EVENTO

Uruguay ha vivido una reducción de la pobreza, pero básicamente de la llamada “pobreza monetaria”, es decir aquella medida por el ingreso de las personas u hogares.

Pero si se consideran las variables cualitativas (es decir, la calidad de vida, el entorno, el acceso a servicios, etcétera), se concluye que las mejoras no son tan notorias. Es decir, puede haber más plata en el bolsillo, pero las condiciones de vida no cambiaron. Además, los estudios muestran que hay más personas en situación vulnerable en el país.

De hecho, se calcula que casi el 29% de la población está en vulnerabilidad, la mayoría mujeres jefas de hogar. Esto quiere decir que, con un simple empujón, podrían caer en la categoría de pobreza.

Por otra parte, en los últimos años la sociedad uruguaya sufre un fenómeno de fractura social y un aumento de la violencia urbana, en especial en la periferia. Los analistas hablan de una “nueva pobreza urbana”, generada por el desacople entre la mejora de los indicadores monetarios y la integración social, con fuerte sesgo territorial.

Se agrandaron las brechas sociales y se redujeron los espacios de los sectores intermedios. Esto significa que quienes estaban en situación menos favorecida tuvieron menos posibilidades de mejorar que quienes estaban en mejor situación.

En esa línea, las políticas públicas tendientes a disminuir la pobreza y mejorar al empleo deben ser actualizadas y basarse más en la realidad actual.

Estos conceptos fueron manejados en el conversatorio “Pobreza y empleo, ¿son efectivas nuestras políticas públicas para sacar a la gente de la pobreza?”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), que se realizó con la participación de representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y analistas.

Fernando Filgueira, sociólogo y jefe de la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfra) en Montevideo, comentó que los países nórdicos son los mejor situados en cuanto a indicadores de pobreza y empleo, y lo han logrado gracias a políticas sociales universales, tasas de actividad alta (especialmente de la mujer), y una producción de bienes públicos muy por encima de los bienes privados (de estatus).

“El crecimiento del mercado es clave para atacar la pobreza, pero no necesariamente es eficiente para atacar la desigualdad. Uruguay precisa crecer y también distribuir, las dos cosas”, agregó.

Como alternativas de solución, destacó el gasto social, la recomposición del consejo de salarios, políticas no solo para mejorar la formalidad sino la formalidad sostenible, sistemas adecuados de cuidados que “liberen” a la mujer para salir a trabajar.

Asimismo hizo referencia al sistema de seguridad social y sus oportunidades de mejora con la reforma, en la que -a su entender- deberían tocarse las jubilaciones más altas de una forma tal que redunde en una mayor equidad del sistema.

Martín Lema, ministro de la cartera de Desarrollo Social, destacó la importancia de ir más allá de las valoraciones cuantitativas de la pobreza para profundizar en lo cualitativo, como aumentar las redes de contención social y otras herramientas de apoyo (capacitación, orientación y demás) que ayuden a la gente a salir de la pobreza.

Como ejemplo, se citó que muchas veces las personas acceden a trabajos formales pero no lo pueden mantener, o desaprovechan oportunidades porque deben quedarse en el hogar con los hijos, entre otros casos.

Antonio Manzi, director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, señaló que en Montevideo un hogar de tres integrantes con ingresos totales líquidos de $ 43.000 es considerado pobre. En el interior urbano, $ 28.730; y en el interior rural, $ 19.000.

“Pero esta medición es limitante, hay que ver los factores multidimensionales de la pobreza”, agregó.

De ahí la importancia de las transferencias no contributivas, que toman más en cuenta los índices de carencias críticas (vivienda, entorno familiar, ambiente educativo, etcétera), así como los programas dirigidos sobre todo a la primera infancia y a la mujer.

Lema enumeró una serie de medidas que se adoptaron para determinados sectores últimamente, como el descuento del precio del supergas, la canasta de emergencia, el “plan equidad” (al que le eliminaron los mínimos), las bonificaciones del 90% de energía eléctrica, los bonos sociales, el iniciativa para que el sector privado cubra puestos vacantes con los “cupos Mides”, entre otras.

Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED y moderador del evento, lanzó disparadores que pusieron en evidencia que la reducción del desempleo no alcanza para salir de la pobreza, y que la nueva pobreza urbana requiere atención particular.

Leonardo Altman, investigador asociado del CED, se refirió a la necesidad de integrar un enfoque territorial en el abordaje de las políticas públicas. Y en el límite de la capacidad de integración de determinados sectores en este momento.