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El Poder Ejecutivo aprobó un decreto para la subasta de segmentos en la banda de 3,5 GHz, sobre la cual se podrá desplegar la red 5G, pero según uno de los operadores del sector, el precio base de la misma demuestra desconocimiento del mercado uruguayo y el atraso en convocarla (debió ser hace tres meses) le ha dado a Antel una “ventaja suprema”.

El decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), con fecha del 27 de diciembre, delega a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) la realización del Pliego de Bases y Condiciones que regirá la subasta de los segmentos 3.300-3.400 MHz y 3.600-3.800 MHz.

Sin embargo, a partir del interés manifestado por Antel en el bloque de 3.600 a 3.700 MHz, el decreto establece que se le asigne a la empresa pública y establece que abonará por el espectro de 100 MHz, espectro máximo a adquirir por participante, “el precio promedio de los lotes equivalentes adjudicados que surja del procedimiento”.

La Ursec deberá presentar al Ejecutivo el Pliego de Bases y Condiciones dentro de los próximos 30 días corridos, contados desde la publicación del decreto, para que el procedimiento competitivo se realice en el plazo tentativo de 30 días corridos desde la aprobación del pliego.

El decreto ya establece determinados criterios como que el plazo de concesión del derecho de uso de las frecuencias será de 25 años y que se recibirán ofertas por bloques de 100 MHz por un precio base de US$ 28 millones.

A su vez, el decreto agrega las obligaciones de despliegue mínimo de las estaciones de base en el territorio nacional: “en tecnología 4G o 5G, en cualquiera de las bandas de frecuencias radioeléctricas” de telefonía móvil las empresas deberán tener 70 estaciones en los primeros 12 meses, como mínimo dos en 10 departamentos (excluido Montevideo) en los primeros 24 meses y como mínimo dos en cada departamento en los 36 meses siguientes. La Ursec impondrá al asignatario una multa de US$ 10.000 por cada estación que falte respecto al cronograma.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez dijo ayer a El País que las obligaciones que establece el decreto para los operadores “son despliegues que tienen bastante lógica respecto a lo que estábamos previendo”.

Gurméndez afirmó que “Antel ya está preparada para el despliegue del 5G”, con la instalación que hizo de equipos, y lo que se solicita en el decreto es “razonable” y “posible”.

En tanto, la multinacional Claro salió al cruce del decreto, mientras que Movistar no quiso dar su opinión porque no tiene definida una posición.

El director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga López dijo a El País que les “sorprendió los términos que tiene” el decreto.

“No está claro lo que quiere hacer el gobierno con esto, porque nunca se habló con la industria de qué se quiere hacer. Hemos pedido reuniones en formas reiteradas para dialogar sobre el tema, cómo se puede instrumentar, cuál es el modelo, cuáles son las finalidades. ¿Qué querés hacer? ¿Recaudar o desarrollar las redes? ¿Se tiene en cuenta cuál es el ingreso del sector en Uruguay hoy con respecto a lo que tenía antes? No está claro, ni siquiera al leer el decreto, lo único que se dice de la idea de fundamento del gobierno es mejorar las comunicaciones, pero no dice cómo”, criticó.

Según Quiroga López, es una “picardía muy grande” que así se haya presentado el decreto, en donde “no se entiende esa negativa y ese oscurantismo para manejar este tema”.

A su vez, dijo que pareciera que se desconocen las características reales del mercado uruguayo, “porque si vos ves el precio que se está fijando (de US$ 28 millones), es seis veces más caro que Brasil, donde el mercado uruguayo no tiene ni la proyección de crecimiento que tiene el mercado brasileño”.

Señaló que “no se entiende cuales son los análisis” que se hicieron para que haya una diferencia entre precio sugerido por la Ursec para la subasta (US$ 22 millones) y el establecido en el decreto de US$ 28 millones. Es “una falta de criterio al decir los números”, cuestionó.

“Nosotros le hemos presentado al gobierno con anterioridad, que a flujos descontados, el precio del espectro de 100 MHz no debería exceder los US$ 8 millones, estos son US$ 20 millones más”, sostuvo.

Por otra parte, fue crítico con la obligación de tener un número de bases, ya que aún no está establecido cómo se va a poder hacer el despliegue de las mismas, debido a los requerimientos que se precisan.

“Nosotros se lo hemos planteado a las autoridades hace meses, que era un tema a resolver y cómo se va a hacer el despliegue de la fibra óptica en la ciudad de Montevideo, que hay que involucrar a la intendencia y a quienes administran el espacio público en los distintos lugares en los que se va a hacer el despliegue”, señaló.

En esta línea, ante la posibilidad de utilizar la infraestructura de Antel, afirmó que no le “usan” la infraestructura “a nadie”.

“Nosotros invertimos en nuestras redes y si alguien quiere hacer un intercambio de la infraestructura o alquiler de capacidad y son de mutuo interés, de forma voluntaria, estamos totalmente dispuestos y lo hacemos en múltiples países, pero no le usamos nada a nadie”, sostuvo.

En tanto, dijo que un dato no tan “conocido” es que los ingresos en dólares del sector, desde el 2018, han caído entre el 5% y el 10% anualmente. “¿Cuáles son los ingresos incrementales que te puede dar el despliegue de una red de 5G? Hay publicaciones de la experiencia global, cuánto es el arco incremental en Estados Unidos o a nivel de Occidente, y el promedio te da realmente muy bajo”, destacó.

Quiroga López subrayó la importancia de que “todos los operadores tengan igualdad de condiciones en acceder al mercado”. En este sentido, dijo que el retraso de la subasta -se esperaba que el decreto fuese publicado en septiembre- benefició a Antel con una “ventaja suprema”, ya que al asignarse con anterioridad un segmento, pudo traer la tecnología antes que sus competidores. Según el ejecutivo, cada segmento requiere tecnología específica, por lo que Antel aventajó entre seis y ocho meses al resto de los agentes, siendo “anticompetitivo”.

“Esto viola los acuerdos de inversiones, bajo los acuerdos internacionales que tiene Uruguay, que tiene que tratar por igual a todos los operadores. No puede ser que se aplique la norma del que parte y reparte se lleva la mejor parte”, afirmó.

Respecto a la decisión de reservar un espectro para Antel y que la estatal pague el precio promedio que surja de la puja en la subasta por el resto del espectro, Gurméndez dijo que “es un mecanismo conocido, ya se ha aplicado antes y ha resultado satisfactorio”.

El MIEM le dio a Antel la posibilidad “de optar por alguna de las bandas y elegimos la que nos pareció mejor para la empresa”, explicó su presidente.

Sobre los cuestionamientos a este mecanismo, Gurméndez aseguró que es “lo contrario” a lo que se critica. Este sistema lo que hace “es evitar que la unidad de caja entre el gobierno y Antel haga menos transparente la puja. Es un mecanismo que se ha utilizado desde 2001”, añadió.