Una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que trabaja en una hoja de ruta para fortalecer el marco fiscal en Uruguay, da como primeros resultados que valora positivamente la existencia de una regla fiscal en el país y la evolución favorables de sus métricas, y luego señala puntos de mejora. Entre ellos, que a Uruguay le falta determinar cuál es el “nivel óptimo o prudente de su deuda”. Una vez definido el nivel prudente de deuda, habría que establecerlo como ancla fiscal, señala el organismo.
Otro punto que destaca es que Uruguay puede mejorar la evaluación del PIB potencial, esto es, la estimación de la cantidad máxima de bienes y servicios finales que una economía puede producir operando a su máxima capacidad.
Estos asuntos fueron manejados en el foro “Fortaleciendo la institucionalidad fiscal” de las “XXXIX Jornadas de Economía del Banco Central de Uruguay (BCU)”, que se llevaron a cabo el pasado 25 y 26 de julio.
El moderador del foro fue Gerardo Licandro, gerente de Asesoría Económica del BCU y participaron Marcela Bensión, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); Ana Fostel, integrante del Consejo Fiscal Asesor (CFA); Oscar Valencia, especialista líder en la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Constancia Pérez, directora de Standard & Poor’s (S&P); y Hernann González, del Consejo Fiscal Autónomo de Chile, quien presentó el estudio de la consultoría del BID sobre Uruguay, aún en desarrollo.
Licandro consideró que está terminando el primer período de la regla fiscal y, por lo tanto, “tiene sentido revalorizar la nueva institucionalidad”, afirmó. La regla fiscal evita que sobre todo los países pequeños caigan en las peores situaciones de crisis financieras. “Crisis, como la del año 2002 y otras, no pueden repetirse por el enorme costo económico y social para el país”, apuntó.
Nivel de deuda
El BID recomendó que las metas de balance estructural de la deuda, se definan al inicio del período de gobierno y que éstas sean consistentes con el nivel prudente de deuda.
Asimismo, el organismo insta a Uruguay a acotar el uso de factores extraordinarios en el balance estructural, porque genera espacios de discrecionalidad. González reconoció que este país “algo hizo” en esa línea (al igual que Chile), “pero se puede hacer más”, afirmó.
Bensión -quien lideró la implementación de la regla fiscal creada en 2021-, defendió su gestión explicando que, cuando el MEF se propuso mejorar la cultura macrofiscal al inicio de la actual administración, el concepto de “deuda prudente” no estaba planteado, pero que igual avanzaron en la meta de “estabilizar la deuda”.
El CFA, en voz de Fostel, destacó que se está en el “timing político” para plantear propuestas (a un año de la Ley de Presupuesto). En esa línea, consideró que, a nivel operativo, es importante el ancla del nivel del “deuda prudente” que se defina, y que “existe capital humano nacional para desarrollar modelos de equilibrio y otros estudios para lograrlo”.
Valencia afirmó, por su parte, que en Uruguay existe un ambiente de institucionalidad al que debe estar más integrada la regla fiscal, para generar mayor consistencia a futuro.
Afirmó que las reglas fiscales deben ser simples, tener la capacidad de acomodarse a los shocks y estar alineadas a los niveles de deuda prudente, para cuidar la solvencia. Y lograrlo es un proceso constante.
En cuanto a las “cláusulas de escape” -a las que se recurre ante coyunturas no previstas como el covid-19 o sequías prolongadas- el BID evaluó que éstas existen en Uruguay, pero que debe haber mecanismos de retorno a la senda del cumplimiento fiscal.
Este punto fue observado también por el CFA antes de que, en la más reciente Rendición de Cuentas, el MEF anunciara que podría no cumplirla este año, debido a una “caída imprevista de los ingresos estructurales” y a “una mayor rigidez del gasto”, fundamentó.
Pérez, de su lado, explicó que “en S&P evaluamos, mas que el desvío fino de la regla fiscal, los compromisos de los países para cumplirlos”. S&P subió la calificación de Uruguay a BBB+ en abril.
PIB potencial
La asesoría del BID plantea que Uruguay debería evaluar mejor su PIB potencial, con ajustes en sus metodologías. El CFA también recomendó que las metodologías deben ser fortalecidas, lo que afinaría cálculos, sobre todo los del PIB potencial.
El BID apuntó que se debería evitar proyecciones optimistas del crecimiento del producto -como ha ocurrido- ya que éstas tienen incidencia en las expectativas del mercado, que son la base de negociaciones salariales y de precios.
Finalmente, recomendó que en las proyecciones macrofiscales se debe incluir otros escenarios de riesgos, garantías, juicios de Estado y otros indicadores, ya que no se ha hecho en forma completa en Uruguay.
Otras conclusiones
Datos sobre la regla fiscal en América Latina y Uruguay, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
En muchos países, incluyendo Uruguay, hay “pasivos escondidos” (judiciales o en las cuentas fiscales), que habría que internalizar en el andamiaje de política fiscal.
En la región, el análisis de riesgo fiscal pocas veces internaliza la estrategia fiscal.
Varios gobiernos tienden a ser optimistas en sus pronósticos de PIB y, cuando éstos no se cumplen, el efecto sobre los balances fiscales es fuerte y lleva a hacer ajustes en forma abrupta y complica otros procesos.
Existen ocho consejos fiscales asesores en la región. El BID los consideran “cruciales”. Sin embargo, deberían estar más enfocados en la evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, ya que cumplen también otras funciones.
Actualmente, la mitad de los países de la región tiene regla fiscal, muchos la suspendieron en la pandemia del covid-19, o mantienen dificultades para cumplirla.
Autonomía del Consejo Fiscal que asesora
El Consejo Fiscal Asesor (CFA) es un ente que ha funcionado con independencia, pero no lo es desde el punto de vista jurídico, por lo que existe un pedido explícito para que lo sea.
El BID señala que el CFA representa una mejora sustancial respecto a cómo se venía funcionando antes de la creación de esta figura.
El organismo internacional recomienda que el CFA sea remunerado y que se debería mejorar el sistema de designación de sus integrantes. “El CFA debe ser, legalmente, permanente y autónomo, con presupuesto. Debe poder hacer más cosas, pero sin recursos no se puede”, dijo Fostel, haciéndose eco de las recomendaciones del BID.
Asimismo, el organismo internacional recomendó que los especialistas que sean designados como integrantes del CFA se mantengan en sus cargos con los cambios de gobierno, para que haya continuidad en el ente. González agregó que “el CFA podría mostrar al Congreso (Parlamento) sus trabajos y conclusiones sobre el cumplimiento de la regla fiscal, hacer esto puede ser parte de la ley”.
A su entender, la presentación de las conclusiones en materia fiscal del CFA sería una forma de advertir sobre los riesgos que corre -o no- el país, y debería ser parte fundamental de sus funciones.
Asimismo, el BID propone que el acceso a la información para el CFA esté establecida legalmente como obligatoria por parte el MEF.
Si bien la comunicación ha fluido en este período de gobierno -así lo afirman el MEF y el CFA-, hay que pensar a futuro, más allá de coyunturas.
Según el BID, se debería exigir legalmente que el MEF le responda al CFA cuando da sus recomendaciones y que presente sus argumentos, en especial cuando no está de acuerdo.
En Chile, el nivel de “deuda prudente”, se definió gracias a las recomendaciones del CFA de ese país, dijo González. La “deuda prudente” es el 45% del PIB.
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