Por Pía Mesa
La construcción fue uno de los pocos sectores de la economía uruguaya, cuya actividad casi no paró tras la irrupción del covid-19. Apuntalado por las obras para la segunda planta de celulosa de UPM y otras de infraestructura y de vivienda, fue el único sector que creció en 2020, en plena pandemia y sus trabajadores fueron de los pocos que no perdieron salario real. ¿Cuál es la realidad de la industria hoy? ¿A qué desafíos se enfrenta? ¿Cuáles son los proyectos de inversión que pueden mitigar el impacto negativo tras la finalización de las obras de UPM? Sobre esto y más habló en entrevista con El País el novel presidente de la Cámara de la Construcción (CCU) y actual vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem, Alejandro Ruibal.

— El año pasado la CCU alertaba por un riesgo de contracción económica para este año y 2024 ¿cómo evalúa hoy el panorama económico global?

—Es muy bravo hacer pronósticos porque el mundo nos ha traído sorpresas en los últimos años que han sido increíbles, desde guerras hasta pandemias. Me guío con los pronósticos de los economistas a quienes les tengo confianza. Se está hablando de que el mundo podría empezar a mejorar en 2024, pero tenemos claro que el 2023 ya está planteado como un año económico desafiante. En Uruguay ya vimos que las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) van a ser menores, nos tenemos que preparar para un escenario muy distinto que el de 2022. Y si a esto le agregamos la sequía, la cosa se complica más. Hay un escenario desafiante.

—En mayo del año pasado usted decía que hacer negocios en Uruguay estaba siendo difícil y que la ecuación de la rentabilidad de las empresas se había roto. ¿Cómo está esa ecuación hoy? 

—Era un momento muy difícil ese, había mucha incertidumbre en los costos y era muy difícil pasar precios (de los proyectos). Lo que hacemos los empresarios es tomar riesgos y medir y eso no se estaba pudiendo hacer. Hoy hay un poco más de certeza pero tenemos incertidumbres.

Foto: Leonardo Mainé

—¿Cómo cuáles?

—Por ejemplo, lo que va a pasar con el valor del dólar. La complicación más grande para hacer negocios en la industria de la construcción hoy, pasa por definir cuáles van a ser los proyectos y las inversiones que se van a concretar realmente. Hace un tiempo había inversiones que estaban cantadas, UPM era una realidad y había otras. Ahora tenemos que ver cuáles, de las que están anunciadas, son las inversiones que se van a terminar concretando. El desafío hoy no es tanto por las variables macroeconómicas sino por ese lado.

—¿Qué tan impactada está la industria por la baja que ha tenido el dólar?

—Las tasas de interés están altas, ese es un problema. La baja del dólar pega por varios lados pero le pega muy fuerte al sector de arquitectura que vende sus productos en dólares pero construye en pesos. Además, es muy difícil tener un seguro (de cobertura cambiaria), no tanto por el costo sino por cómo instrumentarlo. También pasa que las paramétricas de los contratos no recogen exactamente la evolución y la incidencia del dólar en la ecuación. El otro gran tema es que nos transformamos en un país caro en dólares, en algún momento algunos inversores extranjeros pueden decir: “bueno pará, voy a evaluar la inversión y ver si en términos de rentabilidad me sirve”. Uruguay sigue siendo un país que está atrayendo inversiones y gente, eso hay que cuidarlo.

—¿La CCU tiene una postura respecto a qué debería hacer el gobierno para mitigar los efectos negativos de la baja del dólar?

—Como cámara tenemos algunas opiniones y asesoramientos pero mi presidencia tiene muy pocos días y es un tema en el que tenemos que trabajar más. También somos conscientes de que no hay magia para hacer con el tipo de cambio, aunque hay algunas cosas que sí se podrían hacer.

—¿Cómo cuáles?

—Dar alguna señal con la tasa (de política monetaria) pero tampoco va a ser una magia lo que se pueda hacer ahí. Lo que sí quisiéramos es que el gobierno considerara fuertemente y midiera el impacto de tener un dólar en esta tendencia, sería una buena señal.

—¿Por qué?

—Que lo vayan midiendo y monitoreando, que se vaya sincerando. Para que realmente puedan consustanciarse con la realidad del sector. Que vean que no es que estamos llorando porque estamos perdiendo un poco de ganancias, no. Se pueden empezar a perder negocios de verdad y cuando eso pasa se pierden puestos de empleo que demoran mucho en recuperarse. Ya con considerarlo, analizarlo y mirarlo objetivamente es importante. Sabemos que no hay recetas mágicas, sobre todo si tenés un chorro de dólares enorme que entró en el último tiempo por exportaciones, UPM, la inversión extranjera en vivienda privada, más el turismo que ahora repuntó. De cualquier manera queremos que se mida eso, que se analice y que se consustancien con la realidad que tenemos.

