la actualidad entró en vigencia a fines de 2017, por lo que especialistas han señalado su posible actualización a medida que se implemente.