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Las necesidades de asistencia legal se dieron en las ramas de Familia, Civil, Penal y Administrativo, según los datos registrados por la plataforma AbogadosUY.
En un año marcado por la pandemia del coronavirus, las necesidades de asistencia legal se dieron en las ramas de Familia, Civil, Penal y Administrativo, según los datos registrados por la plataforma AbogadosUY, una especie de Uber del Derecho, que conecta abogados con clientes.
Simón Gómez y Rafael García, cofundadores de AbogadosUY, explicaron en conversación con El País que “a partir de marzo, cuando empieza a impactar la pandemia en Uruguay, empezamos a notar ciertos cambios. Todo el lado laboral comienza a tener más presencia, por ejemplo las indemnizaciones, seguros de paro, desalojos, personas que no pueden pagar arrendamientos, reclamos de deuda por parte de las casas de créditos de los bancos. Es muy sensible nuestro modelo, al recibir datos podemos visualizar día a día qué mutación tiene el mercado, por el tipo de reclamo que se plantea. Lo vemos en vivo prácticamente”.
La plataforma AbogadosUy se define como “una plataforma que vincula a personas que precisan servicios jurídicos con abogados que estén dispuestos a prestárselos, AbogadosUy no presta servicios jurídicos sino simplemente pone en contacto a las partes”. Así funciona como una suerte de Uber del Derecho.
Los datos relevados corresponde al periodo transcurrido entre marzo y diciembre de 2020, donde recibieron 4.050 consultas, de las cuales 810 fueron las verificadas y llevadas a la plataforma.
“Empezamos a ver que, sobre todo en temas laborales, con la evolución del impacto en lo económico, empezaron a saltar diferentes puntas. De alguna forma se empezaba a predecir qué temas iban a venir. Un tipo que pierde el trabajo y está divorciado, seguramente empiece a incumplir el pago de manutención para sus hijos. Empezaron a aumentar las consultas por ese lado. Todos los temas contractuales, la gente empieza a incumplir porque está en seguro de paro, porque tiene sus ingresos restringidos. A lo largo de todo el proceso, se notó claramente la tendencia. Llegamos a saber cuáles eran los bancos que estaban haciendo acciones de ejecución con mayor frecuencia”, por ejemplo, explicó Gómez.
De los datos recabados por la plataforma, el 95% sobre el total de las consultas fueron locales, mientras que el 5% restante fue del exterior.
Las consultas realizadas fuera de frontera, se basaron principalmente por motivos de residencia (30% de estas), sucesiones, reclamos sobre bienes en Uruguay y tramites a realizar en el país para procesos judiciales o administrativos en el exterior (20% en cada caso).
Según García, algunos meses tomaron relevancia las consultas desde el exterior “cuando se cerraron las fronteras y cuando empezó el tema de las residencias, eran cinco o seis solicitudes todos los días, de argentinos principalmente”.
Por otro lado, las consultas nacionales se realizaron un 85% desde Montevideo y un 15% desde el interior del país.
Las mismas se destacaron por referirse a las ramas del Derecho de Familia, Civil Laboral, alcanzando un 20% cada una de las consultas. A su vez, las consultas en materia Penal alcanzaron un 15% y en materia de Derecho Administrativo un 10%.
De las consultas correspondientes al Derecho de Familia, tanto las relativas a divorcios como a las pensiones registraron un 30% de las consultas, cada una. Visitas, tenencias y guardas, registraron un 15%, mientras que las consultas realizadas en cuanto a Violencia Doméstica alcanzaron el 10% de las mismas, al igual que las sucesiones.
Por otra parte, en materia Civil las consultas por daños y perjuicios significaron un 30% del total de la materia, los accidentes de tránsito un 20%, al igual que los desalojos.
“Al principio los accidentes de tránsito no eran un gran problema, entre marzo y mayo. Cuando la vida empezó a volver a la normalidad, surgieron más casos de estos. Hubo un acompañamiento por ese lado”, explicó Gómez.
A su vez, en materia Laboral los despidos y liquidaciones finales representaron un 50% de las consultas, mientras que el asesoramiento sobre derechos laborales y liquidación de rubros salariales, indemnizatorios, entre otros, representaron 40% de las mismas.
“Hubo un cambio dado por el uso de la gente de los temas digitales. Una de las claves que nos propusimos, fue llegar a las personas que tienen necesidades de consultas legales y ven a los abogados muy lejos de su vida. Al principio teníamos un público muy marcado de gente que sabía que necesitaba un abogado pero no cómo llegar a uno. Con el COVID-19 comenzaron a consultar argentinos por la residencia, personas que tenían temas patrimoniales, eran personas que ante la imposibilidad migraron a la búsqueda digital. El COVID-19 amplió el espectro de personas que iban a buscar”, concluyó.