—Este año va a estar marcado por el fin de la segunda planta de UPM. Teniendo en cuenta que es difícil tener un proyecto de esas dimensiones ¿qué dinamismo esperan en términos de inversiones?

— Esperamos que se ejecuten los proyectos que están en la órbita de la Comap (Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones). Esa es una herramienta que hay que proteger, es de las cosas buenas como lo que se hizo con la vivienda promovida, los resultados están a la vista y esas cosas hay que mantenerlas. Pero hay otras variables que empiezan a atentar contra ellas. Ojo, porque a pesar de las exoneraciones (que da la) Comap, capaz que algunos negocios se frenan porque nos transformamos caros en dólares o porque las tasas están altas. Ese es un riesgo. Y sí, cuando hay una inversión del tamaño y escala de UPM, es muy difícil sustituirla. Se puede amortiguar con inversión pública y con sumatorias de inversiones privadas en distintos rubros, pero no hay una pieza que calce en el puzle y que ocupe el lugar de UPM, eso lo sabemos. Por eso la inversión pública va a ser muy importante en este momento para amortiguar justamente la caída de la actividad provocada por UPM y sus proyectos asociados.

—El gobierno ha anunciado proyectos, algunos relacionados con obras viales, aeropuertos, asentamientos, agua potable ¿qué expectativas tiene?

—Todas son de distinta escala. El rubro vial tal vez es el que tiene mayor inversión en este momento y también mayor continuidad porque ya venían de contratos PPP firmados. Eso, más otras inversiones nuevas con los Cremaf, inversiones del Ministerio de Transporte y otras de la CVU (Corporación Vial) hacen que haya una actividad importante en vialidad que va a seguir. Está también el proyecto Arazatí o Neptuno, sobre todo después de esta sequía quedó clara su importancia. El proyecto de saneamiento para 61 localidades del interior del país es importante porque además es descentralizador, genera mucha actividad en el interior del país. También hay muchos proyectos de vivienda que ese Ministerio de Vivienda está lanzando. De concretarse todas esas actividades, sumado a las inversiones de empresas públicas, creemos que se va a amortiguar bastante la caída de la actividad de UPM, pero hay que darle ritmo a esas inversiones.

—Eso es algo que la CCU pide ya desde el año pasado, ¿qué tan importante es ese ritmo?

—Es que ese ritmo quiere decir que se fijen plazos. El empresario lo que necesita son reglas claras. Necesitamos saber que el gobierno va invertir en esos proyectos y cuándo. Y si nosotros tenemos que esperar unos meses más, esperamos, pero ya nos vamos planificando, vamos contratando recursos. Lo bravo es la incertidumbre, es que digan “en seis meses va a pasar esto” y resulta que pasó un año y medio. Eso es mortal. Precisamos reglas claras que nos digan cuándo van a pasar las cosas, la certidumbre es muy importante para el empresario porque vivimos tomando decisiones en función de esos escenarios. Eso es lo más relevante: fijar claramente los cronogramas de las inversiones.

—¿Esas reglas no están claras hoy?

—Las reglas en cuanto a las inversiones de las que hablé al principio están bastante claras, con anuncios fuertes inclusive a nivel de Presidencia de la República. Falta ponerle fecha nada más.

—¿Por qué falta eso? ¿Por vaivenes políticos?

—Sí, pero también es muy fácil en mi caso plantarme desde el sector privado y exigir fechas. Nosotros no tenemos que negociar ni articular políticamente. Ellos manejan una cantidad de variables que nosotros no. Pero no importa, nosotros lo tenemos que pedir y el gobierno tiene que hacer lo que pueda hacer, ese es el tradeoff que hay en esto.

—A finales de este mes se vence el convenio colectivo que habían firmado en plena pandemia. La construcción fue uno de los pocos sectores cuyos trabajadores no perdieron salario real ¿cuáles van a ser los lineamientos de la nueva negociación?

—Sí, la construcción fue también uno de los motores de la economía que prácticamente no paró durante la pandemia. Hoy los lineamientos no los tenemos fijados aún. Acabo de asumir y estamos empezando a conversar, no puedo adelantar mucho. Apenas empezamos una discusión preliminar interna en la cámara.

—¿Pero cuáles son las perspectivas?

—Lo único que puedo decir es que vamos a ir con el mismo espíritu de siempre. A tratar de buscar un acuerdo que proteja a los trabajadores, a la industria y que sobre todo no sea una traba para seguir invirtiendo en la construcción, que no nos transformemos en inviables.

—El Sindicato Único de la Construcción (Sunca) ya dijo que van a reclamar mayores salarios ¿lo ve viable?

