La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) remitió una denuncia hecha por Megal contra Acodike y Riogas, a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) -órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-, para que sea el organismo encargado de analizar la situación en el mercado del supergás.

El conflicto tiene enfrentados por un lado a Megal y por otro lado a Acodike y Riogas. A finales de enero, Megal denunció ante la Ursea que sus dos grandes competidores en el mercado tienen juntos 30,07% del capital accionario de su compañía. Afirman que esto impide su normal funcionamiento, ya que según los estatutos de Megal, para poder adoptar las resoluciones más significativas, se precisa una mayoría especial favorable del 75% del capital accionario.

Como informó El País el pasado 27 de enero, Megal denunció a sus competidores ante la Ursea por entender que violan los principios y reglas de la libre competencia en los mercados y pidió al regulador que elevara la denuncia ante la CPDC del MEF.

Según afirmó a El País, la directora y accionista principal de dicha Megal, Rossana Bucheli, “hace unos 15 días” recibieron la confirmación de que efectivamente la Ursea lo había remitido a la comisión.

“La Ursea hasta ahora estaba bastante quieta” con el conflicto entre los principales actores del mercado del supergás, indicó Bucheli, por lo que remarcó como positivo que el regulador pudiera elevar el tema a la comisión.

“Eso es bueno, y es mucho mejor que sea la Ursea la que se lo pida directamente a la comisión que nosotros. Ahora la denuncia la tienen los asesores de la comisión”, explicó la empresaria.

En el expediente completo de Ursea -al que accedió El País-, el regulador indicó: “Se estima que corresponde la remisión de estos obrados a la Comisión de Defensa de la Competencia, por ser facultad de dicho organismo el desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas” por la Ley de Defensa de la Competencia, “pudiendo actuar de oficio o por denuncia”.

La normativa de Competencia establece que cualquier persona puede realizar denuncias ante la Comisión, la cual “deberá abrir una investigación a efectos de constatar la comisión de las prácticas anticompetitivas denunciadas”.

Asimismo, todas las personas, sean físicas o jurídicas “tienen el deber de colaborar con la Comisión, pudiendo ser sancionadas por no proporcionar, a requerimiento de esta, toda la información que conociere y todo documento que tuviese en su poder”.

En la denuncia ante la Ursea -elaborada por el abogado Jean Jacques Bragard-, Megal informó que la participación de Acodike en el capital accionario de su empresa sería del 13,79%, a través de Gusfel Investment S.A., una entidad holding que “no posee una actividad real, sino que su único objeto es participar en otras sociedades”, en este caso en Megal, mediante la tenencia de acciones. En tanto, Riogas contaría con el 16,28% del capital accionario de Megal y lo haría a través de la sociedad holding Kimley S.A., según los reclamos de Megal.

En ese entonces, Bucheli había dicho a El País que “lo lógico” para su empresa, sería que sus principales competidores se desprendieran de sus acciones.

“Queremos la desinversión de Acodike y Riogas, estamos dispuestos a comprarles (la participación) si llegamos a un precio justo. Se lo hemos planteado y han dicho que no”, dijo.