Los malos saben lo que estamos haciendo”, dijo un experto regional e incentivó a ser disruptivos para prevenir el lavado de activos. Pero, ¿cómo serlo cuando uno de los procesos más importantes de la investigación contra este delito se basa en un “acto de fe”?

Ayer se llevó a cabo el Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 -que reúne a especialistas internacionales en prevención y combate al lavado y financiamiento del terrorismo-, organizado por BST Global Consulting.

En el mismo, participaron autoridades del sistema antilavado y expusieron sobre las debilidades de los procesos de prevención, las carencias en el intercambio de información, análisis de casos y el cambio de concepto -aún no logrado- de “sujeto obligado” a “sujeto colaborador”, quitándole la sensación de “infidelidad” al cliente.

El sistema antilavado relega gran parte de la prevención en los privados, basándose en la percepción de riesgo de ser utilizados por terceros para que se blanqueen activos a través de sus instituciones, para luego ser supervisados por los organismos competentes.

Dentro de las medidas de prevención antilavado de debida diligencia, se encuentra el análisis del origen de fondos y el conocimiento del beneficiario final -quién realmente es dueño del negocio-. Para este último, un gran enemigo a la hora de prevenir, es el testaferro.

Si está “bien hecho el testaferrato”, es “imposible” saber quién es el beneficiario final de una estructura societaria. Por esto, el abogado especializado en prevención de lavado, Francisco Olaso, afirmó que saber quién es realmente el beneficiario final termina siendo un “acto de fe”.

A pesar de estar un poco más “adelantados” que otros países de la región, por contar a nivel local con el Registro de beneficiarios finales del Banco Central (BCU), Olaso señaló que faltar a la verdad al emitir un documento entre privados, no tiene consecuencias penales. Si bien podría tener consecuencias civiles, por cuestiones de responsabilidad en caso de daños y perjuicios, solamente podría traer consecuencias penales si califica como estafa.

Es decir, si un banco solicita información de quiénes son los beneficiarios finales y se le brinda una respuesta falsa, la institución podría emitir un reporte de operación sospechosa (ROS) pero esto no generaría consecuencias penales por sí mismo.

A su vez, Olaso explicó a El País que, al momento de registrar los beneficiarios finales ante el BCU, al ser un documento público sí traería consecuencias penales, recaídas en el director de la asociación.

Sin embargo, este podría cubrirse con un documento entre privados -el director y el accionista que dice ser el beneficiario final, por ejemplo-, exceptuándolo de dolo ya que cuenta con esta afirmación. De este modo, el documento entre privados -sin consecuencias penales por contar con información falsa- cubriría el documento público de registro (que sí tendría consecuencias penales).

Por este motivo, destacó que la institución que debería hacer el análisis y control de los beneficiarios finales es la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU, en donde los privados emitan la información del beneficiario final declarado ante ellos y que el cruzamiento de la información lo realice el ente regulador.

De este modo, el avance se vería en la “coherencia” de las declaraciones hechas, a la UIAF y al banco -por ejemplo-, en donde al observar quiénes hacen las operaciones, el regulador podría desactivar el negocio o desestimar un eventual delito. No sería lo mismo que un negocio que podría tener un sobrecosto por el porte de la firma que está operando a un eventual caso de lavado de activos, que es lo que se está buscando combatir.

Por este motivo, Olaso afirmó que si bien “lo jurídico es fácil de probar”, lo “económico” no lo es.

No obstante, destacó que actualmente los sujetos obligados han mostrado una baja adhesión a consultar el registro del BCU.

Otro de los paneles trató sobre la baja efectividad regional y local en el combate al lavado.

El panel moderado por el socio de BST Global Consulting, Ricardo Sabella, se refirió al desempeño “bastante malo” de los países del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En esta línea, el asesor internacional -que desarrolló junto a la Senaclaft la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR)-, Alejandro Montesdeoca, explicó que el 10% de los países evaluados tienen un nivel “adecuado” o “aceptable” de supervisión, mientras que en cuanto a la aplicación de medidas preventivas solo los tiene el 5% y en resultados de persecución penal, solo un 10%.

Por esto, opinó que “seguramente la metodología debería ser revisada”.

En tanto, el otro expositor fue el primer secretario antilavado de Uruguay, Ricardo Gil Iribarne, quien señaló que en el lavado se le puede “echar la culpa” al otro, los países al Gafilat y el Gafilat a los países. Sin embargo, afirmó que si en Uruguay hay más de 8.000 imputaciones por delitos precedentes de lavado y solo seis condenas, “la culpa no es del Gafilat”.

En esta línea, sostuvo que se debe asumir que “hay un riesgo alto” de que “estén usando nuestro país para lavar dinero del crimen organizado y que no hemos logrado dar respuesta a ese nivel de riesgo”.

En tanto, ante los diversos asesinatos de los últimos días, que podrían vincularse con el narcotráfico, señaló que “el lavado es, en definitiva, la economía del delito y pegándole ahí vamos a tener mejores resultados que con un enfrentamiento a los tiros en la calle”.

No obstante, cuestionó la responsabilidad de los sujetos obligados en materia de prevención de lavado y la posibilidad de que el país entre en una lista internacional por falta de efectividad, siendo que “el principal sujeto obligado es el Estado” y sus resultados son “pésimos”.

Otro de los paneles del congreso trató sobre la cooperación público-privada, en la que los expositores intercambiaron sobre las fallas que se encuentran en el sistema de prevención y combate de lavado de activos.

Una de la panelistas fue la exdirectora nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda de Chile, Tamara Agnic, quien sostuvo que los “sistemas antilavado en el mundo no han sido de lo mejor”, por lo que es “imprescindible” la cooperación tanto entre el sector público y el privado, como también entre privados y entre públicos.

En tanto, si bien señaló que entre países se está “un poco mejor”, cuando se baja a nivel local, la poca colaboración entre agentes impide ver el objetivo final, que es “tener una economía sana, tranquila”.

El panel fue integrado por el titular y el gerente del Área de Control y Fiscalización de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak y Gustavo Misa respectivamente.

Chediak sostuvo que el sistema “está diseñado sobre la colaboración”, pero que hay defectos aún en esta y agregó que los organismos públicos tienen los objetivos según su profesión, pero que el combate al lavado es un “agregado”.

“La prevención de lavado no es el objetivo principal de casi nadie -solo de la UIAF y la Senaclaft-”, afirmó.

A su vez, sobre la cooperación público-privada destacó que el “objetivo común” es prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y “no tener mejores guarismos” de sanciones impuestas.

“Cuando decimos que bajó la percepción de riesgo, es la conciencia de que puedan ser usados para el lavado y no una conciencia de que venga la Senaclaft y me castigue”, señaló.

Por su parte, Misa dijo que en la Estrategia Nacional antilavado, en la que ya trabaja la Senaclaft, está dispuesto que se avance en la colaboración entre estos sectores.