—Y bueno, nos sentaremos y veremos si dan los números. También tenemos que ver cuáles son las pautas del gobierno.

—¿Cómo evalúa el vínculo con el Sunca?

—Hace muchos años que trato con el Sunca, es una relación de respeto que tenemos. Es una relación madura y espero que siga así, de mi lado va a seguir siendo así y la cámara va a seguir fomentando eso porque creo que es un activo muy importante que tenemos en la industria. Pese a que vamos a seguir discutiendo fuerte, tenemos una relación de respeto. En la construcción tenemos fondos sociales con el aporte de los obreros y de las empresas que son un ejemplo, realmente tenemos una trayectoria de construir cosas juntos.

—El empleo en la construcción está en niveles históricos, con más de 60.000 trabajadores cotizantes en el sistema de seguridad social. ¿Cuáles son las perspectivas para este año en términos de empleo?

—Si, estamos en aproximadamente 61.000 trabajadores. Es muchísimo eso. En 2020, el promedio era de unos 44.000 cotizantes, subió en 2021 a casi 50.000 en promedio y en 2022 a 57.000. Eso es muchísimo, es muy bueno pero está muy apuntalado por las obras de arquitectura que consumen mucha gente, por UPM, el Ferrocarril Central y en parte por las obras viales. Ese número va a caer un poquito ahora, algo va a bajar, porque estamos dentro de unos rangos de actividad muy buenos y muy difíciles de mantener. El desafío es tratar de amortiguar un poco la caída con las obras anunciadas que mencionaba y el tema está en el timing que esos proyectos terminen teniendo.

—¿Cuáles son los principales temas en los que buscará hacer foco como presidente de la CCU?

—Elegí tres grandes ejes en los que quiero poner énfasis. El primero es insistir con la importancia de la inversión en infraestructura. Se tiene que seguir invirtiendo, utilizar todos los mecanismos al alcance, sean proyectos de Participación Público Privada (PPP), Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf), concesiones, todos los tipos de asociaciones públicas y privadas que hay y que son muchísimas. Uruguay invierte en el orden del 3,2%, 3,3% del PIB en infraestructura, creo que se debería tratar de llegar un poco más arriba. Me refiero al gobierno central, las Intendencias y empresas públicas. Los países de Asia están arriba del 6%, 7% y 8% del PIB, América es de los peores de la clase, con el 2,9% del PIB. Hay espacio para tratar de invertir más en infraestructura porque apuntala la economía. Arriba de esa infraestructura se desarrolla más el país, puertos, carreteras, ferrocarril, energía, agua, pero también obras sociales, vivienda popular, todo eso mejora las condiciones de vida de la gente, no es solo la parte productiva.

—¿Cuál es la estrategia para insistir con esa importancia?

—Tenemos la idea de crear una agencia de infraestructura que ya la venimos promoviendo junto con el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic).

—¿Ya se lo plantearon oficialmente al gobierno?

—La hemos planteado públicamente sí y el ministro (de Transporte y Obras Públicas, José Luis) Falero recogió el guante. Se lo planteamos también a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y nos queda pendiente una reunión con la ministra de Economía (y Finanzas, Azucena Arbeleche). También vamos a presentarla a todo el espectro político, porque esto es un proyecto con mirada de largo plazo, es un instrumento de política de Estado. Ya nos reunimos con (Yamandú) Orsi, con Pablo Ferreri y con el exministro de Transporte, Víctor Rossi. La agencia implica tener un lugar en el que se estudien proyectos y se generen bancos de ideas de inversiones grandes, para que los gobiernos puedan elegir cuáles les interesa empujar.

—¿Qué respuesta han tenido?

—Hasta ahora muy buena, tanto por parte de Falero, como de la CND y de Delgado. Inclusive hemos tenido alguna guiñadita por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

—¿Cuándo esperan que se implemente?

—Nuestro objetivo es poder tener esto definido este año, quizás llegando a la Rendición de Cuentas. Voy a empujar mucho por esto porque estoy convencido de que es bueno. No me gusta perder el tiempo ni andar dando vueltas, las cosas buenas cuánto más rápido se hacen, mejor. Sería una herramienta muy útil porque ayuda a planificar mejor y eso es muy importante para usar bien los recursos del país. Lo otro importante es que la agencia permitiría destrabar algunas de las grandes obras que como uruguayos estamos 20 o 30 años discutiendo. No sería crear comisiones ni implicaría tampoco una gran burocracia.

Foto: Leonardo Mainé

—¿De qué institución dependería?

