Redacción El País
La noticia de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de Ducsa (empresa propiedad de Ancap), al entender que la tasa de inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo (IM) a la estatal es inconstitucional, cayó bien en el directorio de Ancap.

De hecho, el directorio se reunió ayer con los servicios técnicos y jurídicos internos, para analizar cómo pueden trasladar el impacto económico que hasta el momento tenía la tasa de inflamables en el precio de los combustibles -en el orden de los 20 a 25 centésimos por litro-, y aplicar una rebaja.

Según indicó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, el dinero que la estatal pagaba a la IM por la circulación de combustibles por la capital, significa “un impacto importante” en los precios de los combustibles que paga el consumidor final.

“Estamos evaluando con nuestros servicios jurídicos a ver de qué manera nosotros lo podemos aplicar cuanto antes”, señaló Stipanicic ayer. Esto, aclaró, “sin perjuicio de lo que disponga el Poder Ejecutivo después” y de lo que calcule la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

El objetivo es analizar la posibilidad de que Ancap y Ducsa “puedan impactar” en el precio final de los combustibles, “desde ahora, la rebaja de la tasa de inflamables”, señaló el presidente de la estatal.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el directorio de Ancap, la tasa de inflamables iba a representar este año unos US$ 12 millones.

En 2022 la estatal había pagado a la IM unos US$ 15 millones por concepto de esta tasa. El monto que paga año a año, Ancap a la IM varía, dado que la tasa es proporcional a la cantidad de litros de combustibles que las distribuidoras transportan por las calles de Montevideo.

El presidente de la estatal afirmó ayer que Ancap “ya está en condiciones de impactar en el precio de los combustibles”, dado que la tasa se dejó de pagar de forma automática, una vez conocido el fallo de la SCJ.

No obstante, Stipanicic explicó que aún se debe evaluar “la forma, el cuándo y el dónde” se puede aplicar, puesto que Ancap solo es propieta- ria de cuatro estaciones de servicio del sello Ducsa. “Es en esas únicas (estaciones) en las cuales tenemos certeza que podríamos rebajar el precio de los combustibles”, dijo el jerarca.

Por otra parte, Stipanicic informó que se reunirán con las autoridades de la IM “para ver de qué manera” se puede “compensar lo que se pagó de más en el pasado, si corresponde”.

Sobre este punto, el presidente de la estatal manifestó que si bien “las tasas que se pagaron ya se pagaron”, el fallo de la SCJ ahora “abre la puerta” para que Ancap pueda reclamar por el dinero que ya pagó en el pasado.

En este sentido, la estatal puede reclamar una retroactividad al mes de septiembre de 2021, año en el cual presentó la acción judicial, aunque también entienden que podrían reclamar retroactividad hasta cuatro años para atrás. En caso de que ocurriera lo segundo, esto implicaría que la IM deberá pagarle unos US$ 60 millones aproximadamente, a la estatal.