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Con poco tiempo por delante, gobierno, bancos y sindicato (AEBU) negocian para una reforma de la Caja Bancaria, que sigue siendo difícil, pero que tiene algunas ideas encaminadas, según supo El País.

Lo primero es saber cuál va a ser el déficit de la Caja Bancaria que hay que cubrir. Hace dos meses, la cifra que se manejaba era de US$ 670 millones hasta 2034. El lunes 31 de julio, en entrevista con El País, el CEO del banco HSBC, Constantino Gotsis, adelantó que el déficit sería mayor. “Un sistema de 40.000 personas genera un déficit de US$ 600 millones. Lo peor es que ahora me están diciendo que no son US$ 600 millones, podrían ser más que US$ 600 millones, que podrían ser hasta US$ 900 millones”, anticipó Gotsis.

Las partes esperan que el gobierno termine de afinar los números, pero ya se menciona que la cifra supera los US$ 1.000 millones de déficit hasta 2034.

La solución entonces, implicará que cada una de las partes (gobierno, bancos y trabajadores y jubilados) pongan algo para financiarlo.

¿Cuál es la solución que se encamina? El País accedió ayer a un audio que AEBU difundió entre sus afiliados y jubilados de Caja Bancaria con los detalles de la solución.

“El acuerdo no está, y si tuviera de acá a la fecha de la asamblea (ver aparte), no va a ser nada misterioso, ni nada distinto a lo que venimos informando”, explicó el sindicato a sus afiliados y a los jubilados bancarios.

“Es un acuerdo que va a implicar un desembolso importante de dinero por parte de las patronales para poder solventar el impacto inicial del déficit de caja que hay de acá a diciembre, y sobre todo a partir de diciembre”, informó AEBU. No está determinado cómo será el aporte de los bancos (principalmente) y otras empresas (aseguradoras, administradoras de crédito, transportadoras de valores, entre otras).

El sindicato ha insistido en aumentar la Prestación Complementaria Patronal que grava los activos que tienen bancos y otras instituciones financieras. Los bancos lo rechazan, porque ya tienen un aporte patronal de 25,25% (cuando el régimen general es 7,5%)

Lo que sí aparece como definido es que la edad de jubilación aumentará en una transición más rápida que la del régimen general, habían adelantado a El País fuentes oficiales meses atrás. Eso implica que de los actuales 60 años de edad mínima se pasará a 61 años en 2028. Luego se aumenta de a un año cada dos (a 62 años en 2030 y a 63 años en 2032) y luego de a un año cada cinco (a 64 años en 2037 y a 65 años en 2041).

También se reducirá (a partir de 2025) la tasa de reemplazo, el tope jubilatorio y el sueldo básico jubilatorio para aquellos que se jubilen con 60, 61 y 62 años.

Por otro lado, habrá un impuesto a los jubilados bancarios a una tasa única a definir pero que estaría entre 3% y 7% para jubilaciones superiores a $ 33.960. Esto es un “impuesto a los jubilados que asegure el mantenimiento de su poder de compra” y que se aplicará “a jubilados posteriores de 2008”, dice el audio de AEBU.

A su vez, la Caja Bancaria emitirá series de bonos de deuda (todavía no se definió cuántas) garantizadas por el Estado. Se estima que el monto total de esos bonos superará los US$ 300 millones.

El audio de AEBU a sus afiliados y jubilados bancarios planteó que “había una reunión importante de todos los bancos privados, entre ellos, porque, de alguna manera, los montos de dinero que tienen que desembolsar desde el vamos son bastante más importantes de lo que habíamos manejado al principio. Pero, bueno, seguro que tienen para hacerlo, no se está pidiendo algo que no puedan hacer”.

El País consultó ayer a la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Bárbara Mainzer respecto a lo señalado por AEBU.

Mainzer dijo que no puede comentar sobre las soluciones porque “se están ultimando los detalles”. No obstante, agregó que “los bancos privados se comprometieron desde el primer día en apoyar una solución y ese compromiso está firme”.

El “compromiso es que cada parte financia un tercio (aproximadamente) del déficit (de la Caja Bancaria)”, apuntó la directora ejecutiva de ABPU. Es decir, los bancos aportarán un tercio, trabajadores y jubilados (vía las medidas mencionadas) otro y el gobierno (con la garantía soberana a la deuda que emita la Caja) el restante.

Mainzer señaló que hay un “diálogo constructivo” entre las tres partes, aunque “la magnitud del déficit y la urgencia” de la situación que atraviesa la Caja Bancaria, “están dificultando enormemente la solución”.

En la entrevista con El País, Gotsis había señalado que “hay que tratar de encajar el cuadrado en un círculo, salir del atolladero. Pero, no hay una solución win-win (ganar-ganar) es una lose-lose (perder-perder), es lo menos malo, que es lo que podemos hacer dentro del problema que tenemos. No es virtuoso, ese es el problema”.

El tiempo que queda no es mucho, una reforma de la Caja Bancaria necesita de un proyecto de ley que debe estar aprobado por el Poder Legislativo antes de fin de octubre (luego de esa fecha no se pueden hacer modificaciones) y el propio instituto previsional debió recurrir a que los bancos públicos adelanten los pagos de aportes que realizan para poder seguir pagando las pasividades en fecha.