—Quiero ser muy respetuoso porque no le quiero marcar tanto la cancha a los que estamos tratando de dialogar. Pero entendemos que la CND podría ser un muy buen lugar. Y también entendemos que debería tener un representante o un delegado del sector privado, que participe y que esté ahí.

—¿Cuál es el segundo eje que busca impulsar?

—La defensa de los socios de la gremial, de las empresas constructoras. Defender a las empresas locales frente a las extranjeras que a veces compiten en desigualdad de condiciones con las uruguayas. Ojo, queremos que exista la competencia. De hecho, Uruguay es un país sano en eso. Tiene transparencia, un buen grado de competencia: es un mercado garantista y tenés a dónde recurrir si considerás que te trataron mal en una licitación, eso es muy importante.

—¿Cuál es esa desigualdad de condiciones?

—Con las empresas extranjeras que están instaladas acá, que tienen su sede, que invirtieron y que tienen sus empleados, no tengo ningún problema. Eso es normal en un mundo globalizado. El problema lo tenemos cuando son empresas que vienen y traen sus equipos en (régimen de) admisión temporaria y no pagan algunas tasas que nosotros sí pagamos al importar equipos. O traen personal que hay que ver en qué condiciones…Empresas que utilizan ventajas puntuales nos complican, o empresas que pertenecen a Estados, empresas públicas de otros países, ahí no tenemos cómo competir. También pasa con las empresas de la frontera, en particular las de Argentina que vienen a trabajar acá porque tienen una ventaja muy grande desde el punto de vista cambiario. Traen recursos de un lado y del otro y es una competencia que no es equitativa.

—Pero, en el caso de las argentinas ¿no responde a una situación coyuntural más que a una estructural?

—Sí, pero no importa, el daño es el mismo. Hasta que la coyuntura no cambie el daño lo tenemos. Ese tipo de cosas las vamos a estar siguiendo muy de cerca en la cámara y cada vez que veamos que estemos en desventaja lo vamos a plantear para que se tomen medidas. Tenemos que buscar la manera de defender la igualdad de condiciones. Las empresas nacionales que estamos acá hace muchísimos años tenemos una cantidad de empleados, pagamos impuestos y somos los que damos la cara cuando hay problemas en las obras. Eso se tiene que tomar en cuenta. Yo también trabajo afuera, en Paraguay, Perú, pero cuando voy ahí tengo que cumplir con absolutamente todo, como acá. Tengo 30 años en Saceem y más años en la industria y puedo nombrar montones de ejemplos de empresas que vinieron y dejaron las obras por la mitad: se fueron. Eso con las empresas locales no pasa, podrá pasar con alguna que quebró pero normalmente las empresas nacionales terminan los contratos. Con esas cosas hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo en un país chico como este.

—¿Cuál es el tercer eje de trabajo?

—Las buenas prácticas. Queremos una industria que vaya a más, que siga profesionalizándose e innovando. Dentro de ese eje veo tres aspectos clave: combatir el informalismo (laboral) en el sector, seguridad e higiene en las obras y mejoras en el impacto que tiene la construcción en el medio ambiente. Las empresas de la cámara somos todas formales pero no podemos aceptar subcontratar o tener proveedores que no sean 100% formales. En eso no vamos a transar y no le damos la derecha a nadie. El informalismo es el que genera mayor accidentabilidad en las obras, menos cobertura (social), competencia desleal y como empresarios tenemos que estar arriba de eso y podemos hacer cosas como extremar los controles.

—El precio del cemento es una de las variables que incide directamente en los costos de la construcción. ¿Cómo evalúan el mercado?

—Lo que ha pasado en el cemento son buenas noticias en cuanto a que se ha invertido mucho en el rubro. Eso ha provocado que haya más cantidad de cemento, de muy buena calidad y más actores. El mercado se transformó en competitivo y eso para nosotros es muy bueno. Sigue siendo más conveniente comprar cemento nacional que importado. Mejoró.

—¿Cómo evalúa la CCU el proceso de asociación con un privado que Ancap lleva adelante en el negocio del portland?

—Creemos que cualquier cosa que mejora la eficiencia de cualquier empresa pública, sin regalar el patrimonio y cumpliendo con la reglamentación, son cosas buenas. En definitiva eso redunda en beneficios para la sociedad. Vemos bien las asociaciones público privadas en cualquier ámbito. Los privados somos actores de la economía también, no somos el diablo, no es así, nosotros generamos empleo, inversiones, arriesgamos capital y patrimonio, formamos parte de la economía. Por eso, cuando se habla de la privatización de esto o de lo otro, saquémosle el cuco a la palabra privatización. Obviamente que a los privados hay que controlarlos pero el privado es parte de la economía y cumple un rol importante. La buena combinación de lo privado y lo público hace que se mejore mucho en eficiencia y en el mundo está demostrado.