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El combate a la corrupción “ha sido sometido a continuas presiones a lo largo y ancho de América Latina". El foro Americas Society/ Council of the Americas y la consultora especializada en riesgos Control Risks elaboraron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que evalúa a todos los países de América Latina y que en Uruguay divulga el diario El País.

“Con las democracias y las instituciones fundamentales bajo presión en la región, el índice registró un descenso en la puntuación promedio de la región por primera vez desde 2020. Las puntuaciones cayeron, en diversos grados, en 10 de los 15 países estudiados”, evaluó el informe.

“La corrupción sigue siendo un reto de primer orden en toda América Latina, dado que casi el 70% de los participantes -importantes especialistas en anticorrupción- en la encuesta realizada por el Índice CCC coincidieron en que es una ‘de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país’”, afirmó el estudio.

“Sin embargo, en muchos países, otros retos como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil. El resultado final es un entorno anticorrupción que en muchos países está menos activo y movilizado que en años anteriores. En general, los retrocesos no han sido dramáticos en comparación con 2022, sino que reflejan una erosión continua que lleva años desarrollándose”, agregó.

¿Cuáles fueron los hallazgos del CCC? El primero es que “dos de los 15 países experimentaron descensos significativos en sus puntuaciones en 2023, y un país experimentó una mejora sustancial. Los otros países experimentaron cambios relativamente pequeños en las puntuaciones (hasta un 6%), aunque, con pocas excepciones, todas estas variaciones fueron negativas”.

Por su parte, “Panamá registró el mayor aumento proporcional en su puntuación general, impulsado principalmente por las mejoras en su capacidad legal. Panamá, la República Dominicana y Paraguay mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo”.

En tanto, “Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales. Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice por primera vez en 2019”.

El informe destacó que “Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del índice, aunque experimentó un segundo año consecutivo de retroceso. A pesar de retrocesos moderados, Costa Rica y Chile también conservaron la segunda y tercera posición”.

El país obtuvo un puntaje de 6,99 (en 2022 había sido 7,42, en 2021 había sido 7,80 y en 2020 7,78) y fue seguido por Costa Rica con 6,76 (en 2022 era 2° con 7,11) y Chile con 6,67 (en 2022 también era 3° con 6,88).

Más atrás vienen Perú con un puntaje de 5,53, República Dominicana (5,42) y Panamá (5,39).

Las dos principales economías de la región, Brasil y México, están en el 8° y 12° lugar con puntajes de 4,83 y 3,87 respectivamente.

Pese a que tuvo una caída del 6% en su puntuación global (uno de los que más perdió junto a Guatemala) y que disminuyó el puntaje en las tres categorías, Uruguay sigue liderando el índice.

“Aunque el país ha experimentado una ligera tendencia a la baja desde 2021, sigue superando el promedio regional en todas las variables”, indicó el reporte.

“Uruguay registró retrocesos en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público”, añadió.

Incluso, “algunos observadores consideran que la principal agencia anticorrupción del país, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), sigue careciendo de fondos suficientes, lo que puede socavar los esfuerzos anticorrupción en el futuro”, explicó el reporte.

El Americas Society/Council of the Americas y Control Risks remarcaron que “un escándalo de corrupción protagonizado por Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, llevó a algunos observadores a cuestionar la reputación de buena gobernanza de Uruguay”.

“Astesiano fue acusado de falsificar actas de nacimiento para expedir pasaportes uruguayos falsos a ciudadanos rusos y en febrero fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias y asociación para delinquir, entre otros delitos. Astesiano también fue investigado por presuntamente intentar vender software para rastrear a políticos de la oposición. Lacalle Pou negó tener conocimiento de los delitos cometidos por Astesiano”, recordó.

Según el informe, un tema “crítico a monitorear” es el proyecto de ley que se está debatiendo en el Parlamento que podría nombrar un órgano directivo de tres miembros al frente de la Fiscalía General. Este órgano incluiría al actual fiscal de Corte y a dos fiscales que serían nombrados por el Poder Ejecutivo, con la aprobación de tres quintas partes del Senado, si se aprueba.

“El debate sobre el proyecto de ley seguirá siendo polémico: la coalición gobernante respaldó la propuesta y la oposición se opone a ella por considerar que existe el riesgo de injerencias políticas”, afirmó.