Vemos un edificio de 24 pisos y un apartamento de un millón de dólares y pensamos ‘este debe estar lavando’”, según el fiscal Antilavado, Enrique Rodríguez, sin embargo esa percepción no está generalizada en los segmentos que sí debería: el sector público y el sector privado.

Esto se evidenció en el lanzamiento del Capítulo Uruguay de la World Compliance Association (WCA), en donde se tocaron las problemáticas que vive el país en materia de lavado de activos y corrupción, que por baja percepción de riesgo o falta de interés en combatir estos delitos, aún “falta mucho por hacer”. En el evento participaron representantes de cámaras empresariales, autoridades y expertos locales e internacionales en la temática.

Para el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Fernando Pache, “por suerte” no está generalizada la percepción de que sucedan actos de corrupción en Uruguay.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy), Julio César Lestido, tras celebrar el lanzamiento del Capítulo Uruguay, señaló que el empresariado ve este tema “como de las grandes multinacionales”, pero que la prevención de lavado de activos cada vez cobra “más fuerza”.

En esta línea, dijo que se requieren estrategias entre el sector público y el privado; el trabajo en “un espacio de autenticidad, de confianza” en las organizaciones, ya que el activo más importante de una empresa es su capital humano; y controles “férreos” en esta materia.

Sin embargo, sostuvo que los controles no deben ser responsabilidad del sector privado (lo que es contrario al sistema actual de prevención de lavado en Uruguay y el mundo).

Esta baja percepción no solo se vio en los expositores del sector privado, sino que también se encontró en disertantes provenientes del sector público.

La novel presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Gabriela Di Longo, en su panel dijo que comparte que hay una doble visión sobre la corrupción en Uruguay. Por un lado, desde el exterior se tiene bien conceptuado al país en comparación con otros de la región, mientras que por otro lado el uruguayo “es muy crítico” y no “normaliza” este delito.

Di Longo, que previo a asumir este cargo el 6 de febrero se desempañaba como asesora jurídica en el Ministerio Salud Pública y que dijo que se encontró “con un grupo de temas nuevos pero muy apasionantes” para ella, destacó que “el uruguayo normaliza determinadas actitudes que no son éticas”.

A su vez, agregó que “hay algunos que entienden que la Jutep sirve pero que no puede cumplir con sus fines”.

Por ejemplo, dijo que dentro de la potestad del organismo está la retención del 50% del salario de aquellos funcionarios públicos obligados a presentar declaraciones juradas que no lo hicieron. Sin embargo, hubo casos en los que una vez notificado el ente público -que integra ese funcionario- que se le debe hacer la retención, este no la hace.

Para Di Longo hay tres puntos a “fortalecer” de la Jutep: los recursos humanos -señaló que tienen más tareas y menos personas desde la actualización de la ley Cristal, que, entre sus modificaciones, agregaba más obligados a presentar declaraciones juradas-, los recursos económicos -que se traducen en capacitación para quienes integran a la Jutep, pero que también se requieren para “capacitar al Estado, porque controla lo que es corrupción, lo que es ilegítimo, pero lo que es ético no lo tiene muy incorporado”- y la reglamentación de la ley Cristal.

Sin embargo, a pesar de estas visiones, uno de los hilos que permaneció a lo largo de los diferentes paneles fue uno de los grandes problemas que se presenta en el sistema de prevención de lavado de activos y anticorrupción en Uruguay: la baja percepción de riesgo de los mismos.

Uno de los especialistas que forma parte de la WCA en Uruguay, el consultor y extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, ya había dicho a El País, y lo mantuvo en el evento, que se tiene una “falsa imagen” de que el país está por fuera de esta problemática, debido a que en materia de transparencia internacional “nos da bastante bien”.

A esto, en el evento agregó que en Uruguay se tiene una percepción de riesgo que “no está apoyada en datos”.

Asimismo, otro de los oradores, el supervisor de Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, quien también ha sido crítico con la baja percepción de riesgo en materia de lavado, señaló que “queda por cambiar la matriz cultural del sistema no financiero (lo que integra a zonas francas, estudios de abogados y escribanos, inmobiliarias y organizaciones sin fines de lucro, como partidos políticos, sindicatos, cámaras empresariales, centros religiosos, equipos de fútbol, entre otros)”.

A su vez, otro de los problemas en prevención de lavado en Uruguay, que también ha señalado el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), es la baja cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sobre esto, Misa señaló que si bien es cierto que hay una baja cantidad, esta no mide el éxito del sistema antilavado.

Según explicó, son tres los puntos que miden el éxito del sistema antilavado: la prevención, la detección y la represión. De estos, dijo que los ROS solo miden los primeros dos.

Sin embargo, destacó que se debe entender por parte de los obligados a reportar operaciones sospechosas, que el reporte “no es una denuncia penal”, sino que es una alerta para actuar.